Desde la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Gobierno aclaró que dicha instancia tendría poder originario, por lo que podría cambiar todas las normas existentes, incluso la Constitución y además, destituir a cualquier autoridad o representante del poder público existente.
La manera de llevar adelante el proceso constituyente no pudo ser menos democrática. Fue convocado por el presidente de la República, no por el pueblo mediante un referéndum como en cambio lo exige la Constitución, y además no participó la oposición representada en sus partidos políticos.Pero posiblemente lo más grave que es que se modificó el principio del sufragio universal y directo previsto en la Carta Magna, al establecer un sistema de elección sectorizada. Dicha decisión por supuesto contó con el visto bueno de la Sala Constitucional del TSJ, la cual en su sentencia 455 del 12 de junio de 2017 dictaminó: “Ningún sistema electoral es puro, siempre es mixto y el propuesto, que no está obligado a seguir a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, es una modalidad que busca la personalización del sufragio y la representación nacional, a través de la unidad política fundamental: el municipio. Asimismo, la representación sectorial está en la base de la democracia directa, contemplada en la Constitución y desarrollada por el legislador”.
De manera repentina y en un tiempo récord, el Consejo Nacional Electoral (CNE), después que manifestó su incapacidad de organizar el revocatorio presidencial el año anterior ni pudo realizar las elecciones regionales, armó en dos meses la elección de los constituyentes. Para ser candidato a la ANC solamente se necesitaba estar de acuerdo con la ideología socialista del partido de Gobierno.
Frente a esto, la Asamblea Nacional (dominada por la oposición), sobre la base de lo establecido en la Carta Magna, propuso hacer una consulta popular sobre si la gente quería o no una nueva Carta Magna, dado que el Ejecutivo se negó a preguntarle al pueblo sobre el tema. En este proceso celebrado el 16 de julio participaron reconocidos observadores internacionales, pero no hubo apoyo del CNE. Acudieron al mismo más de 7 millones de venezolanos y manifestaron su disenso con la Constituyente. El padrón electoral tiene aproximadamente 19 millones de electores, por lo que queda claro que fue muy alta la participación, así como el rechazo a la iniciativa presidencial.
El Gobierno no se dio por aludido y continuó con el proceso. Los resultados de la votación de la ANC, con la ayuda del CNE, fueron supuestamente superiores a los de la consulta popular opositora (más de 8 millones de votos), aunque después la empresa que lo apoyó tecnológicamente (Smarmatic) denunció que se agregó de forma irregular más de un millón de sufragios, con lo cual no había duda de que más ciudadanos estaban en contra de la Constituyente que a favor.
Vale acotar además que la elección de los constituyentes no tuvo observadores internacionales imparciales ni fue auditada; tampoco puede dejar de mencionarse la coerción y chantaje a la población para que fuera a manifestar su voluntad a favor del poder político en Miraflores.
La peculiaridad más importante del proceso es que no se podía expresar si se estaba de acuerdo o no con él, porque esto ya lo había decidido el Ejecutivo al convocarlo él mismo (según el Tribunal Supremo de Justicia no era constitucionalmente obligante preguntarle al pueblo mediante referendo si estaba de acuerdo o no con la iniciativa), sólo podía decidirse por cuál de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) o de supuestos independientes con ideología afín se votaba en un territorio determinado y/o en un sector específico. El tipo de votación también fue antidemocrático: el principio básico de una elección democrática, un elector es igual a un voto, se violó.
De esta manera se instaló una fraudulenta ANC, que empezó a gobernar, juzgar y legislar. En pocos días, ésta destituyó a la Fiscal General de la República, nombró al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab como encargado del Ministerio Público y a su adjunto como Defensor sustituto, creó una comisión de la verdad para amedrentar a los familiares de los manifestantes que murieron durante las protestas de abril-julio de 2017, perseguir a quienes protestan y políticos involucrados.
Los poderes públicos se han ido sometiendo a la ANC, incluso el TSJ. En realidad sigue mandando el presidente de la República y el poder militar, pero los demás poderes se someten a la instancia presidida por Delcy Rodríguez y esta a su vez hace lo que le pide el Gobierno, ya que sus miembros además son parte del Psuv. Aparentemente no hay oposición a esa instancia.
La ANC en la práctica sustituyó al Parlamento, aunque en teoría la AN podía seguir funcionando. En estos tres años la instancia no ha cumplido su objetivo fundamental y no ha presentado un proyecto de nueva Carta Magna, pero en cambio sí ha dictado leyes, casi todas propuestas por el Ejecutivo, que mantienen y profundizan el modelo socioeconómico socialista y además están dirigidas a reprimir más a la población y acallar la disidencia política.
