Las autoridades venezolanas han vuelto a poner en su mira a los opositores que se encuentran en el exterior. Así, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dado luz verde a cuatro solicitudes de extradición contra igual número de dirigentes opositores y el Ministerio Público ha solicitado una orden de captura internacional en contra del expresidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, Juan Guaidó. Sin embargo, esta última ofensiva judicial parece estar destinada a rendir nulos resultados, así como otras acciones similares emprendidas en los últimos años.
Guaidó, quien desde 2019 hasta principios de este año fue reconocido por medio centenar de países como el presidente interino de Venezuela, ha surgido nuevamente en la lista de dirigentes opositores a los que, en las últimas semanas, la justicia ha mostrado interés en perseguir.
«Utilizando la figura de un Gobierno ficticio, de manera premeditada [Guaidó] causó pérdidas al Estado venezolano de unos 20.000 millones de dólares», aseguró el pasado 6 de octubre el fiscal general en ejercicio Tarek William Saab, quien justificó esta nueva arremetida contra el exdiputado opositor (para algunos países sigue siendo parlamentario aunque el período del parlamento del que formaba parte concluyó a finales de 2020), ahora autoexiliado en Estados Unidos, en una serie de documentos que una Corte Federal de Delaware publicó y que están relacionados con un proceso que involucra a Citgo, la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
«La Corte de Delaware revela que este falso Gobierno liderado por este sujeto despreciable usó los recursos de Pdvsa para financiar gastos personales, legales y obligó a Pdvsa, utilizando la figura del Gobierno ficticio, a aceptar un presunto refinanciamiento y con ello casi entregó a Citgo».
Esto aseguró el funcionario, quien no dudó en calificar de «vulgar choro» y «ladrón» al opositor.
Tres diputadas y un exalcalde completan la lista
Un día antes de que Saab anunciara el proceso número 28 de su despacho contra Guaidó, el TSJ anunció que autorizaba otras peticiones que se habían realizado en contra de otros opositores.
La Sala de Casación Penal, en sus sentencias n.º 337, 338, 339 y 342 autorizó la extradición de tres diputadas del anterior Parlamento (Dinorah Jaxilda Figuera Tovar, Marianela Fernández Alvarado y Auristela del Valle Vásquez de Castillo), así como del exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.
A las exlegisladoras, el Ministerio Público las señala de «asociarse (…) a fin usurpar funciones de la Asamblea Nacional legitima», con el fin de «tomar control de activos del Estado venezolano existentes en el exterior, asumiendo indebidamente una función pública, buscando así financiar actos conspirativos en contra del Estado y sus instituciones».
Figuera, Fernández y Vásquez fueron elegidas en enero pasado para encabezar la junta directiva de la AN electa en 2015 para el período 2023-2024. Como ya se indicó, el anterior Parlamento sigue siendo reconocido como legítimo por algunos países, que en su momento dieron su apoyo al llamado Gobierno interino, en especial en lo relacionado con el uso o no de los activos del Estado venezolano en el exterior.
Por su parte, el despacho dirigido por Saab desea procesar a Ledezma por supuestamente formar parte de un complot que se estaría fraguando para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro y en el cual estarían implicados uniformados activos y la precandidata presidencial opositora María Corina Machado, ello a raíz de unas declaraciones que el exfuncionario realizó el pasado 18 de agosto, durante una entrevista a una televisora del sur de la Florida.
Figuera, Vásquez y Ledezma están en España, mientras que Fernández, al igual que Guaidó, se halla en territorio estadounidense. Todos están bajo refugio, asilo u otra de las figuras de protección existentes para los desplazados.
Motivos para dudar
Las posibilidades de que la nueva ola de extradiciones sea atendida por los gobiernos de España y Estados Unidos parecen nulas. En primer lugar, como ya se mencionó anteriormente, porque los cinco requeridos están bajo algún tipo de protección en los países que los han acogido.
En segundo lugar, porque aunque las autoridades venezolanas hayan asumido el firme compromiso con sus pares de ambos países de que ofrecerán «las debidas seguridades y garantías constitucionales y procesales penales» a los solicitados; y, por ello, no serán objeto de «desaparición forzada» ni serán sometidos «a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes», hay razones para dudar de estas promesas. Casos como el del expresidente de la estatal Cartones de Venezuela, Leoner Azuaje Urrea, uno de los detenidos en las recientes operaciones anticorrupción y quien murió en su calabozo, donde se habría suicidado, de acuerdo con la versión oficial, dan a las autoridades judiciales españolas y estadounidenses argumentos para rechazar las solicitudes.
Sin embargo, lo anterior podría ser solo algunos de los motivos para desechar las peticiones de entrega, en particular aquellas que ya tienen el visto bueno del TSJ. Otro, más técnico y también más evidente, es que los requerimientos parecen contradecir directamente lo previsto en los tratados de extradición que Venezuela ha suscrito tanto con España como con Estados Unidos, pues dichos instrumentos prohíben expresamente la entrega de personas solicitadas por «delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza».
Figuera, Fernández, Vásquez y Ledezma, lo mismo que Guaidó, están siendo requeridos por el Ministerio Público por un cúmulo de presuntos delitos, y una de las que figura en todos los casos es el de traición a la patria.
Aunque en los cuatro fallos, la Sala de Casación Penal declaró que los delitos por los cuales está pidiendo la entrega de los opositores «atentan contra la seguridad pública y el orden público, considerados como graves en nuestra legislación, de manera que se descarta que el presente procedimiento de extradición activa se corresponda con delitos políticos», el escueto razonamiento contradice su propia jurisprudencia.
«El delito político es el que tiene un móvil político, esto es, en el que la pasión política produjo el acto típico», declaró la Sala de Casación Penal en su sentencia n.º 869 de diciembre de 2001, en la cual además declaró que la rebelión era el «delito emblemático de los delitos políticos».
Siete años después, la Sala Constitucional en su sentencia n.º 1.684 profundizó en el asunto y estableció taxativamente que
«los delitos políticos son aquellos que atentan contra los poderes públicos y el orden constitucional, concretamente, los delitos de rebelión y sedición, así como también los que atentan contra la seguridad de la Nación, entre ellos la traición y el espionaje».
Sin embargo, en 2018 al solicitar la entrega a Colombia del diputado Julio Borges, el máximo juzgado cambió su criterio sin dar una explicación ni aclarar qué considera que es un delito político ni cuáles son. Así lo denunciamos desde Acceso a la Justicia en su oportunidad.
No solo las extradiciones pudieran no avanzar, tampoco lo haría la orden de captura internacional contra Guaidó, pues los protocolos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) prohíben el uso de esta instancia para perseguir a opositores o disidentes.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La ola de extradiciones y solicitudes de captura internacional que en los últimos días han lanzado las autoridades venezolanas revela los riesgos que corren quienes osan expresar su críticas o impulsar una alternativa al actual modelo político. También dejan en claro que estar en el exilio tampoco es garantía de que esa persecución vaya a cesar.
De hecho, algo llamativo de esta nueva embestida es que la misma parece ser simplemente para generar titulares y mostrar mano dura contra los rivales del Gobierno nacional, sin importar si la misma vaya a tener algún tipo de efecto o no.
Las condiciones carcelarias, las frecuentes denuncias de torturas y de dilaciones indebidas y además de la ignorancia de lo estipulado en los tratados internacionales que regulan la extradición dan motivos para sospechar que esta nueva arremetida fracasará, pero es una señal la nula importancia que las autoridades dan a las formas y reglas del derecho, lo cual coloca en indefensión a millones de venezolanos.
