La crisis venezolana ha motivado a la comunidad internacional a ejercer acciones que buscan cerrar el ciclo de deterioro que en todos los ámbitos consume al país, y además establecer responsabilidades sobre quienes han cometido delitos en contra de la República y la ciudadanía.
A la fecha, las medidas abarcan debates en organismos multilaterales, y exhortos al Gobierno, así como sanciones a altos funcionarios e informes que documentan la emergencia humanitaria, pero también durante este año se han sumado sendas investigaciones por parte de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El inicio de las averiguaciones ha puesto la lupa sobre el país en áreas muy específicas, y es lo que les estamos presentando en dos infografías que muestran el proceso que están siguiendo ambos organismos.
En el caso de la fiscalía de la CPI, tras múltiples comunicaciones e informes documentados de presuntos crímenes de lesa humanidad, esta decidió por iniciativa propia realizar un examen preliminar sobre los hechos ocurridos durante las manifestaciones de 2017.
Los resultados de las indagaciones permitirán a la fiscalía de la CPI “determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación de conformidad con los criterios establecidos por el Estatuto de Roma”.
A su vez, la OIT autorizó conformar una comisión de encuesta por las violaciones cometidas por el Gobierno de convenios internacionales referidos a libertad sindical, consulta tripartita y fijación de salarios mínimos.
Estos procesos están en su etapa de inicio, y en ninguno de los dos hay tiempo límite para su culminación, pero representan parte de los esfuerzos globales en la resolución de la crisis venezolana, y la asignación de responsabilidades por la ingente crisis que azota al país.
