El hacinamiento carcelario –entendido como la relación superior entre el número de reos y la capacidad del espacio donde están recluidos – siempre ha sido un motivo de preocupación para las organizaciones civiles que evalúan de forma constante la situación de las cárceles en el país y una piedra en el zapato para la gestión de cualquier organismo público en el área.
Acceso a la Justicia realizó un informe sobre el desempeño del sistema penitenciario durante el período 2001-2015, en el que se destaca como “preocupante” el índice de hacinamiento en los penales del país, pues aumentó “de forma intensa” entre 2012 y 2013 al llegar a casi 300% con una población promedio de más de 50.000 reclusos. Para 2006, la sobrepoblación carcelaria ya superaba 200%.
“El hacinamiento es resultado de las fallas en las decisiones tomadas por los tribunales penales y son un reflejo de la impunidad imperante (…). En 2005 hubo hasta 70% de presos no sentenciados en un proceso judicial y en 2015 poco más de 60%”, reza el estudio.
Durante el período estudiado la tendencia en el número de privados de libertad se mantuvo de forma ascendente hasta 2014, al pasar de 10.752 presos (en 2001) a 54.895. Luego la cifra bajó a más de 50.000 en 2015. Pese a la disminución, la evaluación de la ONG advirtió que no son buenas noticias, porque por un lado la población reclusa bajó, pero por el otro, los índices de criminalidad repuntaron, lo cual se traduce en impunidad. En Venezuela la tasa de homicidios, durante el 2015, fue aproximadamente de 90 por cada 100 mil habitantes, mientras que en otros países de América Latina como Brasil era de 26.
De igual forma, en 2014, la tasa de población penal por cada 100.000 habitantes es de poco más de 180, lo que es bajo si se compara con la de Brasil, Colombia o México, países en los que la inseguridad es un gran problema público (sus tasas en 2012 eran 274, 245 y 210 por cada 100.000 habitantes, respectivamente). Sin embargo, inclusive, en naciones con menores problemas de criminalidad hay tasas mucho más elevadas que en nuestro país (314 y 266 por cada 100.000 habitantes para Costa Rica y Chile), lo que nuevamente denota más que un verdadero bajo índice carcelario, un alto índice de impunidad a la luz de la alta tasa de criminalidad.
El hacinamiento carcelario es consecuencia directa del retardo procesal y de los pocos recursos que se destinan a la administración de las cárceles. El informe destaca que sólo 30% de la población penal había recibido condena en vista de las deficiencias del sistema de administración de justicia (tales como retraso de las investigaciones por parte del Ministerio Público que es la parte acusadora y en las audiencias de los tribunales de control), lo que explica la alta proporción de reclusos que aguardan sentencia por el delito cometido.
Por otro lado, dentro del conjunto del gasto público los recursos asignados al sistema penitenciario han sido muy bajos: no sólo han tendido a disminuir en términos reales, sino que han significado una baja proporción de los ingresos de la nación (0,16% del Presupuesto Nacional para 2015). Este bajo volumen de recursos influye negativamente en la atención de los reclusos en las cárceles y en el mantenimiento y expansión de infraestructuras acordes.
De lo anterior resulta evidente que la crisis del sistema penitenciario en el país es un problema que ni la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en 2011 ha podido resolver, porque es derivada de las deficiencias en el sistema de administración de justicia en el país (retardo procesal) y de la poca asignación de recursos al rubro carcelario, que luego se manifiestan en hacinamiento carcelario, corrupción y violencia.
Y a ti venezolano ¿cómo te afecta?
El hacinamiento aumenta la criminalidad en las cárceles, se vuelven universidades del delito, en vez de centros donde puede lograrse la reinserción del recluso en la sociedad. Esto es muy negativo para todos y en especial para los ciudadanos objeto de prisión.
