El caso de Neila Negrón, jueza destituida en 1999 por presunta corrupción, llegó a su fin el 5 de agosto de 2015, cuando luego de años de litigio el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante una sentencia aceptó la restitución de Negrón en un cargo similar al que ocupaba en la década de los noventa, al determinar que la juez no era culpable de lo que se le imputaba: poseer «signos externos de riqueza que no guardan proporción con los ingresos que percibía en el Poder Judicial».
Por su lado, la Contraloría y el Ministerio Público, quienes investigaban a la jueza (2003 y 2004, respectivamente), habían declarado que no estaba demostrado su enriquecimiento ilícito.
A pesar de ello, en el año 2010 la Sala Político Administrativa (SPA) decidió el caso la primera vez (por sentencia n.º 990 del 20 de octubre), declarando sin lugar el recurso por falta de interés de la demandante, violando con ello una norma constitucional, porque «sacrifica la justicia por la omisión de formalidades no esenciales» (artículo 257 de la Constitución).
En 2011 la Sala Constitucional (SC) anuló esa sentencia con la decisión n.º 1960 del 15 de diciembre de 2011, porque la SPA cometió el error de no preguntarle a la demandada si tenía o no interés en continuar el proceso. Por ello, le dio la orden de volver a dictar la sentencia conforme a derecho e incluso tramitar la jubilación de la jueza, si tal fuese el caso.
La SPA dictó nuevamente sentencia (n.º 950) en agosto de 2015, casi cuatro años después de que la SC le ordenara enmendar su error. Finalmente, hizo lo que debía y le pidió a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) que reincorporara a la jueza Negrón al cargo del que fue destituida con pago de los salarios dejados de percibir desde su destitución hasta su reingreso, y dado lo largo del tiempo transcurrido, que se analizara la posibilidad de jubilarla.
En resumen, el TSJ tardó quince años en darle la razón a la demandante, y lo hizo tan tarde que la misma no puede reincorporarse por razón de su edad al cargo del que fue destituida.
El caso de Neila Negrón demuestra que si eres funcionario, decisiones tardías de la justicia te exponen al escarnio público (cuando se te acusa de corrupción sin pruebas de ello), al publicarse una decisión sobre tu cargo en Gaceta Oficial sin que mediante un juicio rápido puedas limpiar tu nombre o ser indemnizado. Además, tales retrasos pueden ocasionar que tu derecho al trabajo se vea afectado por un proceso, y aun sin ser culpable te quedes sin cargo por largo tiempo y sin justa indemnización.
