A todo vapor. Así avanza el proceso de remodelación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) puesto en marcha por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 y el cual es el sexto que sufre el organismo rector del Poder Judicial desde la entrada en vigor de la Constitución de 1999.
Luego de que el pasado 18 de enero se aprobase, de manera exprés y por unanimidad, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), el Parlamento ha tomado medidas que dejan en claro que la intención es realizar la designación de los nuevos miembros del máximo juzgado cuanto antes.
Prueba de lo afirmado es que sin esperar a que la ley modificada fuera publicada en Gaceta Oficial, requisito indispensable para considerar que un texto legal está vigente, el 20 de enero el Legislativo procedió a designar a los once diputados que conforman la llamada Comisión Preliminar, prevista en el artículo 65 reformado. Cabe recordar que esta instancia no está establecida en la Constitución, pero aun así se le asignó la tarea de seleccionar entre universidades, gremios y organizaciones civiles a los restantes diez miembros del órgano que evaluará a los candidatos a magistrados.
Desde el jardín del Palacio Federal Legislativo, el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, dio a conocer que el diputado chavista Giuseppe Alessandrello coordinará la comisión. El día 28 de enero fue publicado en Gaceta Oficial el acuerdo de la AN en el que además de Alessandrello, se incorporaron a la comisión los diputados Gladys Requena (días después renunció y fue sustituida por Desirée Santos Amaral), Rosa León, Carolina Cestari, Julio García Zerpa, José Villarroel, Francisco Torrealba, José Gregorio Correa, Timoteo Zambrano, Luis Parra y Alfonso Campos.
No se puede obviar que Alessandrello fue también quien coordinó el Comité de Postulaciones Electorales que tuvo a cargo la polémica designación de los actuales rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La sociedad civil brilla por su ausencia
El pasado 2 de febrero Giuseppe Alessandrello informó que Giovanni Nani, Carlos Alberto Boully Gómez, Wilmer García, Evelyn Bermúdez, Jesús González, Henry Hamdan Llabar, Mercedes Gutiérrez, Arelis Poleo, José Fuentes y Alfonzo Granadino Malavé fueron escogidos de 104 personas para completar el Comité. La sociedad civil organizada (por ejemplo, organizaciones no gubernamentales) nunca fue invitada.
Adicionalmente, algunas de las caras de los representantes de la sociedad civil seleccionados son viejos conocidos de la AN oficialista. Una prueba la constituye la designación del sacerdote Carlos Alberto Boully Gómez, actual rector de la Universidad Católica Santa Rosa, quien mantiene contactos con altos funcionarios del Estado como el presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno, a quien le confirió un doctorado honoris causa en 2019.
Boully, postulado por el sector de las universidades, ya integró el Comité de Postulaciones Electorales que seleccionó en 2021 a los actuales rectores del Poder Electoral.
El caso del religioso no es el único. La designación de Mercedes Gutiérrez, propuesta por el sector de trabajadores y quien fue miembro de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) también siembra dudas sobre la transparencia e idoneidad del Comité. No se puede olvidar que la ANC fue una instancia creada por el Gobierno de Nicolás Maduro en 2017 para obstaculizar y usurpar el ejercicio de las funciones de la AN, electa en las elecciones legislativas celebradas en diciembre de 2015.
Además, se debe advertir que se desconocen los criterios empleados para la selección de estos diez miembros del Comité, así como la metodología o el baremo utilizados por la AN para evaluar las credenciales de los aspirantes, una situación que quiebra indudablemente el principio de transparencia e imparcialidad, aparte de que no garantiza la autonomía del próximo TSJ frente a los demás poderes del Estado.
Con esto la AN vicia el procedimiento de selección de los nuevos magistrados del TSJ, por cuanto el mismo se viene realizando a contravía de los principios constitucionales.
Sin obstáculos
El 4 de febrero, apenas cuarenta y ocho horas después de terminar de conformarse, el Comité de Postulaciones Judiciales realizó la convocatoria pública para la postulación de aspirantes a integrar el TSJ y estableció los requisitos, los cuales son idénticos a los empleados en los procesos anteriores.
Si bien el lapso de recepción de recaudos quedó inicialmente abierto hasta el 15 de febrero, fue extendido hasta el 18 de febrero «motivado a un sin número de solicitudes que solicitaron tiempo extra, debido a que algunos de los requisitos deben ser apostillados. Estamos dentro de la Ley que dice que tenemos hasta 30 días para desarrollar este proceso», según informó el diputado Alessandrello, quien días atrás también señalaba que los nuevos veinte magistrados serán nombrados antes de abril. El día 18 de febrero se anunció una segunda prórroga hasta el día 21 de febrero a las 5 p.m.
Sobre el plazo para la recepción de las postulaciones, el artículo 70 de la LOTSJ establece que «no será mayor de treinta días continuos». Concluido el lapso de postulación, el Comité publicará al día hábil siguiente los nombres de los postulados y se iniciará así el plazo de quince días continuos para que los interesados puedan presentar sus objeciones, mediante prueba fehaciente, respecto de cualquiera de los candidatos del listado publicado, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la ley. El Comité deberá pronunciarse sobre las objeciones en ocho días continuos y deberá notificar por cualquier medio al postulado impugnado, para una audiencia dentro de los tres días siguientes, con el objetivo de que exponga su defensa.
Una vez que el Comité resuelva las impugnaciones elaborará el listado de candidatos preseleccionados que presentará al Poder Ciudadano, quien mediante su Comité de Evaluación de Postulaciones hará una segunda preselección de candidatos y remitirá a la AN la lista final, para que esta haga la elección definitiva con el voto de las 2/3 de sus miembros, siempre que no se llegue a la cuarta convocatoria, en la cual se hará con la mayoría simple de votos de quienes estén presentes.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La nueva reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia aprobada por la AN electa en 2020 no subsana los vicios que este instrumento presenta desde que fue aprobada en 2004, pues asegura la interferencia de factores políticos en todo el proceso de selección de los aspirantes a magistrados, lo que conduce a que la mayoría de turno pueda cooptar al organismo rector del Poder Judicial.
Asimismo, los primeros pasos dados por el Parlamento para remodelar al máximo juzgado no parecen indicar que el nuevo organismo que salga de este proceso sea más independiente y autónomo que sus predecesores y, por ende, más capaz de amparar y restablecer las libertades y derechos de los venezolanos. Sin embargo, desde Acceso a la Justicia esperamos que aun con todo en contra el nuevo TSJ sea más independiente que el actual y que los magistrados nombrados sean personas que cumplan con los requisitos constitucionales y legales para serlo, a diferencia de la mayoría de los que está actualmente en el cargo.
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