«Alertamos desde ya que Venezuela tomará las medidas políticas y diplomáticas pertinentes en el ámbito bilateral y multilateral frente a una eventual prolongación del mandato de este mecanismo injerencista». Con estas poco diplomáticas palabras. el embajador venezolano ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Héctor Constant, amenazó a los otros cuarenta y seis países del organismo con consecuencias en caso de que respaldaran la propuesta de extender por dos años más el mandato a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela. Sin embargo, la maniobra no funcionó.
Así, en la sesión n.º 43 del 51 período de sesiones del Consejo, celebrada el pasado 7 de octubre, fue aprobada con 19 votos a favor, 5 en contra y 23 abstenciones, la prórroga de la instancia conformada por la portuguesa Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá Valdez.
La decisión se tomó, pese a que ese mismo día Constant renovó las amenazas. El funcionario dijo que
«La imposición de mecanismos de monitoreo como la Misión de Verificación de Hechos (…) no contará jamás con el consentimiento de mi país y sin duda alguna entorpecerá las relaciones de cooperación y asistencia técnica con la Oficina del Alto Comisionado y puede incidir negativamente en los procesos de diálogo entre los principales actores políticos».
La petición de prolongarle el mandato al grupo investigador la realizó Paraguay, en nombre también de Brasil, Canadá, Chile, Ecuador y Guatemala.
Las causas siguen
Al momento de presentar la propuesta, el embajador paraguayo ante el Consejo, Marcelo Scappini, reconoció que las autoridades venezolanas «han dado algunos pasos para reforzar la vigencia del Estado de Derecho». Sin embargo, expresó su preocupación ante el hecho de no hayan «implementado la mayoría de las recomendaciones formuladas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos», y porque en el país «siguen ocurriendo graves violaciones a los derechos humanos», lo que «contrasta con sus obligaciones internacionales (…) y con su condición como miembro de este Consejo, que la compromete con los más altos estándares».
Tras recordar que la anterior cabeza de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, y la MDH en sus últimos informes han dejado claro que en el país continúan produciéndose ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y persecuciones contra activistas de derechos humanos, el diplomático sentenció que «las condiciones que impulsaron la creación de los mandatos de la oficina del Alto Comisionado (en Caracas) y de la Misión se mantienen». Por ello, pidió al resto de los países del Consejo de Derechos Humanos que votaran a favor de su iniciativa.
Scappini también argumentó que la oficina técnica del ACNUDH que opera en Caracas podría «conducir a la cooperación y reformas positivas», mientras que la MDH, con sus investigaciones, puede «contribuir a la rendición de cuentas».
«Los informes de la oficina, de la Misión y de otras agencias de la ONU presentados en los últimos dos años hablan por sí solos. Venezuela creemos debe seguir en la agenda de este Consejo», zanjó.
Los que estuvieron a favor
La Unión Europea (UE), de boca del representante de la República Checa, respaldó «sin ambages» la propuesta y aseguró que el bloque conformado por veintisiete países del viejo continente está muy preocupado por la situación del país.
Por su parte, la delegación de Japón admitió estar «ansiosa» por el agravamiento de la crisis económica, social, humanitaria y de derechos humanos, e instó al Gobierno a aplicar «inmediatamente» las recomendaciones que tanto la oficina del ACNUDH como la MDH le han realizado en sus últimos reportes. Por último, llamó a la reanudación del diálogo nacional entre las autoridades y la oposición para «restaurar la democracia y para que los venezolanos puedan disfrutar de sus derechos humanos prontamente».
La representante de EE. UU. tuvo problemas para exponer su apoyo, porque el embajador venezolano la interrumpió bruscamente por utilizar la palabra «régimen» para referirse al Ejecutivo Nacional.
La actitud de Constant le valió una reprimenda del presidente del Consejo, Federico Villegas. «Lo invito a que en la próxima ocasión utilice el tono calmo en su explicación y no la forma intempestiva en la que pidió el punto de orden, que no era necesario. Con solo levantar la pancarta le hubiera dado la palabra», le espetó.
Las razones de los que se opusieron
La primera delegación en oponerse a la resolución fue la boliviana, que justificó su postura así:
«El avance en materia de derechos humanos es más eficaz y sostenible cuando se llevan a cabo con el involucramiento del país interesado. No puede haber documentos equilibrados si no se toman en cuenta las preocupaciones del país concernido y en este sentido rechazamos la imposición de mandatos específicos contra países (…) que claramente no van en sintonía con el respeto de los principios de soberanía y no injerencia en los asuntos internos».
Fueron llamativas las abstenciones de Argentina y de México. «La renovación de la Misión en las actuales condiciones solamente contribuye a continuar un mecanismo que en la práctica y en el terreno no puede mejorar los derechos humanos del pueblo venezolano», afirmó el representante del Gobierno de Alberto Fernández, Oscar Laborde, quien puso en duda la veracidad de los informes del grupo porque no han podido visitar el país, una situación que se debe la negativa de Miraflores.
Por su parte, la representante del Gobierno mexicano, Francisca Méndez, dijo que su posición busca «mantener las negociaciones políticas para albergar los diálogos de paz entre el Gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria». Unas conversaciones que el propio Maduro interrumpió unilateralmente.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La decisión de la renovación de la MDH y del mandato de la Oficina del ACNUDH respecto del caso venezolano son buenas noticias, porque implican que las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos van a continuar y que las víctimas podrán seguir siendo escuchadas por instancias independientes e imparciales.
La manera como se tomó la decisión representa un triunfo para el movimiento de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, y expone hasta dónde están dispuestas las autoridades venezolanas con tal de que no se sepa la verdad de lo que ocurre en el país, pues no han dudado en amenazar a otros Estados para que no continúen las labores de tan importantes instancias de la ONU en Venezuela, cuyo mandato en cambio fue aprobado por dos años más.
