Cero. Ese es el número de sentencias que cuatro de las siete salas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han dictado en lo que va de 2021. Esto a pesar de que ha transcurrido más de un mes desde que se celebró el acto de apertura de las actividades judiciales, el cual marca el inicio formal de las labores de los juzgados del país.
Las salas de Casación Penal, Civil, Social y Plena son las instancias que están en blanco, según la información disponible en la página web del organismo rector del Poder Judicial al cierre del 24 de febrero, en la cual se asegura que las últimas decisiones que publicaron las primeras tres datan del 16 de diciembre de 2020, mientras que la que reúne a los treinta y dos magistrados no ha tomado decisión alguna desde marzo del año pasado.
Los casos de las salas Civil y Social son llamativos, pues tras la Político Administrativa y la Constitucional son las instancias del máximo juzgado que más solicitudes reciben cada año. En 2020, la primera aseguró haber resuelto 324 casos relacionados con demandas por disputas patrimoniales –donde hay bienes y dinero de por medio–, es decir, más de los 249 que recibió. Sin embargo, un año antes dictó 571 decisiones frente a los 657 casos que ingresaron a lo largo de 2019, una tendencia que se mantuvo en 2018, cuando sentenció en 647 asuntos pero recibió 737. En suma, se puede presumir que la instancia tiene en sus archivos expedientes de otros ejercicios que aguardan por un pronunciamiento. Hay que decir, sin embargo, que pese a no haber emitido fallos durante este año, la Sala Civil sí ha estado recibiendo solicitudes, diligencias y escritos como se evidencia de las diez cuentas (la cuenta contiene la actividad judicial diaria de cada sala) hasta ahora publicadas en la web del TSJ.
La situación de la Sala Civil se repite en la Social, instancia que tiene la última palabra en asuntos relacionados con la protección de Niños y Adolescentes y del Trabajo. En 2020 dijo haber decidido 121 asuntos pero recibió 127, en 2019 respondió a 496 frente a los 329 que le presentaron, y en 2018 decidió 1.037 casos frente a 586 que dijo que recibió de los particulares. Estos datos también dan la impresión de que los magistrados Edgar Gavidia, Jesús Manuel Jiménez Alfonzo, Marjorie Calderón, Mónica Misticchio Tortorella y Danilo Mojica Monsalvo tienen asuntos pendientes por decidir desde hace varios años. Hasta el momento, la web del TSJ revela que tiene programadas la celebración de treinta y cinco audiencias para el próximo mes de marzo, alguna de ellas reprogramadas e inicialmente pautadas para febrero.
La Sala de Casación Penal merece mención especial, porque la misma es la encargada de revisar en última instancia los fallos que se refieren a personas que presuntamente cometieron delitos y pueden ir a prisión por ello. Los juzgados penales son la mayoría de los que hay en el país, alrededor de 900 de más de 2.000, y durante el estado de alarma impuesto por el Gobierno de Maduro para enfrentar la pandemia de COVID-19 han estado laborando, en un principio bajo un régimen especial de guardias para atender asuntos urgentes; y posteriormente de manera casi normal en la semana de flexibilización o por vía electrónica en la llamada «cuarentena radical». En cambio, a nivel de cuentas, la web del TSJ evidencia que esta sala ha mostrado actividad recibiendo escritos, diligencias y oficios de quienes acuden a su sede.
Ni antejuicios ni conflictos
Por su parte, la Sala Plena está por cumplir un año inactiva, pues sus últimas decisiones las publicó el 5 de marzo de 2020, según consta en la página web del TSJ. Ello pese a que esta instancia, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), tiene entre sus potestades dar respuestas a las solicitudes de antejuicio de mérito contra el presidente de la República, los ministros del gabinete y otros altos funcionarios del Estado, así como dirimir los conflictos de competencia que puedan presentarse entre los distintos juzgados del país, cuando no exista una sala con competencia por la materia afín a ambos.
La paralización de la plenaria, por ejemplo, afectó a casos como el del general José Gregorio Alcalá Morales, quien fue director de Comunicaciones de la Milicia Nacional Bolivariana y segundo comandante de la Zona de Defensa Integral (ZODI) en Yaracuy, contra quien el Ministerio Público interpuso un antejuicio en mayo de 2018. El asunto terminó siendo resuelto por la Sala Constitucional, la cual declaró «inexistente» la petición por considerar que la misma estaba viciada.
Aunque la pandemia es la razón esgrimida para explicar esta inactividad, lo cierto es que la Sala Plena ha mantenido reuniones virtuales y presenciales en los últimos meses. Sin embargo, las mismas han estado enfocadas en asuntos administrativos y no jurisdiccionales. Prueba de ello es la más reciente convocatoria, la cual se celebró el pasado 5 de febrero, y en la cual los treinta y dos magistrados se reunieron para elegir a la nueva directiva del organismo rector del Poder Judicial.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La inacción de las salas Civil, Social, Penal y Plena no solo atenta contra lo dispuesto en el artículo 26 constitucional, el cual ordena al Estado a garantizar una justicia expedita, sino que además refuerza la desconfianza de los ciudadanos hacia el TSJ, la cual ha quedado de manifiesto con el hecho de que en menos de un lustro la cantidad de acciones y peticiones que los ciudadanos le han presentado al organismo se ha reducido en un 76%, al pasar de 4.779 asuntos en 2017 a 1.446.
Debemos recordar que cuando los ciudadanos pierden la fe en la capacidad de sus instituciones para resolver sus disputas, en este caso los tribunales, y dejan de acudir a ellas, se abren las puertas a soluciones paralelas que pudieran desembocar en violencia.
