Por diversos factores, los índices delictivos se han disparado en el país en los últimos años (la tasa de muertes violentas pasó de 82 por cada 100 mil habitantes en 2014 a 89 en 2017), y frente a esta situación el Estado ha demostrado poca capacidad de respuesta para resolver el problema.
“Un informe de Acceso a la Justicia reveló indicadores que demuestran que hay más delitos y menos personas detenidas. Por ejemplo, en 2014, hubo más de 54 mil detenidos y en 2015 más de 50.000, pero esta disminución no se corresponde con la comisión de delitos y aquí entra el tema de la impunidad. Si hay impunidad los delincuentes creen que pueden hacer lo que quieran como de hecho están haciendo”, expresó el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, en entrevista sobre el sistema de justicia del país con Rogelio Suárez en el programa De Primera Mano, en Fe y Alegría 88.1 FM (Maracaibo).
El abogado subrayó que una muestra de la poca capacidad de respuesta del Estado frente al delito es la falta de personal clave del sistema de justicia; por ejemplo, no hay suficientes policías. En el estudio de Acceso a la Justicia citado por Daniels se observa que para el año 2006 había 309 policías por cada 100 mil habitantes, y en 2014 (que es hasta cuando hay cifras oficiales en este ámbito), 281 funcionarios, por debajo del promedio (87 policías menos) de 368 efectivos de América Latina en 2011.
“Según un informe del Ministerio Público (MP) disponible en Transparencia Venezuela, a principios de esta década se realizaron en promedio entre 80 y 70 mil imputaciones, cifra que subió a más de 200 mil en 2015. A ello ha contribuido la crisis económica que ha pegado tan duro. Tenemos menos policías y el mismo número de jueces de hace veinte años pero el delito se ha multiplicado, por lo que no existe una capacidad de respuesta que se evidencia en la enorme impunidad que estamos viviendo”, añadió.
De acuerdo con el informe de Acceso a la Justicia, para 2016 había 6,9 jueces por cada 100 mil habitantes, lo que representa un retraso importante si tomamos en cuenta que para 2011 el promedio latinoamericano era de 9 jueces por cada 100 mil habitantes.
El único organismo que ha reflejado un número positivo, apuntó el también profesor universitario, es el Ministerio Público, que incrementó el número de fiscales entre 2004 y 2017 (1.292 a 2.246) e finalmente igualó la tasa de América Latina de 2011, en 7 fiscales por cada 100 mil habitantes.
“Lo malo es que esos fiscales en más del 90% no son titulares, por lo tanto no tienen estabilidad, es el mismo problema de los jueces, pues más de 70% son provisorios, es decir, que pueden ser removidos de oficio, sin motivación, lo que afecta su independencia para poder actuar de manera imparcial e independiente”, afirmó.
Desconfianza
Un dato preocupante de acuerdo con Daniels, y que también es reflejado en el informe citado, es que 70% de los delitos no son denunciados por las víctimas, lo que encuentra explicación en el hecho de que los ciudadanos no confían en las autoridades.
“El tema de la justicia es una gran cadena, los ciudadanos tienen que denunciar, la policía actuar, el MP investigar y si alguno falla, el sistema de justicia hace aguas y eso es lo que está ocurriendo. Vemos que los ciudadanos no denuncian porque no tienen confianza, los policías no hacen su trabajo porque no son suficientes y no tienen los implementos y así sucesivamente, en todos los eslabones hay problemas”, señaló.
Aunado a ello, destacó que de ese 30% de delitos reportados a la policía, el MP presenta 14% a tribunales y sólo 11% tiene una sentencia (cifras de 2011), situación que beneficia a la impunidad.
“La percepción ciudadana es que el Estado no hará nada para reprimir los delitos (…), porque hay mucha desconfianza y la gente no cree que se pueda resolver el problema. Los ciudadanos se pueden preguntar cuántas cadenas nacionales se han hecho (el Gobierno) para hablar del tema del delito y allí tiene la respuesta, al parecer no es una prioridad política, de hecho ha disminuido el presupuesto de todo el sistema de justicia de manera importante”.
Otro aspecto abordado por Daniels fue el sistema penitenciario. Y es que las cárceles venezolanas también son reflejo de la impunidad.
Según el Ministerio para el Servicio Penitenciario, para 2014 había 54.895 detenidos en las cárceles, número que bajó a 50.892 presos en 2015, lo cual tampoco es proporcional con el aumento de la delincuencia de 2014 a 2015.
Enlace al informe: Una política de estado para la impunidad
