Mientras el país y buena parte del mundo tienen sus ojos puestos en los obstáculos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha puesto para aceptar algunas candidaturas opositoras, otra fase del cronograma para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio se desarrolla con no pocos problemas. Se trata del proceso de inscripción y actualización del registro electoral (RE).
Desde el 18 de marzo, los venezolanos que han cumplido la mayoría de edad o están por cumplirla antes de la fecha prevista para los comicios pueden registrarse en el padrón, mientras que aquellos que ya figuran en él pueden solicitar su cambio de centro de votación.
Sin embargo, en esta fase crucial se han registrado al menos cuatro fallas que amenazan no solo con afectar el derecho constitucional de millones de venezolanos a elegir, sino también la transparencia y confiabilidad de los comicios.
1. Entre la desinformación y los bandazos
El CNE informó que a partir del 18 de marzo y hasta el próximo 16 de abril realizará la «jornada especial de inscripción y actualización del Registro Electoral»; y para ello activó 315 puntos donde se recibirán «las solicitudes de inscripción y actualización de datos de la ciudadanía convocada a participar en los próximos comicios». Así lo informó el árbitro electoral en un comunicado de prensa.
La ubicación de los puntos fue revelada por el organismo comicial el mismo día que se inició el proceso, una improvisación que generó zozobra e impidió desde el inicio aprovechar al máximo el escaso tiempo para incorporar nuevos votantes.
Por si fuera poco, organizaciones como Voto Joven denunciaron que al menos 21 de estos centros han sido trasladados en los últimos días a otras zonas, sin notificación previa.
Precisamente para ayudar a los ciudadanos a ubicar los puntos de inscripción más cercanos, la plataforma Toma El Control lanzó un buscador por internet que permite a los electores encontrarlos fácilmente. El CNE, por su parte, se ha limitado a publicar una lista de seis páginas de extensión con las direcciones de los puntos.
2. Menos lugares, recursos y tiempo
Los 315 puntos que el árbitro electoral ha instalado para este proceso contrastan con los 531 que activó para las cuestionadas presidenciales de 2018, o los 1.558 que funcionaron para las parlamentarias de 2015.
En el estado Zulia, la circunscripción electoral más grande del país, se habilitaron solo 26 puntos fijos, y es la entidad que más tiene. En segundo lugar se ubicó el estado Miranda con 24 puntos y en tercero está el Distrito Capital, donde funcionan 22.
En el otro extremo, a los estados Amazonas y Delta Amacuro solo se le asignaron cuatro y dos centros, respectivamente; ambos ubicados en sus capitales (Tucupita y Puerto Ayacucho). Esto a pesar de su gran extensión territorial y accidentes geográficos que dificultan la movilización de sus habitantes.
Asimismo, el plazo de poco más de un mes dado para recibir nuevas inscripciones o realizar cambios de centros de votación es insuficiente para permitir el registro de las más de 3 millones de personas que han cumplido o están por cumplir los 18 años, según cálculos de la organización Voto Joven. Para las parlamentarias de 2015 el plazo fue de poco más de 5 meses.
«Para reducir esta brecha de 3 millones y medio de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral se requiere de 6 a 8 meses (…) y aproximadamente de 1.500 a 3.000 puntos», afirmó Mariandreina Montilla, coordinadora de activismo de Voto Joven, en entrevista con una emisora radial.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el CNE apenas ha dispuesto de una computadora y de una máquina captahuellas en algunos centros, tal y como denunció el dirigente político Roberto Patiño, quien puso como ejemplo el caso del punto de Plaza Venezuela. La falta de equipos, así como los retrasos en la apertura de los centros por falta de personal, explican por qué en algunos de ellos se han registrado filas de varias horas para poder cumplir con el trámite.
Además, se ha denunciado que los comprobantes de inscripción o actualización en el padrón electoral emitidos en algunos puntos presentan fechas erradas, lo cual hace temer que dichas incorporaciones o ajustes no sean registrados efectivamente para la fecha de la elección presidencial.
3. Sin internet ni luz
La crisis de servicios públicos que atraviesa Venezuela también atenta contra el derecho de los ciudadanos a elegir y a participar en los asuntos públicos. Prueba de ello fue lo ocurrido en el estado Táchira el 18 y 19 de marzo, cuando las fallas en el servicio eléctrico y de internet impidieron a decenas de personas que aguardaban desde tempranas horas ante la sede de la oficina regional del CNE en San Cristóbal poder inscribirse o actualizar sus datos en el RE.
Una situación similar se registró en otros municipios de la entidad andina, de acuerdo con la información registrada por medios locales.
El concejal Jesús Márquez denunció que los empleados del CNE que se instalaron en el municipio Jauregui le informaron que no pudieron realizar ningún trámite durante un día completo debido a que utilizan conexión de Internet móvil de Movilnet y esta operadora no tiene señal en la zona.
4. Electores de primera y de segunda
Problemas aún peores enfrentan los venezolanos que residen en el extranjero y que desean participar en los comicios. Una revisión realizada por Acceso a la Justicia de noticias de medios de comunicación y redes sociales permitió detectar que hasta el 19 de marzo unas 20 embajadas y consulados venezolanos en distintos países de América Latina y Europa no contaban con los equipos necesarios para poder realizar las inscripciones de nuevos electores o actualizaciones.
Apenas unos 107.000 venezolanos están habilitados para votar en el extranjero, esto, a pesar de que más de 7 millones residen fuera del país, según estadísticas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). De este universo unos 4 millones están empadronados en el exterior para votar y 1,5 millones ya cumplieron en el extranjero la edad para ejercer este derecho constitucional.
No obstante, el obstáculo mayor para la diáspora venezolana se encuentra en la Ley Orgánica de Procesos Electoral (Lopre), que en su artículo 124 exige que los venezolanos que están en el extranjero demuestren que «poseen residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela», a fin de registrarse para sufragar.
El mismo texto, sin embargo, solo les exige a los venezolanos que están en el país poseer la cédula laminada, vigente o vencida, para inscribirse en el padrón (artículo 29).
El requisito adicional se antoja como una violación a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución, que proscribe cualquier tipo de discriminación que persiga «menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona».
La disposición, en la práctica, deja en manos de autoridades extranjeras la decisión de permitirle a un venezolano poder ejercer su soberanía a través del sufragio.
A esto se añade que el CNE ha impuesto requisitos adicionales a los del país de residencia para que la persona pueda registrarse, lo que contraviene la propia Lopre e incluso la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en la sentencia n.º 50 de la Sala Electoral del 28 de marzo de 2012 estableció que «la legalidad de dicho estatus migratorio únicamente la pueden certificar los órganos competentes del país donde resida, en aplicación de su ordenamiento jurídico interno en materia migratoria».
Queda así muy claro que, por lo menos conforme a la Lopre, el CNE no puede imponer un estatus de residencia distinto al del país donde vive la persona, como en cambio lo ha estado haciendo.
En este sentido, la ONG Alerta Venezuela denunció:
«El CNE ha decidido violar su propia ley inconstitucional mediante la activación de un instructivo (que no ha sido publicado) que omite la segunda parte del artículo 124 de la LOPE, disponiendo que “sólo podrán sufragar en el exterior los electores que posean residencia”. Seguidamente especifica que esa residencia debe ser “permanente”, y que “la vigencia de ese documento debe ser de por lo menos 3 años a la fecha actual y debe haberse expedido con un año de antelación mínimo”. No queda claro respecto de cuál fecha se computa ese año de expedición y los tres años de vigencia que debe tener la residencia, pero todo parece indicar que una persona con visa permanente aprobada en abril de 2023 no tiene derecho al registro y, por tanto, al voto. El universo de personas con “residencia permanente” y con un documento de esas características es insignificante en relación con los 4,8 millones de electores potenciales». (Paréntesis nuestro).
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El escaso número de centros de inscripción, los pocos recursos con los que cuentan y el breve lapso que estarán operando, así como los requisitos adicionales impuestos a los millones de venezolanos que residen fuera del país, dejan en claro que la intención de las autoridades electorales no es garantizar la mayor participación posible en los próximos comicios presidenciales. Por el contrario, todo parece indicar que el objetivo es desalentar la participación.
Las fallas que aquejan al proceso de actualización del RE no deben sorprender, pues eran de esperar en virtud de lo atropellado de la convocatoria de los comicios.
