El gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, aseguró que la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en el país sin previa aprobación del pueblo venezolano mediante referéndum significa la “consolidación de una dictadura en el país’’.
‘’Todo el que esté enfermo de poder no puede hacer una Constitución a su manera. Hay que consultarle al pueblo si está de acuerdo o no con lo que se está proponiendo’’, expresó el mandatario regional.
El líder indígena alertó no sólo sobre los poderes supraconstitucionales de la ANC tales como la anulación de poderes públicos como la Asamblea Nacional, dominada por la oposición al Gobierno, sino sobre los cambios que pudiera sufrir la actual Carta Magna, aprobada en consulta popular en 1999. Al respecto señaló que el nuevo texto constitucional podría ser una “negación’’ del actual.
Vale recordar que sobre Guarulla pesa una medida de inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años, impuesta por la Contraloría General de la República (CGR), por lo que el dirigente de Avanzada Progresista no podrá postularse a las próximas elecciones estadales convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en principio, para el 10 de diciembre de este año.
Acceso a la Justicia ha denunciado en numerosas oportunidades que dichas sanciones se están convirtiendo en una práctica recurrente para amenazar e incluso aniquilar a opositores al Gobierno que se desempeñan como gobernadores o alcaldes.
En esta ocasión le tocó el turno a Guarulla, pero recordemos casos previos como el del exalcalde del municipio San Diego (Carabobo), Enzo Scarano Spisso, y la máxima autoridad de Miranda, Henrique Capriles Radonski, inhabilitados igualmente por 15 años.
Lamentablemente estas decisiones de la CGR en el contexto actual en que se encuentra el país, se suman al popurrí de violaciones a la Constitución que solo profundizan la ruptura del orden democrático y la infortunada situación de los derechos humanos en Venezuela.
En efecto, estas inhabilitaciones de cargos de elección popular dictadas por el órgano contralor no solo violan el debido proceso al no ser producto de una decisión de un tribunal penal, como ha advertido la Corte Interamericana de Derecho Humanos y como lo exige nuestra Constitución (artículo 42) y legislación (artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal), sino que además vulneran y niegan la democracia representativa, que es un pilar fundamental de toda democracia.
¿Y a ti venezolano cómo te afecta?
Acceso a la Justicia quiere insistir en que no pareciera haber duda de que la finalidad de las inhabilitaciones dictadas por la CGR es que existan menos candidatos de la oposición en las próximas elecciones, y mientras menos ofertas electorales haya, inferiores serán las posibilidades de elección que tendrá el ciudadano; es innegable que se pretende dificultar el ejercicio de la soberanía popular proclamada en el artículo 5 constitucional. A ello ahora le sumamos la negativa del Ejecutivo a someter a referéndum la propuesta de instalación de una ANC y la igualdad del voto de los venezolanos en la elección de sus miembros.
El buen desenvolvimiento de la democracia exige como premisa mayor el fortalecimiento de instituciones capaces de garantizar el ejercicio del sufragio, la participación política, la alternancia en el ejercicio del poder, por mencionar algunos. Pero cuando se imponen mecanismos y fórmulas que no son respetuosas a los valores y acciones de la vida en democracia los venezolanos corremos el riesgo de afrontar un sistema anti-democrático y violador de los derechos humanos.
Mientras persista esta situación y no sean restablecidos el libre ejercicio de estos, está claro que no podremos hablar de Venezuela como un Estado democrático y de derecho.
