En Venezuela se vive una situación de institucionalidad rota en la que impera la ley del más fuerte. La mayoría de los órganos del Estado cuyas decisiones son ejecutables son ilegítimos, porque sus representantes no han sido electos por el pueblo; es el caso de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), o no han sido seleccionados por la sociedad civil como manda la Constitución: magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, (TSJ), Defensor Pública, Defensor del Pueblo, Fiscal General; o no han sido designados por la Asamblea Nacional (AN), por ejemplo el Consejo Nacional Electoral (CNE), y en parte el Poder Judicial, (por lo menos, 13 de sus magistrados principales y 20 de sus suplentes).
Sin embargo, hay otros organismos legítimos, como la AN, pero sus decisiones no son ejecutables, porque el TSJ lo ha imposibilitado (ochenta y tres sentencias que han anulado sus competencias, entre ellas la legislativa y la contralora) desde su elección en diciembre de 2015.
A esto se añade que el Gobierno nacional concentra el poder, pues es quien realmente lo ejerce, habiéndoselo atribuido u otorgado el TSJ (este ha dictado desde diciembre de 2015, al menos 158 sentencias favor del Ejecutivo y en desmedro de la Constitución y los derechos humanos, incluyendo en este número las 83 en contra del Parlamento). Los ministerios y otros organismos funcionan por inercia, no hay inversión, mantenimiento ni respuesta a las demandas desde hace varios años. Por ello, todo lo público está a punto del colapso o no funciona.
El problema se agrava porque la mayoría de los bienes y servicios han sido nacionalizados desde hace varios años o progresivamente las empresas privadas han sido expropiadas. De un tiempo para acá, el Gobierno ha adoptado otras formas, y es que de las pocas empresas que van quedando cuando ya están por cerrar, dados los desincentivos a la producción y la imposibilidad de repatriar su capital, son objeto de una medida de ocupación. Por otro lado, los servicios públicos básicos (luz, agua, telecomunicaciones, recolección de desechos sólidos) están en manos del Ejecutivo ya desde años.
La crisis de los servicios públicos también ha incidido en las redes de comunicación provocando episodios de desconexión y desinformación por las precariedad del acceso a internet, lo que, junto a amenazas, bloqueos y cierres de medios, afecta la libertad de expresión en el país.
El Estado ha olvidado sus funciones fundamentales, incluso seguridad y justicia, y esto ha dado lugar, junto con una política pública de impunidad, a que delincuentes se transformen en bandas y luego en megabandas con ocupación de territorio a cambio de seguridad para los habitantes de la zona. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) calcula que la tasa de homicidios es de aproximadamente 110 por cada 100.000 habitantes (no hay cifras oficiales). En promedio, en el año 2017, cada semana fallecieron 106 personas por acciones de funcionarios policiales o militares y cada día del año murieron 15 personas por resistencia a la autoridad.
Corrupción
A todo esto se une el colapso de la industria petrolera que, por su mal manejo y la inmensa corrupción que la caracterizó, especialmente en el período 2004-2014, ya no es rentable como lo era antes, por lo que el Gobierno ha continuado con su rentismo, pero basado ahora en el oro y otros minerales (Arco Minero), con la presencia de grupos armados que controlan en buena medida las zonas de extracción, donde impera la ley del más fuerte. La opacidad en materia de contratos de extracción de minerales y manejo de recursos por parte del Ejecutivo es enorme. En estas zonas ya está presente el grupo irregular colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), que actúa con la complicidad de funcionarios y Gobierno. Los abusos en la región son atroces y hasta se han instaurado formas de trabajo de esclavitud moderna.
Las consecuencias de la incursión de la guerrilla en nuestro territorio van más allá. Un número alarmante de estudiantes, en al menos cinco estados fronterizos, es víctima de secuestro y reclutamiento forzado por parte de fuerzas irregulares. Directivos y docentes son amenazados para que distribuyan material proselitista a los alumnos. Al respecto, el procurador general de Colombia y el representante de Unicef en Colombia, han informado que disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continúan secuestrando a menores de edad en Venezuela. Varias ONG reportan que la violencia dentro de las escuelas por crimen organizado, microtráfico de drogas, violencia de odio y agresiones a estudiantes y docentes se ha incrementado en 75% debido a la falta de programas de prevención y acciones efectivas.
También está ocurriendo que algunos gobernadores imponen sus normas en su territorio, contrarias a la Constitución, incluso en contra del Poder Nacional a la luz de su falta de autoridad en las regiones.
Persecución política
A todo esto se une que los partidos políticos y dirigentes de oposición han sido perseguidos y anulados, además de ser víctimas de una importante campaña comunicacional de descrédito, en lo que la gestión de Maduro ha sido muy eficiente, logrando su objetivo de fracturar a los adversarios agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), lo que ha empeorado la percepción ciudadana ante la posibilidad de una salida electoral a la crisis.
A la falta de instituciones se une una inseguridad jurídica crítica: el presidente es quien legisla a través de decretos leyes sin el aval del Parlamento como lo ordena la Constitución sobre la base de una emergencia económica, decretada desde enero de 2016, cuando la norma señala que la duración máxima del estado de excepción es de 60 días con una sola prorroga de igual lapso.
Existe además un sinfín de leyes inconstitucionales y contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos, que niegan la existencia de derechos, e incluso, su ejercicio los convierte en delitos, como la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, emanada de la ANC, que prevé hasta veinte años de cárcel, cierre de medios y emisoras, y bloqueos de portales, cuyo contenido u opiniones que se expresen sean consideradas por el Gobierno como críticas a su postura.
En este ámbito de la libertad de expresión, los medios de comunicación han sido controlados, comprados, silenciados o perseguidos. Al menos cuarenta y cuatro periódicos dejaron de circular de forma definitiva desde 2013, mientras que otros catorce cesaron sus labores temporalmente. De esta cifra, sólo en 2018 dejaron de imprimirse treinta diarios (en buena medida por falta de papel), de los cuales diez anunciaron el cese total de sus operaciones. Aunado a esto, emisoras de radio y televisión han cerrado sus puertas y hay limitaciones para ver canales de comunicación como CNN o NTN24, por mencionar algunos.
El TSJ ha contribuido con el bloqueo informativo, emitiendo más de cuarenta sentencias que han violado el derecho de acceso a la información, incluidas las relacionadas con las políticas en sector alimentación y salud. En tres años los ministerios no han publicado su informe de gestión anual, el presupuesto nacional, la ejecución del gasto, las contrataciones, el producto interno bruto, los índices de inflación, entre otros aspectos de especial relevancia y cuando las ONG solicitan la información les es negada.
A esto se añade la absoluta inseguridad jurídica que se manifiesta, entre otros, en que las normas dictadas por el Ejecutivo Nacional a veces no aparecen publicadas en Gaceta Oficial (instrumento oficial de publicación de normas jurídicas) en la fecha en que se anuncian (generalmente por televisión en cadena nacional), y cuando se publican finalmente suele hacerse con una fecha anterior a la del día en el que en realidad aparecen, por lo general la fecha del anuncio televisivo. También el TSJ dicta sentencias sin publicar su texto completo, solo el dispositivo o a través de una nota de prensa informa lo decidido.
Concluimos que el quiebre institucional descrito se ha gestado en una crisis económica y social de gran magnitud, que por su tiempo y desatención se ha convertido en una verdadera emergencia humanitaria, lo que explica la verdadera causa del éxodo masivo de un gran número de habitantes del país y revela la absoluta y total responsabilidad del Estado en esta grave situación.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Sin instituciones no puedes hacer valer tus derechos y el poder del más fuerte es el que impera. Sin una economía estable, empresas ni propiedad privada, es difícil conseguir trabajo, o en el caso que tengas empleo, tu remuneración no te permitirá comprar o acceder a lo que necesitas. Por ello, el quiebre institucional es la causa de la emergencia humanitaria que vivimos y no la guerra económica, como suele decir el Gobierno. La guerra a la economía y al país la declaró el Gobierno contra los venezolanos desde que ha dejado de prestar adecuadamente los servicios públicos, de darnos respuestas como ciudadanos y de cumplir con las reglas básicas para garantizar una economía sana, la convivencia y la democracia.
