Venezuela es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando se instrumentaliza el derecho y la justicia al servicio de la política. El régimen, que gobierna desde 1999, creó una verdadera hoja de ruta de toma del poder absoluto, mediante una fachada de institucionalidad para aparentar la existencia de un Estado de derecho. En ese escenario, la cooptación del sistema de justicia y, en especial, del Poder Judicial ha sido el elemento clave, señaló Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia.
El abogado, durante su intervención en el evento ¿Por qué es necesaria una Comisión de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela?, realizado en Ginebra el 9 de septiembre, denunció que la situación del país evidencia lo que puede pasar cuando no se atienden a tiempo las alertas o denuncias sobre violaciones graves a la independencia judicial, al Estado de derecho y a los derechos humanos.
En ese sentido, el director de la organización no gubernamental (ONG) denunció que, de manera progresiva, el Poder Judicial fue invirtiendo su rol y, en vez de proteger los derechos de los ciudadanos y la Constitución, es un “legitimador” de lo que se hace desde el poder. Además, este poder público se ha convertido en un importante órgano de represión.
Un aspecto importante en la instrumentalización del sistema de justicia al servicio del Gobierno de Nicolás Maduro es el papel desempeñado por el TSJ como máxima instancia judicial y órgano de gobierno y administración del Poder Judicial y, sobre todo, de su Sala Constitucional (SC). Alí Daniels enfatizó que esta sala ha distorsionado su rol de juez constitucional, arrogándose competencias que no tiene, llegando a cambiar la Constitución, e incluso, actuando de oficio (sin solicitud de parte alguna) o dictando decisiones que no pública.
Acceso a la Justicia advirtió que la arbitrariedad del TSJ llega al punto de que ha dictado sentencias que prohíben la salida del país a diputados, pero nunca ha publicado los textos de esas decisiones. En otros casos condena a personas y no se conoce el porqué.
Por otra parte, la persecución contra el Parlamento se manifiesta en que el Tribunal Supremo de Justicia ha llegado a anular el único poder legítimo y constitucional que queda en Venezuela, la Asamblea Nacional (con 2/3 partes de diputados de oposición), por medio de 105 sentencias desde su elección en diciembre de 2015.
Asimismo, el director de Acceso a la Justicia señaló en el evento que, en complicidad con el régimen, el TSJ anuló los derechos de los venezolanos con por lo menos 160 sentencias. Dentro de estas decisiones se encuentran las que avalan un estado de emergencia sin límites desde hace más de tres años, el cual le concede todo el poder al presidente de la República sin control alguno, permitiendo que apruebe el presupuesto nacional usurpando las potestad de la Asamblea Nacional.
Corrupción y emergencia humanitaria
El director de Acceso a la Justiciaseñaló que el caso venezolano también es un ejemplo de los efectos de la gran corrupción en los derechos humanos, como se ha evidenciado con la emergencia humanitaria compleja que afecta al país. Para tener una dimensión de la corrupción del régimen, según la ONG Transparencia Venezuela, el monto de pagos a Odebrecht fue de 13.226 millones de dólares; las obras de Odebrecht no han sido concluidas y aun así hay impunidad total, sin que nadie haya sido imputado ni mucho menos condenado por ello.
El régimen de Maduro, mediante el TSJ, ha hecho de la persecución política un patrón y una política sistemática e intencional del Estado contra quien piense distinto. Manifestar en Venezuela es delito, pues así lo dice la “Ley” contra el Odio, aprobada por un órgano inconstitucional e ilegítimo que el Gobierno creó para sustituir a la AN, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La falsa institucionalidad llega al punto de que los jueces militares, contrario a lo que dice la Constitución, son nombrados por el Poder Ejecutivo, para luego juzgar a civiles, como es el caso del líder sindical Rubén González, condenado a cinco años de prisión.
La perversión del sistema judicial es tal que unos bomberos, por un video satírico, fueron acusados sobre la base de la citada “Ley” contra el odio, que contempla penas de hasta treinta años, mientras que a los responsables de la tortura y muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien se encontraba en poder del Estado, de acuerdo con la ONG Foro Penal, apenas los condenarían con 9 años de prisión. Esa es la justicia revolucionaria.
Según Bloque Constitucional, al menos 76% de los jueces en Venezuela son nombrados a dedo y pueden ser destituidos sin proceso alguno, en cualquier momento. De acuerdo con el portal ArmandoInfo, 56,3% de los jueces son o han sido miembros del partido oficial. Los jueces incluso muestran su pertenencia al partido de gobierno en sus redes sociales como muestra de lealtad al Poder Ejecutivo. Esta es la razón por la cual no hay jueces imparciales o independientes.
En ese contexto, el temor de los jueces al Gobierno es tal que nada hacen cuando la policía política se niega a cumplir sentencias que liberan presos políticos, pero si la AN intenta actuar, anula todas sus decisiones. De allí que no sorprenda que la impunidad sea la regla para las violaciones de derechos humanos y en general para todo tipo de delito.
Acceso a la Justicia puntualiza que en Venezuela se aplica el derecho penal del enemigo, y en particular, se utiliza la figura del enemigo interno, según el cual a cualquiera que tenga ideas contrarias al gobierno de facto, se le niegan sus derechos, no sólo en el ámbito penal sino en otras áreas jurídicas.
El rol del sistema de justicia está tan tergiversado que no se ocupa de atender ni siquiera las quejas de los ciudadanos comunes, incluso frente a las masivas violaciones que comete a diario el régimen en materia de salud y alimentación por causa de la crisis humanitaria de la que es responsable. Un ejemplo de ello es el de las cuatro demandas intentadas por la ONG Cecodap, la cual pidió que el Poder Judicial obligara al Gobierno a proporcionar medicamentos para niños en riesgo, sin embargo, en las cuatro oportunidades le fue negada su petición.
El caso anterior demuestra claramente que en Venezuela no se puede hablar de sistema de justicia ni Poder Judicial, sino de un brazo sancionador que aplica condenas judiciales según la conveniencia del Ejecutivo. En el país es clara la inexistencia de un verdadero Poder Judicial ni de jueces que protejan los derechos de los ciudadanos ni sancionen a los responsables, pues solo protegen al poder. Por tanto, en Venezuela la justicia es en realidad la falta justicia.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La ausencia de justicia afecta todos los ámbitos de la vida ciudadana e impide el normal funcionamiento del país. En medio de un Poder Judicial al servicio del régimen y que no cumple con su función constitucional, no hay garantías para el derecho a la vida, viéndose coartados con ello otros derechos, como a la alimentación, a la salud y a disentir. Además, cualquier ciudadano puede ser blanco de persecución en medio de un contexto de impunidad sistemática.
