La represión y persecución por motivos políticos en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio también son materia de interés para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), a tal punto que el pasado 12 de agosto envió una declaración escrita a los medios, en la que aclara que su oficina examina información que ha recibido sobre los acontecimientos recientes, aun cuando la investigación en curso sobre Venezuela tiene foco en hechos ocurridos con anterioridad.
En su declaración, el fiscal de la CPI, Karim Khan, indicó que su oficina ha recibido múltiples reportes de hechos de violencia que podrían recaer en la jurisdicción del tribunal. Reveló que ha tenido contacto con autoridades del más alto nivel del Gobierno venezolano para subrayar la importancia de que sea respetado el Estado de derecho y que se garantice que todas las personas sean protegidas frente a situaciones que puedan constituir crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con la ONG Provea, se han registrado 25 muertes asociadas a las manifestaciones ocurridas en los días siguientes a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Las circunstancias deben ser esclarecidas, pero, según lo afirmado por Provea existen indicios de «que las agrupaciones paramilitares o “colectivos”, son señaladas por diversos testigos como presuntos responsables de asesinar a 10 manifestantes, y el Ejército Bolivariano es señalado, también por testigos, en al menos 7 muertes». Estas cifras son alarmantes por cuanto ocurrieron en un período de tiempo relativamente corto y superan con creces la proporción de los mismos actos que dieron lugar a la investigación de la Fiscalía de la CPI, cometidos entre abril y julio 2017.
Las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas en el contexto postelectoral podrían constituir también crímenes de interés para la CPI. La ONG Foro Penal ha registrado 1.581 arrestos, entre las que se incluyen 129 adolescentes, 14 indígenas, 18 personas con discapacidad y 200 mujeres, de los que se han excarcelado solo a 90 personas, aproximadamente.
Como denunciamos anteriormente, se han desarrollado procesos sumariales en total negación del derecho a la defensa con abogados de confianza y sin información alguna para los detenidos y sus familias. Las personas detenidas de manera arbitraria han sido sometidas a procesos penales sumariales sin distinción de cada caso y situación, tomando en cuenta solo lo que se indica en el acta policial correspondiente y con directrices que vienen del Ejecutivo sin mayores consideraciones de índole legal. Los cargos imputados por el Ministerio Público (MP) incluyen los delitos de incitación al odio, terrorismo, conspiración, traición a la patria, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad, obstrucción de calles o vías y desobediencia de las leyes.
Aumenta la presión
Las declaraciones de Karim Khan a la prensa internacional se insertan en el marco del profundo recrudecimiento de la situación de derechos humanos que pudieran constituir crímenes de competencia de la CPI y les recuerda a las máximas autoridades venezolanas que están siendo observados por el juzgado con sede en La Haya.
La investigación que conduce el fiscal de la CPI se centra en las manifestaciones antigubernamentales de 2014 y 2017 y la violencia política conexa. No obstante, en el pasado la Fiscalía ha incluido en sus pesquisas hechos ocurridos con posterioridad a la apertura de la investigación e incluso ha cambiado parcial o totalmente el foco de una investigación atendiendo a la gravedad de los nuevos hechos.
Se han oído voces influyentes demandándole al fiscal que priorice la situación en Venezuela. Actualmente, la CPI revisa su estrategia en relación con las víctimas por encargo de la Asamblea de los Estados Partes, para lo que ha publicado un cuestionario abierto de consulta a fin de orientar el diseño de la nueva estrategia. Esta herramienta permitirá conocer más a fondo las impresiones de expertos sobre el trabajo con agrupaciones de víctimas, académicos, ONG y demás personas interesadas sobre cuestiones relativas al funcionamiento de la Corte en su relación con las víctimas, tales como comunicación e información, acceso al sistema del Estatuto de Roma, participación y representación; y reparación y asistencia efectivas.
El cuestionario, que debe ser completado en inglés o francés, está disponible hasta el 30 de septiembre de 2024 en el siguiente vínculo: https://www.surveymonkey.com/r/SQT5FFK.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Las declaraciones del fiscal de la CPI se suman a las de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que han expresado alarma por el clima generalizado de terror que ha generado «la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo» luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio y han exigido a las autoridades competentes su cese inmediato. La CIDH catalogó la situación de la violencia postelectoral como «terrorismo de Estado», que, a su entender, «no solo están dirigidas a la persecución de sectores específicos, sino que generan un clima de temor e intimidación entre la población venezolana».
Si el grave conflicto político que vive Venezuela no se resuelve prontamente por una vía pacífica, la magnitud que está tomando esta nueva ola represiva pudiera superar en escala los crímenes actualmente bajo investigación por la Fiscalía de la CPI.
El hecho de que la Fiscalía de la CPI mantenga su atención en el actual conflicto político que afecta a amplios sectores de la población y recuerde a los venezolanos que su oficina está al alcance de cualquier persona que desee transmitir información de interés en relación con posibles crímenes previstos en el Estatuto de Roma (el suministro de información puede hacerse de forma segura y confiable a través del portal https://otplink.icc-cpi.int) representa una posibilidad de justicia para las víctimas y sus familias.
