Una vez más, el Estado venezolano sale mal parado en instancias internacionales. En el contexto del 55º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el pasado 20 de marzo de 2024, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela, en voz de su presidenta, Marta Valiñas, presentó su reciente actualización oral, así como lo hizo el día anterior la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif.
La MDH en su actualización, que comprende el período entre septiembre de 2023 y mediados de marzo de 2024, señala que los acontecimientos de los últimos meses corroboran su advertencia expresada en su informe de 2023, que afirmaba que aunque hubiera disminuido el número de violaciones a los derechos humanos objeto de estudio de la Misión, la estructura represiva del Estado no se había desmantelado y constituía una amenaza latente que podía activarse cuando el Gobierno lo estimara necesario.
En ese sentido, Valiñas reiteró en su actualización que la represión persiste en el país y que:
«funciona a través de dos modalidades, dependiendo del contexto. Una más violenta que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos, y otra que crea un clima de temor e intimidación que restringe el ejercicio libre de los derechos fundamentales».
Asimismo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH), que desde 2019 investiga graves violaciones a los derechos humanos en el país por mandato de la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos, destacó que la represión, las detenciones arbitrarias y las amenazas continúan, y observa con preocupación que entre las víctimas se encuentran activistas como Javier Tarazona y Rocío San Miguel, detenidos arbitrariamente y enjuiciados sin debido proceso.
En ambas actualizaciones se destaca que el sistema de justicia venezolano sigue jugando un rol fundamental para materializar dicha represión:
«La Misión ha identificado indicios de que los cuerpos de seguridad del Estado continúan cometiendo graves violaciones de los derechos humanos explícitamente mencionadas en el mandato de la Misión, que permanecen impunes. Al mismo tiempo, el Ministerio Público sigue operando como parte de la maquinaria represiva del gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas».
Por su parte, la alta comisionada adjunta, Nada Al-Nashif, aun cuando admitió su satisfacción ante la liberación de al menos 34 personas privadas de libertad como parte de la firma de los Acuerdos de Barbados en octubre de 2023 entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática, hizo énfasis en que la mayoría siguen siendo objeto de procesos penales y deben comparecer periódicamente ante el sistema de justicia.
«En total, en 2023 nuestra Oficina registró 69 liberaciones de personas seguidas por el equipo en el país, de las cuales nueve tuvieron decisiones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Pido su liberación total, así como una vez más, la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente».
La continuidad de las violaciones a los derechos humanos
Al hacer un repaso de los acontecimientos ocurridos entre septiembre de 2023 y mediados de marzo de 2024, la MDH destacó la continuidad de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, haciendo referencia a la represión subsiguiente a las primarias de la oposición y a la detención arbitraria de la defensora de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel. Como actor importante de estas violaciones, señaló al Ministerio Público (MP).
Previamente, la MDH mediante un comunicado de prensa publicado el 13 de febrero a propósito de la detención de la referida defensora, expresó: «Es preocupante que la Fiscalía siga operando de acuerdo con el interés del Gobierno para permitirle una apariencia de legalidad a todos estos abusos».
En su actualización oral la Misión agregó sobre este tema:
«En enero, el Fiscal General dio a conocer una conspiración, que denominó Operación Brazalete Blanco, que, según él, tenía como objetivo asesinar al presidente Maduro y a otras autoridades. El Ministerio de Defensa publicó una lista de 33 militares que fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acusados de estar implicados en varias “conspiraciones”».
Como parte de la presunta conspiración, la MDH señala que:
«Rocío San Miguel, una destacada defensora de derechos humanos y experta en temas de seguridad, fue detenida sin orden judicial en la mañana del viernes 9 de febrero en el Aeropuerto de Maiquetía, cuando se disponía a viajar junto con su hija. Los familiares y abogados de San Miguel intentaron averiguar sin éxito su paradero.
(…)
Esta práctica de intimidar con acciones penales a familiares y allegados de las personas objetivo de las autoridades responde a un patrón ya reportado en informes anteriores de la Misión».
En el mismo orden de ideas, la alta comisionada adjunta denunció:
«desde enero de 2023, el ACNUDH ha documentado 18 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad en el contexto de la detención. Estas personas fueron detenidas por funcionarios del Estado y permanecieron incomunicadas durante horas o incluso semanas. Durante este período, hubo una negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento del destino o su paradero. La mayoría de las personas se enfrentaron posteriormente a cargos relacionados con conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición y lavado de dinero».
Continúa también la restricción del espacio cívico
En su actualización oral, el ACNUDH expresó su rechazo por la decisión del Gobierno venezolano de suspender las actividades de su oficina en el país, pues aseguró que es una medida incompatible con los términos de la Carta de Entendimiento firmada con la misma.
A partir de esa preocupación manifiesta, hizo un llamado a las autoridades «para que se abstengan de adoptar el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines en Venezuela, que incluso podría impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria vital».
En el mismo sentido, la MDH reiteró en el ya citado comunicado de prensa del 13 de febrero que estas acciones tienen como fin atacar y debilitar aún más el espacio cívico:
«En Venezuela, las medidas de represión e intimidación dirigidas a reducir el espacio cívico —ahora en mayor riesgo con la próxima aprobación de la ley que regula las organizaciones no gubernamentales y que afecta a su independencia— siguen combinándose con otras gravísimas medidas de represión».
Asimismo, en su actualización oral la MDH se refirió a una conspiración —denunciada por el MP— «contra la celebración del referéndum consultivo» sobre la Guayana Esequiba que se celebró el día 3 de diciembre del año pasado, sosteniendo al respecto que «La Misión constata que, como ya ocurrió en el pasado, las autoridades invocan “conspiraciones” reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del gobierno».
Y a ti venezolano, cómo te afecta
Tanto la MDH como el ACNUDH confirman que en Venezuela sigue habiendo violaciones graves a los derechos humanos, y ambos destacan el rol fundamental del sistema de justicia para materializar la represión de los cuerpos de seguridad del Estado, en particular el MP a través de su máxima autoridad: el fiscal general.
Asimismo, ambas instancias confirman que hay una mayor restricción del espacio cívico y hacen un especial llamado a las autoridades venezolanas de abstenerse de aprobar el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines en Venezuela, que incluso podría impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria vital, así como de liberar a los defensores de derechos humanos Javier Tarazona y Rocío San Miguel, ambos detenidos arbitrariamente y sometidos a un proceso judicial injusto y sin garantías.
