Ya ha transcurrido un año tras el inicio de la crisis de efectivo en el país, por lo que resulta oportuno revisar el caso del Consorcio Credicard —la empresa que maneja las transacciones con tarjetas de débito y crédito de veintidós bancos en el país—, puesto que ilustra la dinámica gubernamental y de administración de justicia bajo el régimen del presidente Nicolás Maduro.
En efecto, al no tener la capacidad para cumplir con sus obligaciones y asumir la responsabilidad correspondiente, el Ejecutivo ha convertido en una política de Estado el crear supuestos ataques o enemigos e identificar un chivo expiatorio para posteriormente iniciar investigaciones o juicios contrarios al debido proceso y a otros principios básicos de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, como establece nuestra Constitución en su artículo 2. Al mismo tiempo, ha hecho del procesamiento de civiles en tribunales militares una práctica común.
Esta manera de “resolver problemas” afectó a Credicard en dos ocasiones, con consecuencias muy graves para sus trabajadores y directivos.
La primera vez que la empresa entró en el foco del Gobierno fue en agosto de 2015 ante una falla de su plataforma tecnológica, al paralizarse el sistema de puntos de venta por más de tres horas.
Aunque nunca estuvo claro si el problema se debió a fallas del internet Aba de CANTV, el Ejecutivo consideró que se trató de un ataque cibernético, por lo que ordenó la detención del vicepresidente de control de Credicard, Harry Madden, y el de sistemas, Laurentzi Bilbao, así como del operador de sistemas, Juan Colmenares.
Los tres empleados antes mencionados fueron presentados luego ante el Tribunal 44 de Control de Caracas e imputados por sabotaje o daño a sistemas, infracción prevista en el artículo 7 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos, con pena de hasta de 10 años de cárcel. Madden y Bilbao estuvieron detenidos casi dos meses, ya que fueron liberados bajo fianza, mientras que Colmenares obtuvo una medida cautelar.
Los aparentes problemas con la plataforma de Credicard se repitieron el 2 de diciembre de 2016, pero en esta ocasión sí estuvo clara su responsabilidad, ya que ese día en horas de la tarde difundió un mensaje a través de su cuenta en Twitter, informando la imposibilidad de prestar el servicio de transacciones con puntos de venta. El sistema entró en crisis porque la escasez de efectivo —que aún persiste en el país— disparó el uso de los medios electrónicos, generando su colapso por un espacio de cuatro horas.
Al conocerse la falla, el presidente Maduro, lejos de considerar la crisis de acceso a papel moneda que sufría y sufre el país, ordenó en una alocución televisada que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) investigara al Consorcio por “sabotaje cibernético”, y “haber atentado contra la República y la paz social”.
La instrucción generó que el 6 de diciembre fueran apresados el presidente ejecutivo de Credicard, Víctor Gago; la vicepresidenta de operaciones, Geraldine Abreu; el vicepresidente de control y riesgo, Harry Madden; el especialista en almacenamiento y respaldo de redes, Clarión Suárez; el vicepresidente técnico de tecnología, Laurentzi Bilbao; y José Montañez, vicepresidente de infraestructura.
Durante el proceso, también se dio una de las situaciones irregulares que Acceso a la Justicia ha denunciado desde abril de este año a raíz de las protestas masivas: la aplicación de la justicia militar a civiles. Los seis trabajadores del consorcio fueron presentados ante el Tribunal Primero de Control Militar de Caracas, contrariando el principio constitucional que establece el derecho a tener un juez natural.
Durante la audiencia, los empleados fueron imputados con los delitos de traición a la patria (artículo 464.26 del Código Orgánico de Justicia Militar) y sabotaje o daño a sistemas (artículo 7 de la Ley Especial de Delitos Informáticos), decretándose medida judicial de detención.
Más recientemente, en el mes de agosto la presidenta de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, anunció que los casos penales seguidos a civiles en tribunales militares serían enviados a la justicia penal ordinaria. En este contexto, la Sala Penal, a cuenta gotas y con muy bajo perfil, ha ido realizando la migración de los casos, y entre ellos figura el de los seis trabajadores de Credicard, quienes aun así siguen presos a la espera del juicio.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
El penalista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni ha acuñado un término que contraría la definición del Estado de derecho, llamándolo Estado de policía. Explica que mientras en el primero se somete al ciudadano a la justicia y al derecho, en el segundo se le doblega al imperio de quien detenta el poder.
A la luz de estos conceptos, nos encontramos con que en Venezuela estamos sometidos a un Estado de policía, donde las personas son encarceladas por sus ideas, sus pensamientos o por contrariar al régimen, o como en el caso de Credicard, porque así lo decidió el Gobierno sin justificación legal, tratando de eludir sus obligaciones como Estado.
Más grave aún, el Estado de policía que impera en el país ha venido decidiendo según su conveniencia si los ciudadanos serán juzgados como militares o civiles, sin que importe que en el transitar los derechos más preciados, como la vida y la libertad, pasen a un segundo plano.
