Argumentos sobre lo hecho y lo que está pendiente, citas de artículos de tratados y de fallos de otros casos, cifras de investigaciones en marcha y testimonios de las víctimas. Todo esto y más se escuchó durante la audiencia que la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) celebró para decidir si acepta o no la petición del Estado venezolano para que se ponga fin a las pretensiones de la Fiscalía del mismo juzgado de investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
El acto, celebrado entre el 7 y 8 de octubre pasado en La Haya (Países Bajos), dio la impresión de ser el primer round de la larga batalla judicial que se podría avecinar, en el caso de que la instancia deseche la solicitud de las autoridades venezolanas.
La audiencia abordó los cinco puntos planteados por los representantes del Estado:
- La no identificación de los casos que investiga o los que pretende investigar la Fiscalía.
- El hecho de que esa instancia no haya aceptado todos los documentos en español aportados por el Gobierno y el Ministerio Público (MP).
- El hecho de que la Fiscalía sustente sus sospechas en documentos no oficiales.
- Los presuntos vicios relacionados con el contexto de los crímenes investigados.
- La exigencia de que se investiguen situaciones no previstas en el ordenamiento jurídico venezolano, como lo es el delito de persecución, uno de los crímenes de lesa humanidad establecido en el Estatuto de Roma.
La misma canción
Los representantes venezolanos apelaron al mismo guion al que recurren ante los organismos internacionales: la supuesta persecución de la que son objeto por parte de otros gobiernos, en particular el de Estados Unidos.
Esto afirmó al respecto el canciller Yván Gil:
«Venezuela ha denunciado reiteradamente que la remisión presentada por un grupo de Estados respondió a un claro objetivo político. Se pretendió utilizar la institucionalidad de la CPI para atacar políticamente a Venezuela sobre la base de una acusación de crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido».
Para sustentar su posición, el funcionario apeló a unas declaraciones que el saliente presidente de Argentina, Alberto Fernández, realizó en 2022 e hizo alusión al «elefante en la Sala», en relación a la supuesta politización de la Corte por la remisión de algunos Estados del caso Venezuela a la misma.
El funcionario declaró:
«Le pedí (al presidente de la Corte, el polaco Piotr Józef Hofmanski) que la Corte no sea utilizada políticamente (…) se lo pedí porque el Grupo de Lima había hecho una denuncia contra Venezuela en la CPI de la que Argentina se retiró (…) le pedí que tenga presente que (la denuncia contra Venezuela) fue parte de una maniobra ideada por (el expresidente estadounidense) Donald Trump».
Acto seguido, Gil aseguró que en Venezuela no se han producido crímenes de lesa humanidad, sino «un puñado» de «excesos por parte de agentes del Estado, que valorados objetivamente constituyen delitos contra los derechos humanos».
Asimismo, aseguró que «el Estado territorial es el mejor situado para garantizar la justicia. Esto se debe a que los investigadores y la policía nacionales tienen acceso directo a las pruebas y testigos».
Casos como el del estudiante Juan Pernalete, asesinado en 2017 por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana enviados a reprimir una manifestación en la capitalina urbanización de Altamira, pone en duda las palabras del funcionario gubernamental. Este caso permaneció casi 4 años totalmente paralizado y solo se reactivó cuando la Fiscalía de la CPI comenzó a estudiar el caso venezolano. No obstante, 6 años después de ocurrido el crimen todavía nadie ha sido condenado.
Primer gancho al hígado
Los abogados internacionales contratados por el Estado venezolano, entre los cuales figura el británico Ben Emmerson, quien fue corredactor de la ley británica de Derechos Humanos y relator de Naciones Unidas para Derechos Humanos y Terrorismo, aseguraron que en Venezuela no han ocurrido crímenes de lesa humanidad. Sobre todo, insistieron en que «no hubo ninguna política estatal» para perseguir, detener, torturar o matar a sus opositores y que los «excesos aislados» están siendo investigados.
Una visión que no comparten instancias internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (MIIDHV) o el panel de expertos y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Como ya viene siendo su costumbre, la Fiscalía de la CPI utilizó los argumentos esgrimidos por el Estado en su defensa como munición para atacarlo.
«Venezuela no pudo demostrar que estaba investigando los hechos, por el contrario, pretendió que los actos examinados eran aislados (y no crímenes de lesa humanidad) y a esa conclusión sólo se puede llegar luego de una investigación», señaló uno de los miembros del despacho dirigido por el también británico Karim Khan.
Por su parte, la Oficina de la Defensoría Pública de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés) sentenció: «Venezuela (según las víctimas) no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes contra sus familiares y sus amigos».
Jab a la mandíbula
Tras acusar a la Fiscalía de la CPI de ignorar las 25.000 páginas que las autoridades le remitieron y en las que, según ellas, se prueba que sí están investigando las violaciones a los derechos humanos perpetradas por policías y militares, los representantes del Estado acusaron a la Fiscalía de no informarles qué está investigando ni desde cuándo.
«La notificación no suministra información sobre los crímenes que pretende investigar», señaló el abogado británico en su declaración inicial.
La Fiscalía, por su parte, señaló que la resolución donde le notificó a Venezuela que iba a iniciar una investigación «no debía ser una lista de todos los casos», pues todavía no ha iniciado sus investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables, simplemente considera que hay motivos para iniciar este trabajo.
Asimismo, indicaron que las miles de páginas que las autoridades remitieron prueban que entendieron perfectamente el alcance temporal de las averiguaciones que desde La Haya desean llevar a cabo.
«La notificación de la investigación del Fiscal no debe identificar hechos específicos, fechas, lugares ni personas (…) requerir otra cosa sería empezar la casa por el tejado», remataron desde la Oficina de la Defensoría Pública de las Víctimas.
Contra las cuerdas por las contradicciones
La delegación venezolana también se quejó de que se le señalara de no investigar a fondo los crímenes y simplemente circunscribirlos a funcionarios de bajo nivel.
Emmerson afirmó:
«Se espera que altos funcionarios sean investigados (pero) la Fiscalía jamás ha identificado a ningún alto funcionario que sospeche esté involucrado en ninguno de los delitos que espera investigar. Mientras la investigación de la Fiscalía continúe a este nivel de generalidad es imposible que Venezuela pueda responder como se le requiere», afirmó Emmerson.
El abogado también aseguró que 18 jefes policiales, 39 inspectores, 9 detectives, 9 superiores, 2 jefes y 26 oficiales han sido procesados, mientras que en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo han sido 3 tenientes coroneles, 7 tenientes, 6 capitanes y 51 sargentos.
Sin embargo, a lo largo de la audiencia los abogados y el canciller ofrecieron cifras contradictorias, algo que podría terminar perjudicando su posición. Así, otro jurista de la delegación venezolana, el español Aitor Martínez Jiménez, aseveró que de 124 casos:
«113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posibles responsables a 166 funcionarios públicos (…); hay 3 en fase intermedia, es decir con una acusación formal; 3 en fase de juicio; y 5 condenas que se corresponden con 14 funcionarios».
No obstante, instantes antes Gil dijo que 255 agentes del Estado han sido imputados, 64 acusados y 62 han sido condenados por violar derechos humanos.
A la lona
La Fiscalía insistió en que considera que Venezuela no se encuentra en capacidad o ha mostrado interés real en investigar los hechos. Y como prueba señaló la demora «injustificable» en procesar casos ocurridos hace una década.
Sin embargo, el verdadero golpe lo propinó Paolina Massidda, jefa de la OPCV, quien aseveró: «Mientras hablamos, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad».
Tras afirmar que «las víctimas han sido sometidas a actos inimaginables de violencia, persecución y abusos contra los derechos humanos, sus familias han soportado tragedias inenarrables y tienen interés legítimo en que se responsabilice a quienes cometieron los delitos», Massidda aseveró que este colectivo aspira que se permita al fiscal Karim Khan proseguir con sus averiguaciones.
«La Corte es la única vía judicial disponible para las víctimas en su búsqueda de justicia, las víctimas miran a la Corte para encontrar consuelo, justicia y sanación», remató.
Ahora a esperar
A lo largo de las dos sesiones varios magistrados formularon preguntas a las partes y, al concluir, el presidente de la Sala, el magistrado Marc Perrin de Brichambaut, aseguró que emitirían su veredicto «lo más pronto posible».
Sin embargo, el juez no dio indicios de cuándo ocurriría esto y las normas de la CPI no establecen plazo alguno.
El fallo de la Sala podría ir en cuatro direcciones: puede confirmar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó a la Fiscalía a reanudar sus averiguaciones; puede revertirla (anularla), podría modificarla o enviaría el asunto a la Sala de Cuestiones Preliminares para que emita un nuevo pronunciamiento.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La audiencia de La Haya es un hecho sin precedentes por varios motivos. El primero es que podría ser un ensayo de lo que ocurriría en un futuro de permitirse a la Fiscalía continuar sus averiguaciones sobre el país y que ella acuse a algunas individualidades.
No obstante, más allá de que en el futuro algún funcionario o exfuncionario pueda terminar en el banquillo de los acusados, lo cierto es que lo ocurrido en la CPI es una lección para los venezolanos de lo que es una causa con el debido proceso y las garantías judiciales. Todas las partes tuvieron las mismas oportunidades para expresarse y exponer sus argumentos, y fueron escuchados por jueces que les formularon preguntas, pero no adelantaron ninguna posición.
No menos importante que lo anterior es que por primera vez las víctimas pudieron dirigirse libremente ante un juez sin temer a ser intimidados por el mismo.
Otro elemento fundamental es que todo aquel que tuvo interés en seguir el acto pudo hacerlo a través de Internet. Esto difiere mucho de las condiciones en las que se celebran los juicios en el país, en especial aquellos en los que el Gobierno tiene algún interés, pues pese a que la ley ordena que estos procesos sean públicos, por lo general se impide el acceso a los ciudadanos, activistas y a medios de comunicación.
Finalmente, debemos recalcar las palabras de Paolina Massidda en nombre de las víctimas, pues la comisión de crímenes de lesa humanidad no ha cesado, y, recordando las palabras del canciller, ese fue el verdadero elefante en la Sala. Y todos lo vimos.
