Las poblaciones de mineros del sur de Venezuela son desde hace años zonas conflictivas donde el control del Estado es, cuando menos, escaso; sin que esto llame la atención de la opinión pública. En el caso de una de ellas, Tumeremo, esto cambió a inicios de marzo del 2016, cuando saltó a las primeras planas de los diarios y a los “trending topics” de las redes sociales con una lamentable noticia, el asesinato de 26 personas a sangre fría. En Acceso a la Justicia hicimos un recuento cronológico del hecho y un breve análisis de la actuación de los poderes públicos en el caso.
4 de marzo de 2016
Una banda delictiva encabezada por Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias “El Topo” y por Alexandro Lisandro González Montilla, alias “El Gordo Lisandro”, organizan una operación de asalto esa madrugada, acompañado de entre 30 y 40 integrantes con armas largas quienes emboscaron a alrededor de 26 víctimas en la ruta que conduce a la mina Atenas, ubicada a hora y media de la población de Tumeremo, les dan muerte con disparos en la cabeza, luego los trasladan en un camión a fosas alejadas y los entierran con retroexcavadoras.
6 de marzo
Un grupo de familias del municipio Sifontes del estado Bolívar denunciaron la desaparición de 27 de sus allegados que se dedicaban a la explotación de oro en la mina Atenas en Tumeremo. Tuvieron conocimiento del hecho cuando otros mineros les relataron que el viernes a las 6:00 am, se produjo un enfrentamiento por el posicionamiento de la mina entre las bandas del Topo y Caratica. Aseguraron que 27 de sus compañeros habrían sido asesinados. Los sobrevivientes lograron escapar del tiroteo por un matorral y dijeron que a las víctimas las habrían enterrado en otra mina conocida como Hoja de Lata, en la vía al basurero de Tumeremo, frontera con el Esequibo.
La denuncia de la supuesta masacre la hizo pública el diputado Américo de Grazia, quien se trasladó hasta el lugar de los hechos y habló con familiares y sobrevivientes de la presunta masacre, entre ellos J. J Cuello, director de la emisora Radio Bonche de Tumeremo cuyo hijo, Ángel Ignacio Trejo Sosa, estaba entre los desaparecidos.
Gobernador desmiente masacre en Tumeremo
El gobernador de la entidad, Francisco Rangel Gómez, desmintió el crimen. “La GNB realizó un rastreo durante el día y no hallaron cadáveres ni pruebas que pudieran determinar la muerte de 27 mineros. “La noticia que dieron los políticos de la derecha es para aterrorizar a la población”, aseguró.
Además informó que en los próximos días acudirán a la Fiscalía para exigir que se investigue al diputado Américo de Grazia y a Andrés Velásquez por haber difundido esa “información falsa”.
Se hace pública la lista de desaparecidos
Poco después de las declaraciones del gobernador, De Grazia publicó en su cuenta de Twitter los nombres de 17 de los desaparecidos, entre ellos los hermanos José Ruiz, Néstor Ruiz, Armando Ruiz, Marieli Ruiz, los hermanos Roger Romero, Gregorio Romero, José Romero, así como Ángel Trejo, José Nieves, las jóvenes Dalia Ruiz y su hermana; Jesús Aguinagalde, Jairo Rodríguez, Keiner Zambrano, Gustavo Guevara, Armando Rodríguez y Luis Díaz.
7 de marzo
El Ministerio Público comisionó a los fiscales 42º nacional y 5º del segundo circuito del Estado Bolívar, Merving Ortega y Marcos Hernández, respectivamente, para verificar los presuntos hechos en los que habrían muerto 28 mineros el viernes 4 de marzo, en la población de Tumeremo de la referida jurisdicción.
Los fiscales, junto con expertos de la Unidad Técnico Científica y de Investigaciones del Ministerio Público en el estado Bolívar y del Cicpc, comenzaron las primeras entrevistas a familiares de las presuntas víctimas, con el propósito de recabar la información necesaria para esclarecer lo ocurrido.
8 de marzo
El Ministerio Público aseguró que garantizaría el resguardo de identidad de las víctimas y familiares de los presuntos desaparecidos.
Además, el fiscal superior en esa entidad, Israel Pérez, informó que el Ministerio Público estaría presente para, además de investigar, hacer cumplir la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, cuya norma en su artículo 23, numeral primero, establece que se garantizará durante el proceso penal la identidad de la víctima y demás sujetos procesales “su domicilio, profesión y lugar de trabajo”.
La norma destaca, en su numeral segundo, “que no consten en las diligencias que se practiquen, su nombre, apellidos, domicilio, lugar de trabajo y profesión, ni cualquier otro dato que pudiera servir para la identificación de los mismos, para cuyo control podría adoptarse alguna clase de numeración, clave o mecanismo automatizado”.
Igualmente, el fiscal superior del estado Bolívar reiteró que el Ministerio Público solicitó medidas de protección para dos familiares de un presunto minero desaparecido, y no descartó la posibilidad del traslado de víctimas y familiares a otros estados o ciudades del país, en caso de ser necesario, tal como lo establece el artículo 26 de la referida ley.
9 de marzo
El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, adelantó que había pruebas que arrojaban la participación de dos ciudadanos colombianos en la desaparición de los 28 mineros ocurrida en la población de Tumeremo.
“Aquí lo que se revela es la participación delictiva y criminal de sujetos al margen de la ley, incluso algunos de nacionalidad colombiana, pero no voy a dar mayores detalles, porque precisarlos dañaría la investigación”, indicó.
Aseguró que funcionarios de la Fuerza Armada no están implicados en el suceso. Atribuyó la desaparición a bandas delictivas de la minería ilegal que operan en los municipios fronterizos.
“Una de las cosas que saludamos es que dicha zona se convierta en una zona especial militar, no solo para proteger una actividad económica que va a tener una orden legal para enfrentar con la Constitución a las bandas delictivas”, agregó.
Saab informó que dos testigos contribuyen en las averiguaciones de la Defensoría y una comisión mixta de funcionarios del Cicpc, Guardia Nacional y el Ejército.
“Entrevistamos a dos testigos que revelaron datos sobre hallazgos en el lugar de los sucesos, que señalaron que ocurrió cerca de la mina Atenas”, acotó.
11 de marzo
El Ministerio Público confirmó la identificación de 16 de los desaparecidos por los hechos denunciados en la mina Miamo, vía al fundo Atenas, en las adyacencias de Tumeremo. Zair Mundaray, director general de Actuación Procesal, informó en el programa En sintonía con el Ministerio Público, que se realizaron 21 entrevistas a familiares que permitieron clarificar la investigación sobre la matanza de mineros ocurrida el viernes 4 de marzo.
Los nombres de las personas que declararon no figuran en el expediente para resguardarlos ya que tienen una medida de protección. También se hizo una inspección técnica y se recolectaron evidencias. La Fiscal Luisa Ortega Díaz señaló que pronto se obtendrán resultados en las investigaciones. No precisó fecha. Especificó que la investigación durará todo el tiempo que sea necesario.
Se conoció además que la Fiscalía citó a las madres de los desaparecidos a fin de tomar muestras de ADN y compararlas con las evidencias recogidas el martes, entre ellas la moto de un desaparecido y un bate con el que presumen golpearon a las víctimas.
14 de marzo
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que fueron localizados los cuerpos de las personas desaparecidas desde el viernes 4 de marzo al salir de la mina El Miamo en Tumeremo.
16 de marzo
Se confirmó la información suministrada por el diputado Américo De Grazia al conocer que el Ministerio Público localizó el sitio donde se encuentran los restos de los mineros desaparecidos de Tumeremo, estado Bolívar, el pasado 4 de marzo. Él fue quien hizo públicas las primeras denuncias. “Esta es la punta del iceberg. Todas esas minas se han convertido en cementerios”, afirmó.
Fiscalía cataloga de “masacre” el caso de Tumeremo
La Fiscal General Luisa Ortega Díaz indicó que ayer al mediodía desenterraron 4 cadáveres cerca de Nuevo Callao, selva adentro, después de haber buscado en otros 2 sitios. No explicó cómo se encuentran los cuerpos: “Desconozco el estado en el que están. Hay que hacer la identificación plena”. Especificó que casi con seguridad puede adelantar que lo ocurrido involucra a 21 personas, 18 de las cuales están identificadas.
Ortega anunció además que libraron tres órdenes de captura. Hay una persona detenida: Rosa Zoraida Gil Salazar, de quien se presume es la lugarteniente de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias el Topo, acusado de ser el principal responsable de la desaparición de los mineros y quien, creen, está todavía en Venezuela.
A Rosa Gil le presentarán cargos hoy en Puerto Ordaz. Incautaron 11 vehículos, incluido el camión donde trasladaron los cuerpos. “Hicimos pruebas de luminol y recogimos muestras de sangre”. Adelantó que pedirá radicar el caso fuera del Estado Bolívar, quizás en Caracas.
La fiscal calificó el hecho de “masacre”, y no virtual, como había señalado en un principio el gobernador Francisco Rangel Gómez. “No puedo decir hasta ahora las causas que impulsaron esta masacre. Estamos determinando el móvil. Si hay circunstancias políticas saldrán en la investigación”.
Afirmó que quienes negaron los hechos se apresuraron. “Hay que dar siempre el beneficio de la duda”, aseguró.
Las pruebas de sangre servirán para individualizar e identificar cada resto. En las próximas horas los entregarían a sus familiares.
17 de marzo
La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, se trasladó a Tumeremo para ofrecer un informe de la masacre ocurrida en la bulla de El Miamo. Desde el Fuerte Tarabay indicó que ya se habían entregado a sus familiares 14 de los 17 cadáveres. Todos tenían heridas de bala, 16 de ellos en la cabeza y uno en el pecho. Aseguró que descartaban que hubiese más de 17 víctimas.
Los cuerpos estaban enterrados a 30 kilómetros de Tumeremo. “Todos tenían ropa y no estaban mutilados”, detalló. Se usó maquinaria pesada para enterrarlos. En Fuerte Tarabay se hicieron las autopsias. Se tomaron muestras dactilares y odontológicas para identificar los tres cuerpos que faltan por entregar.
Aseveró que no descartan la participación de funcionarios de los cuerpos de seguridad. Se tomarán el tiempo que sea necesario para aclarar el hecho. Dijo que no han autorizadobúsquedas ni excavaciones en la mina Hoja de Lata. Pidió a los medios de comunicación la mayor protección para los familiares.
Ortega Díaz informó, además, que el Ministerio Público había recibido la denuncia de otra persona desaparecida que ya estaban procesando. Anunció que invitará al diputado Américo De Grazia para que ofrezca su testimonio sobre los casos de los que tenga conocimiento en Bolívar.
El CICPC toma medidas internas
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, anunció que algunos efectivos serán relevados de sus funciones:
“A los familiares les di mi palabra y vengo a cumplir, con respecto a algunos funcionarios de acá, de la zona, que van a ser sometidos a una investigación interna”.
No descartó una posible investigación penal contra miembros del Cicpc, el Sebin e incluso contra militares por la matanza.
“Los familiares quieren justicia en todos los sentidos y de resultar algún miembro de algún organismo involucrado en el hecho, será sancionado igual que las personas que ya tenemos identificadas como autoras materiales”.
18 de Marzo
El Ministerio Público imputa ante el Tribunal 5º de Control de Puerto Ordaz a Francisco David Carache Zambrano, quien fue detenido por su presunta vinculación con la muerte de 17 personas, ocurrida el 04 de marzo en Tumeremo, municipio Sifontes del estado Bolívar, según nota de prensa del organismo.
El hombre, presunto lugarteniente de Jamilton Andrés Ulloa Suárez alías “El Topo”, fue detenido en horas de la tarde del viernes 18 de marzo en un hotel ubicado en la carretera nacional San Pedro de Lagunillas en el estado Zulia, en virtud de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por la referida instancia judicial.
En este sentido, los fiscales 42º nacional y 5º del estado Bolívar, Mervings Ortega y Marcos Hernández, respectivamente, imputarán al hombre los delitos de Homicidio Calificado por motivos fútiles e innobles, legitimación de Capitales y Asociación para delinquir.
21 de marzo
El Ministerio Público logró la privativa de libertad para Francisco David Carache Zambrano, por su responsabilidad en la muerte de 17 personas, hecho ocurrido el 04 de marzo en Tumeremo, municipio Sifontes del estado Bolívar.
En la audiencia de presentación, los fiscales 42º nacional y 5º del estado Bolívar, Mervings Ortega y Marcos Hernández, respectivamente, imputaron al hombre por ser el presunto coautor de los delitos de homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en perjuicio de las 17 víctimas, robo agravado, privación ilegítima de libertad y robo de vehículo automotor. De igual forma, Carache Zambrano fue imputado por presuntamente incurrir en legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Tras evaluar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, el Tribunal 5º de Control de Puerto Ordaz admitió la precalificación fiscal y dictó la medida privativa de libertad para Carache Zambrano, quien permanecerá recluido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, ubicada en Ciudad Guayana.
Carache Zambrano, quien se presume es uno de los lugartenientes de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, fue detenido el pasado 18 de marzo en un hotel situado en la carretera nacional San Pedro de Lagunillas, estado Zulia, en virtud de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por la referida instancia judicial.
Otros implicados
Cabe mencionar que por este caso hay seis personas privadas de libertad:
- Rosa Zoraida Gil Salazar, que fue imputada por presuntamente ser cómplice necesaria en el delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
- Luis Tomás Rivera Malavé, que estaría vinculado con el manejo de capitales del ecuatoriano Ulloa Suárez.
- Los primos Manuel Alejandro y Carlos Alonso Balaguera, imputados por legitimación de capitales y asociación para delinquir.
- Rodolfo Andredy Castrillón Castro y Publio Evelio Martínez Suárez, ambos de nacionalidad colombiana, por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Responsabilidad del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo en estos casos.
Efectivamente como lo señala nuestra Constitución en su artículo 285 numeral 3º, en concordancia con el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, le corresponde:
“Ordenar, dirigir y supervisar todo lo relacionado con la investigación y acción penal; practicar por sí mismo o por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, o por los órganos con competencia especial y de apoyo en materia de investigaciones penales, las actividades indagatorias para demostrar la perpetración de los actos punibles; hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y establecer la responsabilidad de los autores o las autoras y demás partícipes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con su perpetración.”(Art. 16, Num 3º, L.O.M.P).
En otras palabras, nuestra Constitución le ha asignado al Ministerio Público el monopolio de la acción penal, para ejercerla en nombre del Estado venezolano, en consecuencia, la ejerce de manera única y no compartida con ninguna otra institución del Estado.
El Defensor del Pueblo no tiene autoridad en materias penales
En primer lugar, debemos afirmar que la presencia del Defensor del Pueblo en la población de Tumeremo, deja ver una ignorancia acerca de sus competencias, las cuales nada tienen que ver con la comisión de hechos punibles realizados presuntamente por personas civiles ligadas a la minería.
Además, su presencia en los primeros días de producirse “los homicidios colectivos”, podría indicar que o tenía alguna sospecha de que funcionarios públicos estuvieran detrás de tales asesinatos, o estaba en el sitio del suceso para corroborar la falsedad de tales afirmaciones del diputado Américo De Grazia, y en consecuencia, una vez corroborado, que tal masacre no era verdad, entrar a exigir a la Fiscal General que tomara las acciones respectivas en contra del citado funcionario, tal como lo señala el numeral 4 del artículo 281, constitucional, ya comentado.
En todo caso, su presencia luce a lo menos, fuera de su competencia, por cuanto quien ha debido acudir al lugar desde el primer momento es algún Fiscal del Ministerio Público o en todo caso, la misma Fiscal General de la República. Ello explica, que las declaraciones que daba el Ministerio Público eran repetidas por el Defensor del Pueblo, sin poder hacer más nada al respecto, luciendo como un auxiliar que colabora con el Ministerio Público en la investigación de los hechos, lo que en la práctica no es así, porque no posee competencias en la investigación de los delitos ni en la acción penal que hay que llevar.
Al llevar a pulso de las informaciones arriba señaladas, donde después de un primer protagonismo del defensor del Pueblo, podemos advertir que una vez que se tiene la certeza de la comisión de un hecho punible, es la Fiscal General quien comisiona a dos Fiscales, quienes logran tomar el control de las investigaciones del caso y luego hacer los hallazgos y las detenciones ya reseñadas. De manera que, a pesar de que esta situación no ha sido del todo analizada.
Por otro lado, le corresponde a la Defensoría del Pueblo, de conformidad con el artículo 281 constitucional,”1. Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por esta constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República, investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento”. Entre otras competencias como es velar por el funcionamiento de los servicios públicos, interponer acciones judiciales sobre habeas corpus, habeas data. Así como instar al Fiscal General de la República para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos, responsables de la violación de los derechos humanos.
Y en cuanto al Ministerio Público, hay más dudas todavía, ciertamente se resolvió policialmente el caso, pero ¿Qué medidas se tomarán para resguardar el sitio del suceso?, ¿Qué nuevas investigaciones se están haciendo en relación con el comercio ilícito de la minería en la zona?, además, hay denuncias de otras masacres desde el año 2009 ¿Se están investigando?
