2024 es un año electoral en Venezuela. En algún momento de los próximos 10 meses deberán celebrarse comicios para elegir al presidente de la República de acuerdo con lo previsto en el artículo 230 de la Constitución. Sin embargo, recientes decisiones como las adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a finales de enero contra líderes opositores como la candidata de la plataforma unitaria, María Corina Machado, siembran dudas respecto a la voluntad de las autoridades para subsanar las fallas que aquejan al sistema electoral venezolano y que han provocado desconfianza en las últimas votaciones.
Las deficiencias del sistema electoral venezolano fueron debatidas el 6 de febrero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), durante la audiencia oral y pública relacionada con las irregularidades ocurridas en las presidenciales de 2013. La decisión que el juzgado continental emita en este caso puede constituir una hoja de ruta para que los comicios de este año no corran la misma suerte que los celebrados en el país a partir de 2017.
El proceso ante la Corte IDH se inició luego de que el dos veces candidato presidencial opositor, Henrique Capriles Radonski, acudiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la violación de sus derechos políticos y judiciales por la manera cómo el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el máximo juzgado respondieron a sus denuncias sobre las presuntas irregularidades ocurridas en los comicios celebrados a raíz del deceso de Hugo Chávez, en los cuales oficialmente ganó Nicolás Maduro con una pírrica ventaja de 1,49 % de los votos.
La CIDH le dio la razón al opositor y a finales de abril de 2022 el caso llegó a la Corte, pues el Estado venezolano violó sus derechos políticos, a la libertad de expresión y a un recurso idóneo y efectivo con las debidas garantías que prevén los artículos 23, 13, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sin la presunta víctima ni el presunto victimario
El acto se celebró en la sede del juzgado en San José (Costa Rica) sin la presencia de Capriles, quien estuvo representado por su abogado, Ramón José Medina, y sin representación del Estado venezolano; esto último a pesar de que las autoridades habían ofrecido la declaración de dos peritos y de cuatro testigos para refutar los señalamientos del opositor y probar que los comicios se celebraron en cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales, y que sus resultados fueron expresión de la «voluntad popular».
Los testigos ofrecidos eran Eglee Sofia Toro Navas, una electora que participó en los comicios denunciados; y el exfuncionario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Omar Roa Veliz, quien expondría sobre las medidas adoptadas para la celebración de esas elecciones y las respuestas dadas a las peticiones realizadas por Capriles.
Los peritos eran Carlos Alberto Álvarez, miembro de la Misión de Observación Electoral de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur); y Pedro Contreras, integrante de la organización Proyecto Social y observador nacional, quienes declararían sobre el desarrollo del proceso electoral.
El abogado Federico Fuenmayor, exmagistrado suplente del TSJ y colaborador de la expresidenta del organismo, Gladys Gutiérrez, expondría sobre la regulación de los procesos electorales en Venezuela. Por último, la abogada Intina Reina López Pérez, declararía sobre la procedencia y trámite del recurso contencioso electoral. Así figuraba en el auto dictado por la presidenta de la Corte, magistrada Nancy Hernández López, el pasado 5 de diciembre.
La ausencia del Estado fue lamentada por la CIDH. «La Comisión subraya que la participación activa de los Estados en estas audiencias permite que este tribunal realice un mejor escrutinio de los argumentos materia del proceso y que posibiliten a su vez un funcionamiento adecuado del sistema interamericano», afirmó el abogado Erick Acuña, en representación del organismo interamericano de protección de derechos humanos.
Una larga lista de irregularidades
La CIDH denunció en su exposición que a partir de los comicios de 2013 se ha producido un «serio deterioro de la situación político electoral en Venezuela», el cual ha quedado de manifiesto con «acciones de represalia contra la oposición política y la creación de obstáculos en el ejercicio de derechos políticos de la oposición, así como la falta de independencia del órgano electoral».
El organismo condenó el uso inadecuado de recursos públicos para apoyar la campaña del candidato del Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, quien era también el presidente encargado de Venezuela. Asimismo, evidenció
«la utilización de bienes públicos con fines proselitistas, la participación directa de funcionarios públicos en la campaña electoral, el manejo desproporcionado de los medios de comunicación oficiales en favor de dicho partido político, la presencia de militares con símbolos del partido oficialista en los centros electorales el día de la elección y la represión contra grupos opositores».
Para sustentar sus señalamientos, la CIDH citó los informes del Centro Carter y del Instituto de Altos Estudios Europeos.
En similares términos se pronunció el abogado de Capriles, Ramón José Medina, quien denunció que la cooptación de las instituciones por parte del Gobierno de Chávez impidió que se aplicara «la legislación venezolana y que el Estado de Derecho prácticamente no exista en el país».
Antes, el jurista recordó a los magistrados de la Corte IDH que los miembros del CNE, del TSJ o del Consejo Moral Republicano «han sido funcionarios del Gobierno y miembros activos del partido de Gobierno».
Poniendo las cosas en su sitio
La CIDH y la defensa de Capriles también coincidieron en sus peticiones a los magistrados. Esto señaló al respecto Erick Acuña:
«Este caso plantea aspectos de orden público interamericano y en particular permitirá a este tribunal profundizar en los estándares aplicables en el marco de contiendas electorales para garantizar el acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas (…) y el ejercicio de derechos políticos en condiciones de igualdad».
Por su parte, Medina solicitó a la Corte IDH «un señalamiento preciso de las faltas, fallas y evasiones de las disposiciones legales en los procesos electorales que ha sido consuetudinaria en las elecciones en Venezuela desde 1999».
Sin embargo, la pregunta del magistrado Humberto Sierra da motivos para preocuparse. «¿Qué esperan de la Corte?», inquirió el funcionario tanto a los representantes de la CIDH como al abogado de Capriles.
El juez manifestó dudas sobre si esperaban que el tribunal formule una serie de recomendaciones o si, por el contrario, creían que se estaba frente a un problema del diseño de la institucionalidad venezolana que escapa de la competencia del organismo.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Venezuela está cerca de unas elecciones presidenciales, y vistos los antecedentes de los últimos comicios, que no fueron reconocidos por prácticamente ningún país democrático en el mundo y abrieron las puertas al aislamiento internacional del Gobierno, el proceso en la Corte IDH abre las puertas para el debate sobre el funcionamiento del sistema electoral y de las instituciones en general.
Asimismo, esta es una oportunidad para que el juzgado con sede en San José de Costa Rica pueda presentar una serie de medidas administrativas, judiciales y legislativas que permitan avanzar hacia un proceso que reúna las condiciones mínimas de transparencia e igualdad necesarias.
Aunque las actuales autoridades probablemente ignoren dicha sentencia, estas sugerencias pueden ser útiles en el futuro como una guía para lograr elecciones libres, competitivas y transparentes.
