Transcurridas las dudosas elecciones de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y de los gobernadores en julio y octubre de 2017, los comicios municipales del 10 diciembre al cierre de 2017, vinieron a mermar aún más la confiabilidad en el sistema electoral venezolano y a ratificar que no tenemos a un árbitro independiente como lo establece la Constitución.
Para nadie fue una sorpresa que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) arrasara con más de 300 alcaldías de las 335 en disputa porque el uso de mecanismos ilícitos tales como como el chequeo con el Carnet de la Patria, el voto asistido irregular, los puntos rojos, el ventajismo en la campaña, entre otros, se repitió y logró su cometido.
La no participación de los principales partidos políticos de oposición en dicha escogencia, en protesta por el proceso de validación injusto al que fueron sometidos por disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) y por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) entre 2016 y 2017, también anticipó la victoria. Al igual que la supresión de fases electorales y el acortamiento de los lapsos (para la modificación de postulaciones que bajó de los diez de ley a dos, por ejemplo) que fueron en detrimento de las garantías de transparencia ofrecidas al elector.
Otra irregularidad a destacar fue la eliminación de la inscripción de nuevos votantes dado que el CNE acordó que el registro electoral, que serviría de base a esas elecciones municipales, sería el corte del 15 de julio de 2017, dejando por fuera a los jóvenes que cumplirían la mayoría de edad hasta el 10 de diciembre y por ende, negándoles su derecho al voto.
El derecho a elegir a sus representantes también les fue vedado a los votantes de las alcaldías metropolitanas de Caracas y del Alto Apure, por cuanto dichas elecciones fueron separadas de las municipales, al igual que la de los concejales. Con ello se contravino la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales que establece (artículo 2.2) que las elecciones de alcaldes, concejales, concejos municipales, distritales y metropolitanos deben realizarse de forma conjunta para garantizar la uniformidad en el inicio y culminación de sus mandatos y evitar que se altere o modifique la periodicidad de los cargos –ejecutivos y legislativos– que ocupan las autoridades pertenecientes al poder público municipal. Asimismo la cuestionada Constituyente aprovechó y derogó las dos alcaldías metropolitanas creadas por su predecesora en 1999.
La poca confianza que despertó este proceso organizado por el CNE se reflejó en la participación de los votantes, pues en esta ocasión acudió a sufragar sólo 47,32% del padrón electoral (9.139.564 de personas), 1, 5 millones menos que en las municipales de 2013.
