Las cárceles venezolanas han vuelto a ser noticia. La breve huelga de hambre que estalló el pasado 9 de junio y que se propagó rápidamente por más de 50 prisiones y centros de detención preventiva ha conseguido que la atención se centre nuevamente en el colapsado sistema penitenciario y ha corroborado que la llamada «revolución judicial» puesta en marcha hace 3años por el Gobierno no ha arrojado los resultados deseados.
«Se la ha dado un plazo de 60 días a esta comisión especial para que solucione de manera profunda y de raíz, con justicia y sin impunidad el hacinamiento en los centros de detención preventiva del país, (para que) regularice el paso a los centros penitenciarios del país de todo el personal que esté siendo juzgado por el sistema de justicia».
Con estas palabras, Nicolás Maduro anunció el 21 de junio de 2021 la puesta en marcha de una nueva instancia que se encargaría de combatir el hacinamiento carcelario.
La llamada Comisión para la Reforma del Poder Judicial, encabezada por los diputados Diosdado Cabello y Cilia Flores, tenía la peliaguda tarea de revisar y decidir los casos de las 38.736 personas que en ese momento se encontraban detenidas en calabozos policiales y junto con los cuales la población reclusa venezolana superaba los 81.000, de acuerdo con los datos que manejaba la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020.
A la comisión le siguieron reformas aprobadas por el Parlamento al Código Orgánico Procesal Penal (COPP), Código Orgánico de Justicia Militar y Código Orgánico Penitenciario, adoptadas en septiembre de 2021. Más recientemente se produjeron las intervenciones de centros penitenciarios y anuncios como la resurrección de iniciativas tales como las famosas casas de justicia, que buscaban acercar la justicia a las comunidades.
Sin embargo, la huelga carcelaria ha confirmado el fracaso de las medidas.
Entre destituciones y denuncias de complots
La reacción de las autoridades a la crisis siguió el guion que se ha venido aplicando desde hace años frente a situaciones como estas. Así, por un lado, el presidente de la República no se refirió expresamente a la protesta de los reclusos, sino que destituyó de manera fulminante a la ministra de Servicio Penitenciario, Celsa Batista, quien estaba en el cargo desde febrero de 2023; y la sustituyó por el hasta ahora diputado Julio García Zerpa, que ha comenzado a recorrer los distintos centros penitenciarios para escuchar a los familiares de los reclusos.
«Tenemos que construir una nueva gobernabilidad, un nuevo régimen penitenciario, tenemos que acabar con la corruptela», le ordenó el mandatario al nuevo responsable de las cárceles.
Por su parte, el ministro del Interior, Remigio Ceballos, apeló a la conocida carta de la conspiración para explicar los hechos.
«Hay un plan que intenta alterar la estabilidad de los centros penitenciarios», aseguró el funcionario, quien indicó que detrás de la operación estarían «los imperios» que quieren apoderarse de los recursos naturales y del territorio venezolano, como El Esequibo.
El meollo del asunto
Sin embargo, el hecho de que Maduro exigiera al nuevo ministro Zerpa ponerle fin al retardo procesal indica que las autoridades están conscientes de cuál es la raíz de la crisis.
Organizaciones de derechos humanos y expertos aseguran que una de las causas fundamentales del hacinamiento y de las malas condiciones carcelarias es precisamente la incapacidad de los jueces de enjuiciar a los privados de libertad en los tiempos que ordena la ley.
El problema, no obstante, no solo es achacable al Poder Judicial, sino que hay otros actores que tienen su cuota de responsabilidad en él, como el Gobierno, que como encargado de la administración de las cárceles no tiene únicamente la misión de garantizarles la salud, la alimentación y la recreación a los privados de libertad, sino que además debe asegurarse de que los reclusos sean trasladados a los juzgados cuando estos los requieran.
Esto denunció al respecto el Observatorio Venezolano de Prisiones, agrupación especializada en monitorear el sistema penitenciario.
«Tal como hemos denunciado desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en innumerable cantidad de oportunidades, son muchos los privados de libertad que se encuentran en cárceles lejanas a los tribunales donde reposa su causa. Entonces, la principal excusa para no trasladarlos en tiempo y forma hacia estos tribunales es que no hay transporte o gasolina, incluso hay casos en los que los presos tienen hasta 40 diferimientos de audiencia en un lapso de dos años y otros a los que se les interrumpe el juicio».
La ausencia de los fiscales o la falta de insumos en los juzgados, en particular del servicio de luz eléctrica, también contribuyen con las demoras, de acuerdo con conocedores de la materia.
La persistencia de los aplazamientos de las audiencias y de los juicios han convertido en letra muerta la última reforma del COPP aprobada en septiembre de 2021, que no solo redujo los plazos procesales, sino que también prevé sanciones para las partes que obstruyan el proceso, aunque no para los funcionarios públicos.
Peor el remedio que la enfermedad
A finales de 2023 las autoridades lanzaron una serie de operaciones para neutralizar a los llamados «pranes», cabezas de organizaciones criminales que operaban en las cárceles y que tenían capacidad para actuar fuera de ellas. Así, en cuestión de semanas prisiones como Tocorón (Aragua), Tocuyito (Carabobo), Puente Ayala (Anzoátegui), La Pica (Monagas), Vista Hermosa (Bolívar), Cárcel Nacional de Trujillo y La Cuarta (Yaracuy), fueron tomadas militarmente.
Aunque en ese momento las autoridades aseguraron que habían recuperado el control de dichas instalaciones y liquidado a las bandas que allí operaban, algunas medidas que adoptaron para lograr dichos objetivos han desatado la actual crisis. Varias de las prisiones tomadas fueron cerradas y ello obligó a trasladar a cientos de reclusos a otros penales, muchos de ellos alejados de los tribunales que tienen sus causas. Esto ha dificultado aún más la celebración de las audiencias.
«Hace 2 meses que no lo suben a los tribunales», se quejó la esposa de un recluso que se encuentra en la cárcel del Rodeo III (Miranda), a un diario español. Por su parte, la madre de otro relató a una agencia de noticias que tiene 8 meses sin verlo, pues lo llevaron a una prisión muy lejana para ella. «¿Por qué nos mandaron esos muchachos tan lejos? Uno no les puede llevar ni un jabón, ni un pedazo de pan», relató.
Asimismo, los traslados han agravado el hacinamiento que ya reinaba en las cárceles que han recibido a los reclusos de las prisiones intervenidas. Para 2022, el OVP estimaba que en los penales venezolanos había 164,19 % personas más de lo que ellas podían albergar. Sin embargo, para 2024 en algunos recintos, como el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) la cifra había alcanzado 185,71 %, de acuerdo con el OVP.
¿Y la justicia?
La incapacidad del Ministerio del Servicio Penitenciario para cumplir con su responsabilidad de llevar a los reclusos a los tribunales para que enfrenten sus procesos es, según los expertos y los propios privados de libertad y sus familiares, uno de los principales motivos del retardo procesal. No obstante, las autoridades judiciales tampoco actúan contra este problema.
Aunque desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se aseguró a principios de este año que se tomarían medidas, lo cierto es que no hay evidencias de que las mismas hayan surtido efecto. Prueba de ello es la opacidad que rodea al llamado Plan de Impulso Procesal 2024.
La iniciativa, como se informó en su momento, buscaba que las autoridades de cada circuito judicial penal recopilaran los casos de los condenados para que los jueces de ejecución decidieran con mayor prontitud sobre el otorgamiento de eventuales beneficios procesales. No obstante, casi 4 meses después de anunciada la medida se desconocen cuántas personas se han beneficiado. Acceso a la Justicia no consiguió ningún balance tras revisar la web del TSJ.
Sin embargo, sí se halló información respecto a otra iniciativa que el máximo juzgado volvió a poner en marcha en los últimos meses para «acercar la justicia a las comunidades»: los tribunales móviles. Según el TSJ, 90.867 personas han sido atendidas por los juzgados itinerantes.
Ahora ¿cuántas de ellas han visto sus juicios resueltos? Ninguna, porque los tribunales móviles no han decidido un solo proceso judicial, sino que se han dedicado a realizar trámites tales como, según informó el organismo rector del Poder Judicial (aunque esto no sea materia de su competencia):
«redacción de títulos supletorios, obligación de manutención y carga familiar, declaración de únicos y universales herederos, rectificación de actas de matrimonio, nacimiento o defunción, declaración jurada de no poseer vivienda, cartas de soltería, curatela, divorcios por mutuo acuerdo, entre otros».
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La reciente huelga de hambre que estalló en las cárceles volvió a poner sobre el tapete la situación inhumana en la que sobreviven miles de venezolanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual de 2023, capítulo IV.b dedicado a Venezuela, calificó la situación de los privados de libertad en el país como «una de las más graves de la región». Y no debe sorprender, porque las prisiones venezolanas no solo no son lugares de reinserción social, sino «universidades del delito», donde las posibilidades de morir violentamente o por enfermedades como la tuberculosis es extremadamente alta.
La protesta no debería haber sorprendido a nadie, porque las causas estructurales de la crisis penitenciaria no se han atacado, pese a los anuncios y publicitadas medidas como las intervenciones militares que las autoridades lanzaron contra varias prisiones a finales del año pasado. El retardo procesal, que provoca hacinamiento y agrava las malas condiciones sanitarias y alimenticias de los reclusos, sigue campeando a sus anchas.
Como han denunciado organizaciones como el OVP y Una Ventana para la Libertad en una reciente publicación, las decisiones gubernamentales adoptadas luego de las tomas militares de algunas cárceles, como el traslado de reclusos a recintos más alejados de los tribunales que tienen sus causas han agravado el problema, pues dificultan aún más realizar los traslados de los privados de libertad en los tiempos exigidos.
Los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con casos emblemáticos como las masacres del retén de Catia de 1992 y la cárcel de Vista Hermosa de 2003 establecen una hoja de ruta para que las prisiones venezolanas dejen de ser depósitos humanos. Ojalá las autoridades decidan finalmente tomar en consideración dichos documentos.
