La modalidad de asaltos y allanamientos a zonas residenciales en varias ciudades del país como Caracas, Valencia, Maracay, Barquisimeto o Guayana por parte de las fuerzas de seguridad durante los cuatro meses que duraron las protestas contra el Gobierno nacional, llevaron a concluir que dichas acciones no fueron aisladas sino que se trató de una política de Estado para reprimir a la disidencia política por lo sistemático, organizado y coordinado de los ataques, bajo la complicidad del poder judicial.
Durante el foro Hablemos Derechos Humanos. Guayana en Contexto, la coordinadora de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), Mairis Balza describió cómo los habitantes de Guayana fueron víctimas de esta terrible situación por ejercer el derecho a la protesta contra los abusos de poder del Ejecutivo.
La abogada relató que fueron nueve las zonas residenciales en las que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), además de civiles progobierno armados (colectivos), causaron destrozos en medio de allanamientos ilegales a al menos cincuenta apartamentos y áreas comunes de los edificios (destrucción de sistemas y portones de seguridad, ascensores, puertas, lámparas y quince vehículos). Cada ataque se prolongó más de cuatro horas en promedio.
Más de 1.800 familias fueron perturbadas y asediadas en su propiedad. Si desde un apartamento se negaban a abrirles a los efectivos, les tumbaban las puertas, rompían las ventanas y si se hallaba algún joven lo detenían. Eso sin contar las amenazas, insultos, psicoterror e intimidación a mujeres y niños, contra el principio del interés superior que debe garantizarse para estos grupos vulnerables y la familia.
Predominó el uso indiscriminado, desmedido y arbitrario de sustancias tóxicas (bombas lacrimógenas) y perdigones, robos de bienes materiales y artículos personales en apartamentos y casas (teléfonos, laptops, utensilios de cocina, documentos y llaves). Una casa resultó quemada en su totalidad y parte de un apartamento a causa de una bomba lacrimógena que cayó en su interior.
La experta concluyó que toda esta situación constituye una inadmisible violación de los Derechos Humanos por su arbitrariedad y desproporción que pudiera generar responsabilidad internacional para el Estado, el quiebre general del orden constitucional, la falta de garantía generalizada de los derechos constitucionales y por tratarse de crímenes perpetrados o auspiciados por el aparato estatal contra la población.
Enlace a la presentación: Presentacion ataques a villa latina
