2007 se ha señalado como el inicio de las expropiaciones en el chavismo, pues fue el año en que el fallecido Hugo Chávez dio paso a un fuerte proceso de nacionalización de empresas que se extendió por años. Con la llegada al poder de Nicolás Maduro, el Gobierno cambió la modalidad al optar por ocupar, en lugar de expropiar.
En años recientes las autoridades han esgrimido dos argumentos para justificar la acción contra las entidades de trabajo: el abandono o incumplimiento del reinicio de actividades productivas o el que supuestamente la compañía está vinculada con la guerra económica que se viene denunciando desde 2010, y que en este caso supone el haber incurrido en acaparamiento o usura.
De acuerdo a la dinámica cumplida, se aplica un procedimiento de ocupación, toma o control de los activos de la empresa, en el que puede intervenir el más alto nivel del ejecutivo a través de su vicepresidente, pasando por el Ministerio del Trabajo, gobernador del PSUV del estado respectivo, o en ocasiones la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) y otras carteras relacionadas con el área productiva, a fin de constituir una administradora especial, integrada por trabajadores y representantes gubernamentales como asesores técnicos.
Las causas que llevan a la empresa a la suspensión de sus actividades productivas son variadas, pero en casi todos los casos se presenta la falta de insumos o materia prima, así como los efectos de años de producir a perdida debido a un modelo económico basado en controles que impide, por ejemplo, el acceso a materia prima o repatriar capital para pagar a la casa matriz y proveedores.
Aunque al momento de tomar una compañía, el Gobierno la acusa de atentar contra el país, por mermar su capacidad operativa, las principales causas del cierre son los controles de cambio y precios; la no entrega de divisas para importar insumos, bienes terminados o repatriar dividendos; la inamovilidad laboral, la inseguridad jurídica y otras medidas de orden fiscal que mantienen al país en recesión desde hace cinco años, y en un proceso hiperinflacionario que está próximo a sumar 13 meses.
¿En qué consiste el proceso de toma de una empresa?
Son varios los escenarios que se pueden presentar para que el Gobierno adopte una medida de ocupación. Entre los principales están los siguientes:
Abandono por parte del propietario o sus representantes. La decisión procede luego de descartar otras salidas, como acudir a un proceso de atraso (falta de liquidez impide pago de compromisos, por lo que se procede a paralizar cualquier acción legal de cobro) o quiebra, venta de la compañía o reducción de personal, por lo que se decide abandonar la empresa y notificar a los trabajadores que las actividades han quedado suspendidas en ocasiones de forma temporal, y en otras de manera definitiva.
La empresa efectúa una notificación de cierre y pago inmediato de todas las liquidaciones o pasivos laborales a sus trabajadores, y repite el procedimiento con sus proveedores.
Conocida la nueva situación de la entidad de trabajo, el Ejecutivo ordena el reinicio de actividades, dando paso a la toma a través del Ministerio del Trabajo, el cual procede a publicar una resolución donde se ordena la ocupación y la entrega de la administración a una junta integrada por trabajadores y representantes gubernamentales con la supervisión de funcionarios militares.
En este caso no suele haber aprehensiones de directivos de las empresas, ya que la mayoría de las veces las compañías proceden a sacar del país a sus representantes antes de informar el cese operacional.
Supuesta vinculación de la empresa con el boicot y la guerra económica. Se la acusa de estar implicada en la guerra económica llevando a cabo acciones como omisiones que impiden la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes o servicios que son de interés y necesarios para la comunidad.
Ante esto, se ordena por la fuerza la toma de la compañía con todos sus activos, con el apoyo de la fuerza pública, que generalmente son la Guardia Nacional Bolivariana como principal apoyo y la SUNDDE. En estos procesos frecuentemente hay representantes de la empresa apresados o arrestados.
Ocupación temporal con el propósito de obligar al empresario a ajustarse a condiciones o parámetros en su proceso productivo o comercial. Es un sistema aplicado a mercados populares y mayoristas, empaquetadores de comida y/o distribuidores e incluso transportistas. Esta ocupación se diferencia por ser temporal, ya que cesa luego de pocas semanas o meses. Normalmente no hay directivos detenidos.
El viraje
La política de expropiación, confiscación y nacionalización impulsada primero por Chávez, y luego por Maduro ha dejado al Estado venezolano 441 empresas de las 576 compañías públicas inventariadas por Transparencia Venezuela, de las cuales muchas arrojan números rojos por la mala administración, corrupción e ineficiencia en las operaciones.
Las industrias cementera, eléctrica y de alimentos, así como las empresas básicas de Guayana y Conferry, son ejemplos de cómo el Estado venezolano no ha sido capaz de responder a la demanda que exige el manejo de unidades de producción, por lo que los propios dirigentes del PSUV, a través de los congresos del partido, han declarado que expropiar es contrario al ideario del socialismo del siglo XXI, porque no prioriza la participación de los trabajadores y la comunidad.
Aunado a esto, ha facilitado la transición de la expropiación a la ocupación; mientras la primera tiene rango constitucional y un procedimiento legal que debe ser agotado la ocupación no, por lo que este último método es más eficiente a los fines de controlar empresas sin tener que superar numerosas barreras legales y financieras. Esto último es clave, ya que la toma no demanda el pago de elevadas sumas por la compra de activos.
Sobre la base de este razonamiento, se estableció el método en la Ley del Trabajo de 2012. En el artículo 149 se estipula la “protección de las fuentes de trabajo y de los puestos de trabajo”, y se indica que la “administración y reactivación de la empresa” recae en los propios trabajadores y el Estado venezolano en los casos de cierre ilegal de una entidad de trabajo o debido a una acción de paro patronal.
Atendiendo a esto, aunque la ocupación es una figura que ha facilitado la toma de compañías por parte del Gobierno en años recientes (Clorox, septiembre 2014; Kimberly-Clark de Venezuela, julio 2016; Alimentos Kellogg’s, mayo de 2018), se debe advertir que al igual que la expropiación, la misma desestimula las inversiones, por el riesgo que supone no poder en un futuro cerrar la operación, salvo abandonando todo.
Igualmente, aunque la toma de activos privados podría verse como una medida menos severa que la expropiación, la realidad es que la misma tiene igual efecto negativo sobre la ciudadanía, porque las empresas tomadas no han conseguido recuperar su capacidad productiva ante la incapacidad de la nueva gerencia, pero también por la profunda crisis económica que padece el país.
También se debe advertir que los procedimientos de ocupación vulneran el legítimo derecho a la defensa, el debido proceso, el derecho a la propiedad privada, la libertad económica y el principio de presunción de inocencia del propietario de dicha empresa, con respecto al supuesto cierre fraudulento que le es endilgado por el Gobierno al tomar las compañías
La situación además se agrava para el representante de la compañía que enfrente el procedimiento, ya que corre el riesgo de ser afectado por una medida privativa de libertad, lo que ha llevado a varias empresas a sacar del país a sus directivos antes de la suspensión de actividades.
La prisión se encuentra establecida en la Ley del Trabajo, artículo 539, como arresto por cierre ilegal e injustificado de la fuente de trabajo con pena de 6 a 15 meses, y además la Ley de Costos y Precios Justos, establece en su artículo 140, prisión de 10 a 12 años.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Al igual que las expropiaciones en su momento, la política de ocupación de empresas impacta directamente en la calidad de vida del ciudadano, no sólo al restarle una unidad productiva de la cual surtirse en medio una severa espiral inflacionaria y de escasez, sino además por la violación de derechos constitucionales que supone esta acción, generando más desempleo y desabastecimiento, por lo que al final todos somos afectados.
