El acto de apertura del año judicial 2018 puso otra vez en evidencia que la balanza de la justicia está cada vez más inclinada a favorecer los intereses ideológicos del Gobierno nacional, con discursos marcados a fortalecer el proyecto de la llamada Gran Misión Justicia Socialista.
En sus palabras, el presidente de la República Nicolás Maduro hizo énfasis en que “Venezuela necesita que su Poder Judicial eleve el nivel de transformaciones para que sea un Poder Judicial que llegue a la parroquia, al municipio, a la comunidad, para que se desarrolle el concepto de justicia de paz junto al pueblo. Uno de los objetivos que yo me planteo en el Plan de la Patria 2019-2025 es consolidar la justicia de paz, la justicia comunitaria, es una de las primordiales tareas que yo quiero entregarle al presidente del Tribunal Supremo de Justicia”.
La declaración de Maduro es expresión fiel de cómo quiere el Jefe de Estado que sea administrada la justicia en el país durante 2018, sobre todo tratándose de un año electoral. Buena parte de su discurso, de hecho, estuvo dirigido a hacer exigencias al Poder Judicial, específicamente cuando inquirió ante el auditorio del máximo tribunal del país “mayor seguridad, estabilidad y tranquilidad frente a las amenazas criminales y terroristas contra el país, yo propongo la inmediata instalación de una mesa de trabajo por la seguridad, contra el terrorismo, contra el crimen y por la paz, por parte del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Constituyente, para adelantar las reformas legales necesarias que ajusten y perfeccionen el sistema de justicia”.
En otro contexto distinto al venezolano, la petición del primer mandatario nacional podría no tener una connotación negativa e incluso se enmarcaría dentro de lo que, por ejemplo, se ha hecho en Colombia en el campo de la justicia de paz desde el Poder Ejecutivo.
Pero en Venezuela no hay duda de que estas “directrices” dictadas por el primer mandatario nacional, lejos de promover fórmulas democráticas para el mejor funcionamiento e independencia del sistema judicial (artículo 254 de la Constitución), abogan más bien por reforzar una justicia ideologizada que sirva de instrumento a fin de favorecer, sin límites ni control, la consolidación de una forma de organización política comunal, expresamente reconocida en el Plan de la Patria y en un conjunto de textos legales conocidos como las “Leyes del Poder Popular”.
Al respecto, vale recordar que el año pasado el presidente de la República se otorgó a sí mismo la potestad de crear la Misión Justicia Socialista mediante decreto número 2.718 de fecha 7 de febrero, con el objetivo de desarrollar “una red primaria de atención jurídica gratuita e integral para las personas, colectivos y sectores sociales desde y en sus propias comunidades y comunas, orientada a hacer efectivo el derecho humano y constitucional de acceso a la justicia, profundizar el ejercicio del Poder Popular de las comunidades y movimientos sociales a través del parlamentarismo social” (artículo 2).
Acceso a la Justicia destaca que para alcanzar la consolidación de esa “justicia socialista” el Ejecutivo Nacional ha diseñado un conjunto de medidas a las que denomina Seis Ejes de Acción.
Resulta revelador lo que dice el eje número cinco, el cual está referido a la creación de algo que denomina “casas de justicia”, las cuales, según lo expresado por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, tienen por finalidad “agilizar los procesos de delitos menores” y, por consiguiente, están destinadas a “evitar la impunidad y hacinamiento en los centros policiales”. Asimismo, advirtió que estas “casas de justicia” contarán con un fiscal del Ministerio Público, un juez designado y un defensor público.
La creación de estas sedes o instalaciones judiciales es un enigma que arroja más sombras que luces, pues se desconoce qué son en realidad. ¿Cómo funcionarán? ¿Cómo serán seleccionados o designados los jueces que se desempeñarán en las “casas de justicia”? ¿A quién corresponderá la selección o designación de los jueces? ¿Son tribunales municipales o más bien forman parte de la inconstitucional “justicia de paz comunal”? ¿Las decisiones que emitan serán verdaderas sentencias? ¿Podrán ser apeladas? ¿Es una forma de justicia alternativa en los términos establecidos en los artículos 253 y 258 de la Carta venezolana? ¿Está garantizada la imparcialidad y la profesionalización de los jueces en los términos de la Constitución, o acaso los jueces deberán ser “abogados bolivarianos”? ¿La impunidad quedará erradicada definitivamente en el país con las “casas de justicia”? ¿Se tratará más bien de un medio de control social en cada comunidad para reprimir más de cerca las protestas?
Esta lista de inquietudes sólo reafirma la convicción de que estamos frente a un forma de administración de justicia ambigua por tener su origen en el decreto presidencial número 2.718, denunciado en su oportunidad por Acceso a la Justicia, que choca abiertamente contra el texto de la Constitución al plantearse más bien como un medio para ideologizar a la población.
Bajo tal premisa, las irregularidades que más destacan en torno a las “casas de justicia” son las siguientes:
1. Es una forma de justicia “paralela” que responde sólo a los lineamientos del Ejecutivo Nacional y, por ende, a su ideología: la del socialismo. En este sentido, es una demostración más de la interferencia del Gobierno en el Poder Judicial, lo que viola los principios de separación de poderes (artículo 136) y de independencia judicial (artículo 254) y, en consecuencia, vulnera el Estado de derecho y el régimen democrático (artículos 2 y 6) consagrados en la Constitución.
2. No queda claro cómo funcionarán las “casas de justicia”, sin embargo, sí se advierte la amplia discrecionalidad que tendría el Ejecutivo Nacional, a través de actos de inferior jerarquía a la Constitución y las leyes (actos administrativos), para conducir y subordinar estas instalaciones, incluso a los jueces, quebrantando la supremacía constitucional (artículo 7) y el principio de la legalidad (artículo 137).
3. Lo más grave es que las “casas de justicia” y los propios jueces que estarían a cargo de esas instalaciones serían una suerte de órganos y agentes políticos complacientes a los intereses del Gobierno nacional, sin ningún tipo de garantía ni respeto por los derechos humanos.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Sin duda, la creación de las llamadas “casas de justicia” genera un coctel de incertidumbre para los venezolanos, porque tal y como está planteada su implementación no se vislumbra que sean verdaderas instancias destinadas a defender y proteger los derechos de las personas, sino los del Gobierno.
Lamentablemente, este tipo de decisiones marcadas con un ostensible acento político, además de improvisadas, sólo sirven para afianzar la grave crisis institucional que padece el Poder Judicial del país que, como se sabe, ha dejado de prestar servicio al ciudadano para convertirse en el brazo ejecutor judicial de la dictadura de Nicolás Maduro.
