El fraude electoral del 6D en cinco claves

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La victoria del chavismo en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre no debería sorprender a nadie, pues fue producto de una cadena de vicios e irregularidades sistemáticas, las cuales se iniciaron con el nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), continuaron con el aumento arbitrario del número de diputados y con la modificación inconstitucional del sistema electoral contemplado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), la intervención judicial a los partidos de la oposición y la falta de información sobre la compra de las máquinas de votación tras el incendio que destruyó el depósito del CNE en Filas de Mariche (estado Miranda).

Sin embargo, Acceso a la Justicia constató otros vicios que ocurrieron durante la jornada y que hacen aún más cuestionables y polémicos los resultados de estos comicios.

  1. Coacciones a los votantes

A lo largo de la campaña se registraron varios casos de presiones a los electores, siendo la más emblemática la declaración de Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro Moros y candidato a diputado por La Guaira.

«Llamo a que metamos el remate perfecto, por favor, remate de verdad, para compensar lo que no pudimos tener o lograr en horas pasadas. Tenemos todas las condiciones y herramientas, vayamos al remate perfecto, que vamos a vencer. Vayamos a buscar a la gente a sus casas, a los edificios, veredas, calles, y digamos a la gente lo que estamos jugándonos, no estamos jugando carritos, estamos jugando la continuidad de la patria».

Pocos días antes de la jornada electoral, el candidato oficialista y presidente de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dijo: «El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer».

Pero si lo anterior no fuera suficiente, durante el mismo 6 de diciembre volvieron a aparecer los «puntos rojos», pese a las promesas del oficialismo de que no recurriría a ellos como en los procesos celebrados desde 2017. En estos puntos los votantes muestran su Carnet de la Patria y reciben bonos luego de sufragar.

Estas amenazas refuerzan el chantaje y la extorsión hacia los electores que impone el chavismo: otorgan dinero y cajas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) a cambio de votar por los candidatos oficialistas. Cabe señalar que en este proceso electoral no había verdaderos candidatos de oposición, como ya Acceso a la Justicia ha explicado reiteradamente.

Este tipo de acciones son conductas que alteran la autenticidad y legalidad del proceso, pues afectan el libre comportamiento electoral del ciudadano, al obligarlo a sufragar por una opción concreta, lo que viola el artículo 63 de la Constitución que establece que el sufragio es un derecho que se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas.

  1. Parcialización de la veeduría internacional

Los veedores u observadores electorales deben ser independientes e imparciales, porque su misión es seguir el proceso y verificar su transparencia o señalar las fallas. Sin embargo, esto no ocurrió el 6 de diciembre al estar presentes personalidades abiertamente afines o simpatizantes al chavismo, como el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y los exmandatarios de Honduras, Ecuador, Bolivia y Paraguay, Manuel Zelaya, Rafael Correa, Evo Morales y Fernando Lugo, así como la exsenadora de Colombia, Piedad Córdoba, y los representantes de los gobiernos también amigos del régimen de Maduro, como Rusia, Kenia y Turquía.

Esta falta de objetividad e imparcialidad en la veeduría internacional quedó enfatizada por la asistencia del único organismo internacional acreditado por el CNE como veedor internacional, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), que también participó como «acompañante extranjero» en la fraudulenta elección de los integrantes de la ANC, así como en las polémicas contiendas electorales de los gobernadores y alcaldes de 2017 y en los írritos comicios presidenciales celebrados en mayo de 2018 que permitieron la reelección de Maduro.

La proximidad que existe entre el CEELA y el oficialismo ha sido más que evidente, pues no es un secreto que este organismo internacional nació en 2004 gracias al financiamiento del Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez Frías, tal como fue denunciado por Acceso a la Justicia.

  1. Sistema automatizado sin garantías

El actual CNE no es sinónimo de independencia ni de autonomía, y por lo tanto, tampoco brinda credibilidad al sistema electoral.

Sobre el sistema automatizado de votación se ciernen sobradas sospechas de que puede ser manipulable, prueba de ello fue lo ocurrido el mismo día 6 cuando Maduro ejerció su derecho al sufragio en la Escuela Ecológica Bolivariana Simón Rodríguez, ubicada en Fuerte Tiuna, pese a que en la página web del CNE mostraba que su centro de votación era el Liceo Miguel Antonio Caro, en la parroquia Sucre (Catia), lugar donde ejerció su derecho al sufragio en anteriores comicios.  

La normativa electoral establece que los electores solo pueden ejercer su derecho al sufragio en el centro en el que están inscritos, y para que esto se cumpliera el CNE gastó en 2004 millones de dólares en el sistema de verificación dactilar (captahuellas).

Para Acceso a la Justicia,el traslado de electores de un centro de votación a otro por parte del CNE, así como la manipulación del registro electoral, son graves prácticas que favorecen a las candidaturas del oficialismo, lo que sin duda configura otro menoscabo más del ejercicio libre y legítimo del derecho del sufragio, mecanismo de expresión de la soberanía, sobre todo teniendo en cuenta que los cambios de centros de votación solo podían ser realizados hasta el 29 de julio, de acuerdo con el cronograma electoral aprobado por el írrito CNE.

  1. Prórroga injustificada

La ampliación arbitraria del horario de votación en las legislativas es otra irregularidad observada. El CNE, sin ninguna justificación ni necesidad, decidió extender la duración del proceso de votación por una hora más, hasta las 7:00 de la noche.

Es importante recordar que la LOPRE, en su artículo 121, solo permite extender el horario de las votaciones por una razón: que «haya electores y electoras en espera para sufragar», lo cual no ocurrió en este caso, como lo comprobó la abstención de más de 70% admitida por el árbitro. El uso discrecional e injustificado de las prórrogas no es algo nuevo, pero se ha agravado desde los comicios celebrados en 2017 con el fin de favorecer los intereses del oficialismo.  

En este caso, la ampliación de la jornada de votación decretada por parte del CNE buscó permitir operativos del Gobierno dirigidos a llevar a electores a los centros, como se explicó en el primer punto.

  1. Alianzas desconocidas

La modificación de las alianzas electorales luego de los resultados electorales anunciados por el CNE, sin duda confirma las sospechas de que el nuevo sistema electoral impuesto solo buscaba favorecer al oficialismo. Asimismo, la escasa información acerca de las sustituciones y modificaciones de candidatos, además de las alianzas electorales, hicieron que los votantes ejercieran su derecho constitucional a ciegas.

La confusión que se respira ante la denuncia de supuestas alianzas que se desconocían, aparte de la forma en que fueron adjudicados los cargos luego de saberse que candidatos que no habían obtenido el número suficiente de votos resultaran electos, y que otros que fueron proclamados como diputados por la propia rectora Indira Alfonzo luego no lo sean, solo muestra que el sistema es completamente manipulable, desconfiable, turbio y pleno de deficiencias.    

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Lo ocurrido el 6 de diciembre fue la crónica de un fraude anunciado. El proceso  estuvo lejos de reunir los requisitos establecidos en la Constitución y los estándares internacionales; por ello, a Acceso a la Justicia no le sorprende la alta abstención, que según cifras oficiales alcanzó el 69%, aunque la agencia de noticias EFE indicaba que llegó al 80%.

Se debe advertir que el comportamiento del árbitro electoral, el Gobierno y las demás autoridades deteriora la institución del voto. Si se compara la abstención del 6 de diciembre con la registrada en las no menos cuestionadas elecciones presidenciales de 2018 (53,95%), es innegable un significativo aumento en la desconfianza del ciudadano en el voto y en la capacidad del Poder Electoral de organizar un proceso con las mínimas garantías de competitividad, igualdad, integridad y transparencia.  Cualquier ataque al voto, base de la democracia, afecta a la esencia de esta.

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