Formalmente, campesinos, migrantes y población LGBTI entran en el radar de la Defensoría del Pueblo

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La situación de los campesinos, migrantes y refugiados, y del colectivo LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales) parece haber entrado en el radar de la Defensoría del Pueblo, la cual creó tres defensorías especiales que se encargarán de «diseñar, programar y coordinar acciones que garanticen la efectiva protección, defensa y vigilancia de los Derechos Humanos» de dichos grupos.

Las nuevas instancias figuran en las resoluciones numeradas como las DdP-2020-0061, 0062 y 0063 que el pasado 3 de noviembre firmó el defensor designado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, Alfredo Ruiz; y que aparecieron en la Gaceta Oficial n.° 42.007 del día 13 del mismo mes.

En dichas resoluciones, el funcionario justificó la apertura de los nuevos despachos por considerar que los tres grupos son poblaciones «en vulnerabilidad» y que requieren «medidas y operadores especializados» para asegurar sus garantías fundamentales. En el caso del colectivo LGBTI fue más allá, y en la instrucción que crea la Defensoría Especial con Competencia Nacional para la Protección de las Personas de la Sexodiversidad afirmó que este sector de la población es de los «más vulnerables y desprotegidos en materia de Derechos Humanos, dado que debido a su orientación sexual, identidad o expresión de género enfrenta conculcaciones y/o limitaciones al pleno goce y ejercicio de sus derechos».

Sin embargo, donde parece que Ruíz ha dado un giro de 180 grados es en lo relacionado con el tema migratorio. «Venezuela ha venido presentando una gran movilidad humana hacia países de la región, en donde esta población venezolana ha pasado a ser migrante económico o trabajadores migrantes y eventualmente víctimas de actos de xenofobia, trata y tráfico de personas», se lee en la resolución que crea la Defensoría Especial para la Protección de Personas Migrantes, Refugiadas y Víctimas de Trata de Personas.

A finales de 2017, el Defensor designado por la ANC sostenía que «Venezuela no es un país de emigrantes», pese a que reconocía que había una diáspora. «Venezuela todavía es un país receptor de inmigración (…), el flujo de las personas que entra es mayor que las personas que salen», sostuvo en una entrevista a una emisora de radio.

Este despacho se crea unos meses después de que distintas instancias de Naciones Unidas exigieran a las autoridades venezolanas explicaciones sobre la desaparición de setenta y tres migrantes, quienes dejaron el país en barcos con destino a Trinidad y Tobago y Curazao entre abril y junio de 2019. Más cercano es el caso de los niños deportados por Trinidad, respecto de los cuales ni el Gobierno ni la Defensoría han hecho alusión alguna, como si la suerte de estos no fuera de su competencia 

¿Saludo a la bandera?

Desde Acceso a la Justicia se celebra este paso, aunque se pone en duda la efectividad del mismo. ¿La razón? Hasta ahora la Defensoría del Pueblo no ha cumplido con su rol de garante de los derechos humanos de los venezolanos, tal y como se denunció en el Informe sobre el Desempeño de la Defensoría del Pueblo (2001-2015) y en su actualización hasta 2019. En ambas investigaciones se deja constancia de cómo la instancia lejos de estar del lado de los ciudadanos se ha puesto al servicio de los Gobiernos del fallecido Hugo Chávez, primero, y de Nicolás Maduro después.

Esta alineación le valió una reprobación al organismo, el cual a finales de 2016 vio como la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Naciones Unidas (GANRHI, por sus siglas en inglés) lo degradaba y le quitaba la posibilidad de tener voto en eventos en la Organización de Naciones Unidas.  El subcomité del GANRHI acusó a la Defensoría del Pueblo de «no estar preparada para hablar con contundencia y promover el respeto de los derechos humanos en respuesta a denuncias creíbles de graves abusos de los derechos humanos cometidos por las autoridades gubernamentales».

Con Ruíz al frente de la institución desde 2017 la situación no ha cambiado; por ello, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) no ha dudado en acusarlo de cómplice de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país. La organización denunció en su informe anual correspondiente a 2018 lo siguiente:

«Resalta el silencio (del Defensor del Pueblo) ante las innumerables denuncias de ejecuciones policiales realizadas por las FAES de la PNB y el Cicpc. Un silencio que cuesta vidas y alienta la perpetración de graves violaciones a los Derechos Humanos. Igual conducta se ha asumido ante las detenciones arbitrarias y sistemáticas contra disidentes o personas que exigen derechos y ante la consolidación de la desaparición forzada como patrón represivo».

La politización no es la única razón para dudar de la efectividad de las nuevas defensorías especiales. Acceso a la Justicia en sus investigaciones también ha denunciado que la falta de recursos económicos que aqueja al organismo se ha convertido en un verdadero obstáculo para que pueda realizar las funciones que le encomienda la Constitución aún el caso de que deseara hacerlo.

Asimismo, hay que mencionar la falta de voluntad política para atacar problemas como el sicariato campesino. Desde el año 2000 hasta 2017, unos 350 líderes agrarios y trabajadores del campo han sido asesinados el marco de la aplicación de la polémica Ley de Tierras y casi la totalidad de los crímenes permanecen impunes, pese a las reiteradas promesas de las autoridades.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La Defensoría del Pueblo es una institución bastante novedosa en el aparato institucional venezolano y está llamada a jugar un papel fundamental a favor de los ciudadanos. Si cumpliera con sus obligaciones a cabalidad, muchos de los crímenes de lesa humanidad que hoy están siendo analizados por la fiscal de la Corte Penal Internacional habrían sido sancionados o no habrían ocurrido, salvándose así miles de vidas y evitando el sufrimiento de millones de personas.

Ciertamente, campesinos, migrantes y refugiados, así como el colectivo LGBTI, son de los más vulnerables en la sociedad y requieren de una atención especial. Sin embargo, la historia reciente del país ha mostrado que sus luchas y reivindicaciones han sido utilizadas por las autoridades chavistas para simple propaganda. Un ejemplo de ello ha sido el caso de la población indígena, a la que recientemente llegó a tratársele como ciudadanos de segunda al no reconocérsele el voto directo.

¿Servirán estas nuevas defensorías especiales para ayudar a combatir el sicariato indígena, o para que redes criminales no trafiquen con migrantes? ¿O impulsará la demanda del matrimonio igualitario que fue engavetada tanto por las distintas asambleas nacionales chavistas como por el Tribunal Supremo de Justicia? Solo el tiempo lo dirá.

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