El lobo llegó y se quedó. El régimen de Nicolás Maduro parece no admitir que se le subestime en cuanto a los medios que es capaz de utilizar para atornillarse en el poder, y eso ha pasado por la destrucción de los mecanismos democráticos sin importar a quien se lleve por delante, que es por supuesto el pueblo mismo.
Los comicios regionales, municipales y para la elección de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con el agregado de las inhabilitaciones de la Contraloría General de la República (CGR) y la eliminación de partidos políticos de oposición vía Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Consejo Nacional Electoral (CNE), sirvieron de ensayo para la estocada final: las temidas elecciones presidenciales a la medida del dictador para garantizar a toda costa su permanencia en el poder, así no cuente con el voto popular (al menos no el suficiente para ganar una contienda de forma democrática) , como de hecho ocurre y él lo sabe. La firma Datanálisis le daba entre 18% y 25% de popularidad entre los ciudadanos para marzo de 2018, en medio de una crisis económica y social sin precedentes, frente a 32,5% que le atribuía a finales de 2014.
Pese al llamado nacional e internacional que clamó porque la fecha de las elecciones presidenciales fijadas para el 20 de mayo de 2018 se pospusieran aún más (inicialmente eran el 22 de abril), en aras de restablecer las garantías para que fueran libres, transparentes y democráticas, el CNE, sobre cuya composición también se pidió un cambio por su evidente parcialidad a favor del poder, se negó a un nuevo diferimiento y pisó el acelerador para que se concretara la contienda.
Las irregularidades registradas antes, durante y después del proceso se pueden resumir en tres hechos: convocatoria ilegal por parte de la ANC, siendo competencia del Poder Electoral, según el artículo 293.5 constitucional; la ya mencionada eliminación de partidos políticos de oposición de peso (Mesa de la Unidad Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular) para evitar que se presentaran candidatos que pudieran derrotar a Maduro, y el ventajismo oficial, expresado entre otros factores, en el uso del Carnet de la Patria como instrumento de extorsión con beneficios sociales, instalación de puntos rojos, así como el uso del voto asistido a favor del candidato-presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
¿Sorpresas? No. El CNE le adjudicó la reelección a Maduro con 6,1 millones de sufragios frente al 1,9 atribuido a Henri Falcón, así como resultaron ganadores la mayoría de abanderados rojos a los legislativos regionales (ya que se incluyeron en estas elecciones además a los Consejos Legislativos estadales, que en cambio estaban atrasadas), aunque la verdadera triunfadora fue la abstención con 53,95%, lo que evidenció la poca confianza de la ciudadanía en el sistema electoral.
La comunidad internacional también dejó constancia de su desacuerdo con el desarrollo y producto de la elección, principalmente la Organización de Estados Americanos (OEA) en su 48ª Asamblea (5 de junio) al desconocer los comicios, y por ende, a Maduro como Jefe de Estado reelecto.
La ilegitimidad fue coronada con la juramentación de Maduro ante la írrita ANC, pues la Constitución dice que debe hacerlo ante la Asamblea Nacional (artículo 231 constitucional), amén de haberse realizado 6 meses antes de lo que establece la Carta Magna, por lo cual Acceso a la Justicia considera el acto nulo.
Aun a sabiendas de que tendrían pocas posibilidades de éxito ante un Poder Judicial completamente plegado a los intereses del Ejecutivo, Falcón (cuyo recurso ya fue declarado inadmisible) y luego las ONG Programa Venezolano de Educación Acción de Derechos Humanos (Provea), Observatorio Electoral de Venezuela (OEV) y Acceso a la Justicia, impugnaron los comicios para dejar constancia de los atropellos de quienes habitan Miraflores.
