El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió unirse a las medidas de ahorro energético decretadas por el Presidente de la República suspendiendo sus actividades los días viernes (mediante Resolución N° 160407-044 del 7 de abril de 2016, publicada en la Gaceta Electoral Nº 804). Esta decisión afectará directamente los plazos de respuesta para cualquier solicitud introducida ante ese órgano. Esto es particularmente grave pues lesiona los derechos políticos de la ciudadanía.
Con esta decisión el órgano rector del Poder Electoral se apegó a la medida acordada por el Presidente de la República de modificar la jornada en la Administración pública para ahorrar electricidad, según Decreto N° 2.294 del 6 de abril de 2016 y publicado en la Gaceta Oficial N° 40.880 de la misma fecha.
Al respecto Acceso a la justicia, advierte que si bien el Presidente de la República había anunciado en los medios de comunicación social que la medida duraría 60 días contados a partir del 6 de abril, no se lee en el decreto presidencial publicado en la Gaceta Oficial que ese es el plazo en que durará la medida de ahorro eléctrico.
Por el contrario, indica el decreto que la medida estará vigente “hasta tanto cesen los efectos” del fenómeno climático, es decir que la reducción de la jornada laboral podría extenderse más allá de los 60 días, situación que podrá generar inseguridad en el país pues nadie sabe hasta cuándo durarán los efectos del fenómeno de ‘El Niño’.
A esta medida dictada por el Ejecutivo Nacional también se añade otra que es la reducción de la jornada laboral para los órganos del Poder Público desde las 7:30 am hasta la 1:00 pm., “hasta nueva orden verbal o escrita” (artículo 3°), establecida por el Presidente de la República mediante Decreto N° 2.241 del 18 de febrero de 2016, y publicado en la G.O. N° 40.855 del 24 de febrero de 2016.
A propósito de la medida de reducción de la jornada de trabajo aprobada por el CNE, es interesante resaltar, que la misma coincide con la solicitud de la organización política Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a través de la cual busca activar un referendo revocatorio presidencial y en este sentido, cabe preguntarse ¿si esta medida es un obstáculo más para el cumplimiento de los derechos políticos de los venezolanos?
Sin duda, la exclusión de los días viernes como laborables inexorablemente comprometerá la eficacia y eficiencia en la tramitación de los asuntos que cursan en el órgano electoral, en especial, la petición destinada a activar el referendo revocatorio contra el Presidente de la República.
El problema que se plantea es que de acuerdo con la regulación impuesta por el CNE mediante Resolución No. 070327-341, publicada en la Gaceta Electoral Nº 369 de 13 de abril de 2007, activar un referendo revocatorio requiere aproximadamente 228 días, es decir, casi 8 meses, como explica el profesor José Ignacio Hernández, lo que con la declaratoria de los viernes como días no laborales tomará mucho más tiempo.
Como lo advirtió Acceso a la justicia el referendo revocatorio es un procedimiento innecesariamente complejo que está sometido a trámites engorrosos, y que ahora se complicará aún más con el retraso que implica la reducción de la jornada laboral.
La situación antes descrita no es alentadora para los ciudadanos y aún más cuando queda en manos del gobierno la decisión de poner fin o no al recorte de la jornada de trabajo, sin que haya posibilidad de certeza al respecto en vista que los mecanismos jurídicos e institucionales para lograr que el gobierno preste los servicios públicos no están funcionando, al ser rechazada cualquier solicitud que se haga al respecto ante el Poder Judicial y éste más bien justifica su ilimitada actuación, entre otros, por virtud de la emergencia económica (La desintegración de la Constitución por la Sala Constitucional y El TSJ aprueba inconstitucionalmente la prórroga de la Emergencia Económica).
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
El Consejo Nacional Electoral amparándose en la medida para el ahorro eléctrico puede poner en peligro la democracia, valor fundamental en un Estado de Derecho, porque entraba el ejercicio de los mecanismos democráticos, previstos en la Constitución, para solucionar problemas políticos.
No cabe la menor duda que, frente a estas medidas, los ciudadanos son los principales perjudicados, pues las solicitudes que sean presentadas ante las instancias gubernamentales se verán retrasadas por la prolongación de los plazos, convirtiéndose en otra alcabala más para los venezolanos.
Con esto, el panorama de los derechos políticos venezolanos es cada día más turbio.
