Los intentos de la administración de Nicolás Maduro de hacerle creer a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que está investigando y juzgando los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país al menos desde 2017, han resultado infructuosos. Así lo dejó en claro el despacho encabezado por el jurista británico Karim Khan, quien expresó su deseo de continuar con las investigaciones relacionadas con las gravísimas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en el país.
La petición figura en la comunicación que el pasado 20 de abril la Fiscalía le envió a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos) y en la cual anuncia que le solicitará a esta instancia que «autorice la reanudación de su investigación en virtud del artículo 18(2) del Estatuto (de Roma)». Asimismo, le requirió que «solicite observaciones de las víctimas o sus representantes legales, así como de otros participantes interesados».
La solicitud de Khan se produce luego de que el 16 de abril venciera el lapso que les había dado a las autoridades venezolanas para que le informaran de las acciones que habían tomado a fin de castigar los crímenes constatados por su despacho; y casi dos semanas después de que el funcionario realizara su segunda visita a Caracas en menos de seis meses.
Procesos estancados
Khan, en su escrito a la Sala de Cuestiones Preliminares, informó que las autoridades venezolanas atendieron su requerimiento y le informaron que «a través del Ministerio Público y el Poder Judicial están investigando o han investigado a sus nacionales u otros dentro de su competencia respecto de presuntos hechos punibles contra los derechos humanos».
La respuesta a la Fiscalía de la CPI la dio el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia González, quien en un informe fechado en Caracas el día 15 de abril aseguró que de los 124 casos sobre los cuales la Fiscalía pidió información, 116 se encuentran en fase preparatoria, cinco en juicio y solo tres han concluido con sentencias condenatorias.
Los datos que el canciller dio a Khan se pueden expresar de la siguiente manera: 93,5% de los casos están aún bajo investigación, es decir, el Ministerio Público (MP) venezolano no ha terminado de individualizar a los posibles responsables de los hechos o de recabar las pruebas que permitan sustentar una acusación contra ellos. Esto a pesar de que, si se refiere a los casos de 2017, han transcurrido aproximadamente cinco años desde que ocurrieron, y si alude a los de 2014, son ocho años, cuando según el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) vigente para el momento de los hechos, una investigación no debería durar más de dos años.
Los números confirman lo que las organizaciones de derechos humanos denuncian desde hace años: la impunidad en Venezuela está institucionalizada y las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares tienen casi nulas posibilidades de conseguir justicia.
Tras indicar que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DCGIM) y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) figuraban entre los investigados por presuntos hechos ocurridos desde 2014, Plasencia informó que 30 funcionarios han sido imputados, 27 acusados y 14 permanecen detenidos. Al respecto debemos destacar que de los 124 casos sobre los que informó, apenas 14 funcionarios están privados de libertad.
Sin embargo, es esperanzador que el Gobierno dé cuenta de casos de 2014, porque el examen preliminar abierto por la Fiscalía de la CPI fue inicialmente sobre los hechos de 2017, por lo que esta admisión del Gobierno es un indicio de una apertura del marco temporal de la investigación que esperamos sea confirmada formalmente por la instancia internacional.
La reacción desde el MP no se hizo esperar. El titular de esta institución aseguró a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) lo siguiente:
«En materia de derechos humanos no hemos necesitado que venga un experto, un comisario de una transnacional de justicia para nosotros actuar en el sistema interno (…) En Venezuela las violaciones a los derechos humanos se sancionan, persiguen y juzgan, sin necesidad de que exista una especie de coloniaje jurídico (…) Sinceramente no hace falta que la CPI investigue y en la práctica lo vamos a demostrar».
Solicitud injustificada
Pese a que el Gobierno de Maduro admitió por medio de Plasencia que apenas el 2,4% de los crímenes por los cuales la Fiscalía de la CPI le pidió información han terminado con una condena, consideró que está haciendo su tarea y, por ello, le solicitó a esa instancia «abstenerse formalmente de la investigación a favor de las actuaciones realizadas por las autoridades nacionales competentes de Venezuela».
Para justificar su petición, recordó que en los últimos meses las autoridades han impulsado una serie de reformas legales que han desencadenado el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), o que se proscribió el procesamiento de los civiles por parte de los tribunales militares. Sobre esto último dijo que «permitió la declinatoria hacia la jurisdicción ordinaria de 328 causas» y que «actualmente ningún civil está siendo procesado por la jurisdicción militar».
Sobre esto último, consideramos oportuno recordar que la Sala Constitucional dejó abierta la posibilidad para que los civiles terminen ante los jueces castrenses, apenas tres meses después de que la AN electa en 2020 modificara el Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) para proscribir el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares. Así, la pretendida reforma en la práctica quedó anulada por la decisión de la Sala Constitucional.
La petición venezolana ha sido desestimada por Khan, quien señaló que las autoridades venezolanas «no han proporcionado materiales adicionales» que le permitan concluir que ciertamente están investigando los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país. En otras palabras, para el Fiscal de la CPI los fallos y las reformas legislativas e institucionales hasta ahora adelantados no han sido suficientes para considerar que Venezuela está haciendo justicia, reparando a las víctimas y tomando medidas para evitar que estos hechos se repitan.
Nada de promesas
En su escrito, Khan reiteró su disposición a «apoyar y participar activamente en cualquier esfuerzo interno para permitir que las autoridades venezolanas competentes lleven a cabo procesos pertinentes y genuinos en relación con los delitos» ocurridos en el país. Sin embargo, también advirtió que él no adoptará ninguna decisión sobre Venezuela con base en promesas. «La evaluación de complementariedad de la Fiscalía no puede ser prospectiva y especulativa, sobre la base de hechos que puedan ocurrir en el futuro», indicó.
Días después de su visita a Caracas, en una entrevista a un diario español, el jurista británico ya dejó en claro que su despacho cumplirá con el mandato que le fija el Estatuto de Roma de investigar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, si la justicia local no lo hace, pero que si esto ocurre no actuará. Khan declaró lo siguiente:
«Yo he dicho que, si un país intenta ponerse en el nivel que debe para cumplir con sus obligaciones del Estatuto de Roma, yo me retiro. Pero eso no es un favor, no es un regalo, es una obligación que tengo. No me voy a quedar aferrado a un caso o a una situación si veo que el país está haciendo un esfuerzo genuino. Usted ya vio lo que hice en Colombia: cerré el caso allí [en 2021] pero no di un cheque en blanco, fue una situación condicional a que continúe la Jurisdicción Especial para la Paz, y el financiamiento para esta, y que no haya intervención política contra esta. Si no, por supuesto, podría volver a entrar».
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La decisión de Karim Khan es una buena noticia para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país y para sus familiares, pues revela que las maniobras de las autoridades venezolanas por intentar escapar de la justicia internacional han vuelto a fracasar. No se puede olvidar que a lo largo de 2020 y 2021, sobre todo desde el MP, hubo maniobras para intentar evitar el inicio de la investigación que sin duda retrasaron el paso del examen preliminar a esta nueva etapa. Asimismo, la decisión del fiscal Khan revela que en La Haya (Países Bajos) están bastante informados de lo que ocurre en el país.
Este paso es otro más dentro del complejo y largo proceso que se abre para esclarecer la verdad de los hechos ocurridos a partir de 2017, cuando decenas de venezolanos perdieron la vida y miles más fueron detenidos, maltratados o torturados por ejercer sus derechos constitucionales a la protesta, libertad de expresión y, sobre todo, por defender la democracia.
