Conoce a continuación el viacrucis judicial de una madre venezolana de la etnia wayú, que busca una indemnización por la muerte de su hijo en un accidente aéreo.
El 30 de marzo de 2000, el hijo de Celina González falleció trágicamente producto de un accidente aéreo ocurrido en el sector conocido como Sabanitas de Urimán, en el estado Bolívar.
El 14 de diciembre de 2001 la señora Celina decidió demandar a la empresa C.A. Seguros Guayana por el incumplimiento en el pago de la póliza que cubría el accidente. Para ese momento, ella contaba con 74 años de edad.
Ahora, a sus 94 años, la señora Celina aún no ha obtenido la indemnización por la muerte de su hijo y la justicia venezolana no ha hecho nada por ayudarla, pues el juicio, a pesar de las décadas transcurridas, todavía espera por una decisión de la apelación interpuesta ante un tribunal superior.
Sus abogados han señalado una terrible denegación de justicia por parte de los jueces instancia al no dictar sentencia de manera oportuna. Al mismo tiempo, denuncian la existencia de una estrategia de la contraparte de alargar más el proceso dada la avanzada edad de la demandante. Por ello, solicitaron un avocamiento ante la Sala de Casación Civil (SCC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Sin embargo, la SCC, en un acto total de indiferencia ante el evidente retardo procesal, el 14 de diciembre de 2022, justo 21 años después de que se introdujera la causa, señaló que no se cumplían los supuestos para declarar admisible la figura del avocamiento y ordenó al juez que actualmente lleva la causa a resolver el asunto, dictando el fallo respectivo.
Con esta decisión, la SCC básicamente desconoció que el resguardo de la vida y de los bienes de las personas involucradas en un fatal accidente aéreo es de interés general. Además, tampoco tomó en cuenta la denuncia de los apoderados de la señora Celina, quienes alegan que la contraparte está jugando con el factor tiempo para que la única heredera del fallecido muera sin llegar a cobrar la indemnización.
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