El 25 de octubre de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante sentencia 893 de la Sala Constitucional (SC), bloqueó una investigación de las comisiones de Contraloría, Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional sobre supuestos hechos de corrupción (once casos) en Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre 2004 y 2014, a petición del ya para entonces expresidente de la estatal, Rafael Ramírez.
El máximo tribunal de la República argumentó en dicha decisión que de permitirse la averiguación se podría causar “un daño irreparable” a la empresa e incluso al Estado, dados los procedimientos arbitrales en curso para ese momento por demandas de trasnacionales contra la petrolera. La reacción adversa, según la SC, también podría darse entre los inversionistas y en todos aquellos países a los cuales puede acudir la República para el intercambio de crédito.
El TSJ remató en su fallo que la gestión de PDVSA ya era lo suficientemente monitoreada y auditada por la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), entre otros, como para que el Parlamento se entrometiera.
Pese al dictamen, la AN declaró la responsabilidad política de Ramírez tras discutir un informe con pruebas de irregularidades administrativas que afectaron el patrimonio público, por más de 11.000 millones de dólares.
La cabeza del poder judicial no pasó por alto la actuación del titular de Contraloría de la AN, diputado Freddy Guevara, contra quien cuatro meses después ordenó evaluar una investigación penal por usurpación de funciones del Ejecutivo. El TSJ sostuvo que el parlamentario pretendió actuar como representante del Estado en territorio extranjero al acudir a la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York para notificar a Ramírez de la averiguación sobre su gestión.
La razón para Guevara
Un año y nueve meses después, el 28 de noviembre de 2017, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció con bombos y platillos que gracias al seguimiento de organismos de inteligencia del Estado se detectaron “mafias corruptas” en PDVSA que hacían compras fantasmas, sobrefacturaban y vendían crudo ilegalmente, y que la Fiscalía General de la República iniciaría los procedimientos para determinar responsabilidades. Previamente ya habían resultado detenidos altos gerentes de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Indirectamente, y aunque el Ejecutivo no lo reconozca, se le dio la razón a la AN y al grupo de legisladores encabezados por Freddy Guevara.
A los dos días de su anuncio fueron detenidos los extitulares de la estatal, Eulogio Del Pino, quien sustituyó a Ramírez en 2015, y Nelson Martínez, que a su vez sucedió a Del Pino en enero de este año. De Rafael Ramírez, presidente de PDVSA durante casi toda la gestión de Hugo Chávez (diez años), el jefe de Estado no dijo nada en ese momento, al menos públicamente, aunque ya era conocido el impase entre el embajador en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el alto Gobierno por un artículo de opinión de Ramírez en el que criticó la inacción del Ejecutivo frente a la crisis económica.
Finalmente, el 4 de diciembre Ramírez confirmó su renuncia al cargo en la ONU por desacuerdos con Maduro y aseguró que en realidad fue removido “por sus opiniones”. A los días dio una entrevista telefónica a un medio internacional y sin revelar su paradero negó cualquier vínculo con hechos de corrupción en la petrolera. Su primo, Diego Salazar, ya había sido detenido el 1 de diciembre, acusado de defraudar al Estado venezolano mediante manipulación de transferencias bancarias a través de la banca privada de Andorra.
Ante la prohibición del TSJ de que la AN investigara en 2016 y la sorpresiva caza de brujas anunciada por Maduro respecto de PDVSA, Acceso a la Justicia rechaza que la aplicación de la justicia sólo sea válida cuando el Ejecutivo lo ordene y no cuando lo hace un poder contralor como lo es el Parlamento nacional, y menos aún que la justicia se aplique de forma selectiva para pases de factura internos.
El mismo Ramírez denunció que en Miraflores y su entorno se criminaliza a la disidencia y se desecha a cualquiera que en el seno del chavismo formule críticas hacia su gestión. En suma, la misma forma de hacer política que se aplica a la oposición, con un saldo importante de represión y encarcelamientos, ahora parece que se está extendiendo a los “enemigos” del régimen, aunque hayan sido parte importante de él, como en el caso de Ramírez.
Por otro lado, cuestionamos la actitud del contralor general, quien calló ante las denuncias de los diputados de la AN y sólo ahora que el Ejecutivo, a solicitud del ministro de Energía y Petróleo, Manuel Quevedo, ordena la investigación anuncia una auditoría de la empresa petrolera. Dicha inspección, informó el titular del órgano, Manuel Galindo, podría estar lista en 30 días. Tal comportamiento pone en tela de juicio la imparcialidad de la CGR.
Ni hablar de la Fiscalía General, quien antes también calló y ahora actúa diciendo estar a la cabeza de una ofensiva contra la corrupción de PDVSA por demanda del primer mandatario nacional. Su titular, Tarek William Saab, coronó recientemente con el inicio de otra averiguación, ahora sí, contra Ramírez.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Una justicia selectiva no es justicia. En un país donde cada institución cumple el papel que le ordena la Constitución se realiza una investigación imparcial de cualquier hecho de corrupción, venga de donde venga, desde el más alto funcionario hasta el de menor jerarquía en la administración pública, y aplican las sanciones correspondientes.
El mensaje que el Gobierno transmite al ciudadano de a pie es que se castiga la corrupción cuando el Ejecutivo la ordena y le conviene, si no es el caso, se hace la vista gorda como ocurrió con las denuncias por supuestos ilícitos contra Carlos Osorio mientras estuvo al frente del Ministerio de Alimentación.
