La justicia en Venezuela puede serlo y hacerlo todo, y ese precisamente es su principal problema. En el caso del juez Argenis Orlando Utrera Marín, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) actuó sin reparo, al imponerle un castigo cometiendo idéntica irregularidad.
En 2007, Argenis Orlando Utrera fue objeto de un procedimiento disciplinario por anomalías procesales durante un juicio. Se le acusó de usar una prueba no promovida por alguna de las partes y de retardar el proceso judicial injustificadamente. En el mismo año, la Comisión de Funcionamiento que investigó al juez resolvió el caso: lo encontró responsable de una falta disciplinaria y lo suspendió por seis meses, pero la Inspectoría General de Tribunales pidió la nulidad de este acto.
La Inspectoría acudió al TSJ en junio de 2007 y su demanda de nulidad fue admitida en noviembre de ese año. Hasta esa fecha el proceso se cumplió con cierta diligencia, pero a partir de entonces el retardo procesal fue lo que mandó. En 2008 el TSJ estuvo admitiendo pruebas y negando a la defensa que se excluyera a la Procuraduría del proceso.
Las notificaciones o avisos a las partes interesadas para que comparezcan en el juicio le llevó casi todo 2009 al máximo tribunal. No fue sino en diciembre de ese año cuando el expediente llegó a la sala y se designó ponente, pero desde allí el caso se paralizó.
Un diferimiento de siete meses del acto de informes –audiencia de presentación del caso por las partes– aplazó sin justificación el proceso en 2010, porque esta moratoria no está prevista en la ley; mientras, decidir una inhibición le tomó once meses.
Así pasó casi todo 2011. En noviembre terminó la sustanciación y se entró en estado de sentencia, la cual debía ser dictada en treinta días, pero a la Sala Político Administrativa (SPA) del TSJ le tomó siete años decidir, ya que la decisión tiene fecha de 1 de noviembre de 2018.
Toda demora que se presente en un juicio, luego de sustanciado el caso y a la espera de sentencia, es atribuible exclusivamente al tribunal, en este caso el TSJ, pero este no dio explicaciones ni justificó la dilación. Mientras en la sentencia, la SPA consideró que diferir la audiencia de juicio varias veces fue abuso de autoridad de Utrera, y causal de destitución, al mismo TSJ le tomó once años resolver este caso, y siete se consumieron esperando el fallo.
Así pues, el TSJ castigó el retardo en el que incurrió el juez Orlando Utrera y por el que fue suspendido seis meses al anular este fallo y considerar los hechos causales de destitución, pero nada dijo de los once años que le tomó resolverlo.
Las estadísticas de la SPA muestran que en los primeros tres años del caso los expedientes decididos casi duplicaron los ingresados, por lo que no se justifica el retardo. Lo sucedido al juez Utrera muestra un poder judicial al que poco le importa replicar los vicios e irregularidades que castiga, minando la confianza en los magistrados por responder a intereses contrarios al derecho, y, sobre todo, ajenos a la justicia.
Si desea tener más información sobre la sentencia en cuestión puede consultar en el siguiente enlace: https://accesoalajusticia.org/abuso-o-exceso-de-autoridad-en-la-actividad-judicial/
