La Corte Penal Internacional ha rechazado la solicitud que el Gobierno de Nicolás Maduro le hiciera para que le ordenara al fiscal Karim Khan que paralizara sus averiguaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, hasta tanto decida si su inicio está ajustado a lo establecido en el Estatuto de Roma, esto, a pesar de que las autoridades les advirtieron a los magistrados que, de no hacerlo, habría «consecuencias irreversibles».
La decisión de la Sala de Apelaciones se dio a conocer el 20 de julio, cuando fue publicado un auto de siete páginas en el que la instancia comenzó a responder la acción que el Ejecutivo nacional interpuso contra la resolución de la Sala de Cuestiones Preliminares del 27 de junio pasado. El fallo de la Sala de Cuestiones Preliminares le dio luz verde al despacho dirigido por el jurista británico para iniciar las averiguaciones para esclarecer lo ocurrido en el país e identificar a sus responsables.
Presiones y amenazas
Las autoridades venezolanas amenazaron en su escrito de apelación con que habrá consecuencias irreparables si la Sala de Apelaciones decide a favor de continuar la investigación.
Por un lado, aseguraron que saldría afectado el memorando de entendimiento que Khan firmó con Maduro en el Palacio de Miraflores a finales de 2021. En segundo lugar, señalaron que permitir las pesquisas pondría en entredicho el propósito de su acción, la cual persigue que ni siquiera comience la investigación de la Fiscalía de la CPI porque consideran que no ocurrieron crímenes de lesa humanidad. Por último, afirmaron que las víctimas podrían ser «retraumatizadas» con las entrevistas e interrogatorios a las que serían sometidas por los funcionarios de La Haya.
Sobre el primer punto, la Sala de Apelaciones dictaminó que
«Venezuela no demuestra que exista el riesgo de consecuencias irreversibles para el memorando, especialmente a la luz del compromiso público del Fiscal de seguir comprometido con la cooperación en virtud del memorando en caso de que se reanudara la investigación».
Adicionalmente, el fiscal Khan, en su última visita a Caracas celebrada en junio pasado, prometió que seguiría «colaborando con las autoridades venezolanas y todas las demás partes interesadas para garantizar el pleno cumplimiento del Estatuto de Roma», y aunque reconoció que hay grandes diferencias con los funcionarios venezolanos sobre lo ocurrido en el país, dio por hecho que podrían «establecer un camino hacia una complementariedad significativa», como informó la oficina de prensa de la Fiscalía de la CPI en un comunicado.
Estas palabras dejan en claro la disposición del Fiscal de continuar la cooperación con el Estado venezolano, por lo que cualquier amenaza procederá más bien de sus interlocutores.
Rebatiendo una a una
Las autoridades nacionales tampoco lograron explicarle a la Sala cómo la investigación de Khan podría afectar su recurso, por lo que la misma acogió el criterio del jurista británico.
«El Fiscal también argumenta que, mientras la Sala de Apelaciones decide sobre el fondo de la apelación, Venezuela puede continuar con sus investigaciones y procedimientos internos, independientemente de la investigación en curso de la Fiscalía. El Fiscal sostiene que, incluso si la Sala de Apelaciones finalmente decidiera que la Corte carece de jurisdicción en la presente situación, se suspendería cualquier investigación pertinente por parte del Fiscal».
Esto argumentó la instancia integrada por los magistrados Marc Perrin de Brichambaut, Piotr Hofmański, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Solomy Balungi Bossa y Gocha Lordkipanidze.
Por último, sobre el alegato de que las averiguaciones podrían volver a traumatizar innecesariamente a las víctimas, la Sala calificó esta afirmación como pura especulación e insistió que las autoridades venezolanas «no lograron demostrar que la reanudación de la investigación de la Fiscalía daría lugar a consecuencias que “serían muy difíciles corregir y que pueden ser irreversibles”».
Sobre este punto vale la pena recordar que 8.900 venezolanos atendieron el llamado que hiciera la CPI y entre finales de 2022 y principios de 2023 no solo le expusieron sus casos, sino que casi en su totalidad solicitaron que fuera el despacho de Khan el que se encargue de determinar lo ocurrido y que identifique y busque sancionar a los responsables, pues consideran que la justicia interna es incapaz de hacerlo por estar cooptada por el Gobierno.
La batalla sigue
La decisión supone una nueva derrota para el Ejecutivo nacional. No obstante, las posibilidades de que este desista de su estrategia obstruccionista son mínimas. Al menos esto es lo que se desprende de los comunicados y declaraciones realizadas por funcionarios como el canciller Yván Gil, quien al anunciar la apelación advirtió que continuarán «haciendo uso de todas las acciones disponibles en el Derecho Internacional para defender la verdad y asegurar los derechos de la Nación, contra esta ofensiva que abiertamente utiliza la institucionalidad de la CPI con fines políticos».
Llama la atención que el mismo Gobierno que acusa a la CPI de ser utilizada con fines políticos es el que en 2020 interpuso ante ese mismo tribunal el caso de las sanciones dictadas por el Gobierno de Estados Unidos, también conocido como caso Venezuela II, lo que demuestra una incongruencia difícilmente sostenible.
Una prueba de que la estrategia dilatoria del Estado venezolano continuará es que el pasado 7 de julio sus autoridades solicitaron a la Sala de Apelaciones que les diera 20 días adicionales para consignar su recurso.
Al respecto, el 12 de julio, la instancia consideró que la petición de Caracas tenía «motivos justificados» y, por ello, le dio al Estado hasta el próximo 14 de agosto para presentar su apelación.
En este sentido, la Sala expuso lo siguiente:
«Venezuela argumenta que las siguientes circunstancias establecen una buena causa para otorgar la prórroga solicitada: (i) se prevén retrasos considerables de las traducciones requeridas de la decisión (de la Sala de Cuestiones Preliminares) y de los documentos pertinentes relacionados, así como sus propias observaciones; y (ii) la práctica de la Corte de suspender los plazos durante el receso judicial para tener en cuenta los desafíos logísticos. Venezuela agrega que la presente solicitud no redundaría en perjuicio alguno para la Fiscalía, y que la prórroga solicitada es en interés de la justicia».
Esta solicitud confirma el patrón que desde el inicio del proceso ante la CPI ha utilizado el Estado venezolano, que no es otro que el de demorar la investigación por todos los medios posibles, a pesar de tener la obligación, como país miembro del Estatuto de Roma, de colaborar para la consecución de sus fines.
Así, es fácil apreciar cómo en todos los casos en los que el Estado ha podido interferir u obstruir el avance del caso ante la CPI lo ha hecho. Basta recordar cuando la exfiscal Fatou Bensouda anunció en junio de 2020 que había concluido el examen preliminar y estaba lista para decidir si se pasaba o no a la fase de investigación y el Gobierno interpuso un recurso, que, aunque manifiestamente infundado, le impidió a la funcionaria pronunciarse al respecto, antes de entregar su cargo. Esto a su vez condujo a que tal decisión quedara en manos de Karim Khan, quien la tomó en noviembre de 2021. Es decir, esto retrasó el inicio de la investigación más de un año.
Otra victoria para las víctimas
El 21 de julio, un día después de que la Sala de Apelaciones rechazase la petición venezolana, admitió la presentada por la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés), instancia que pidió participar en el proceso de apelación que iniciaron las autoridades de Caracas.
Esto justificó la OPCV al presentar su solicitud:
«Una revocación de la decisión (de la Sala de Cuestiones Preliminares) puede de hecho dar lugar a la detención de la investigación del Fiscal, poniendo así en peligro los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación».
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La conducta desplegada por las autoridades nacionales recuerda al refrán que reza «quien mucho amenaza, el miedo tiene en casa», que deja en claro que quien algo debe le teme a cualquier tipo de escrutinio.
Sin embargo, las amenazas o advertencias que los funcionarios venezolanos lanzaron a la Sala de Apelaciones no rindieron los resultados esperados. Pese a la derrota, no hay motivos para esperar que cambien su conducta, la cual incluso desde antes de que la Fiscalía de la CPI anunciara que tenía motivos fundados para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad ha estado dirigida a obstaculizar cualquier intervención de la justicia internacional.
Hoy por hoy, quienes detentan el poder en Venezuela no han mostrado hasta ahora voluntad genuina para esclarecer los hechos, reparar a las víctimas, castigar a los responsables y, sobre todo, tomar medidas para evitar que este tipo de violaciones a los derechos humanos se repitan. De hecho, las autoridades venezolanas sostienen la tesis de que en el país nunca han ocurrido los crímenes de lesa humanidad de los que la Fiscalía de la CPI tiene sospechas fundadas. Para el Gobierno, las víctimas de la represión estatal por las olas de protestas antigubernamentales registradas desde 2014 en el país han sido producto de desviaciones individuales y no forman parte de un patrón o plan preconcebido.
Frente a esta dura realidad, nuestro llamado es sobre todo a los verdaderos héroes de esta tragedia, las víctimas, quienes nunca han cesado en sus esfuerzos por lograr a justicia. Aunque el camino que queda es largo, la verdad siempre se impone.
