Primero fueron los partidos políticos, luego las organizaciones gremiales y sindicales como la Federación Campesina Bolivariana de Venezuela (FCBV) y ahora el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene en su mira a las agrupaciones sociales y caritativas. Al menos ese es el sabor de boca que deja la decisión que tomó el máximo juzgado de destituir a la directiva de la Cruz Roja Venezolana, reemplazarla por el empresario Ricardo Cusanno, y ordenar, además, su reestructuración.
La medida la adoptó la Sala Constitucional, en su sentencia n.º 1.057 del 4 de agosto, en la cual admitió la solicitud que 48 horas antes le hiciera el fiscal general Tarek William Saab, a través de una demanda de protección de intereses colectivos y difusos con medida cautelar innominada y subsidiariamente un amparo cautelar, para que interviniera temporalmente la organización caritativa fundada en 1895 y así facilitara las investigaciones que adelanta por presuntos malos tratos en contra de los voluntarios y trabajadores y por manejos irregulares de recursos que lleva contra quienes hasta ahora la han encabezado.
«Es de sumo interés nacional garantizar que esta institución humanitaria continúe su pleno funcionamiento y por ende asegurar que las actuaciones del Comité Directivo Nacional Venezolano se encuentren en congruencia con el espíritu y los principios que propugna esa prestigiosa institución de larga trayectoria a nivel global, asegurando que su gestión del referido comité sea direccionada al servicio de la población venezolana»,
razonó la instancia al destituir a la directiva encabezada por Mario Villarroel, según se lee en el fallo redactado por la magistrada Tania D’Amelio.
La Sala consideró que la remoción de la directiva era una medida indispensable para lograr dos objetivos: en primer lugar, «asegurar una dinámica interna que favorezca la búsqueda de la verdad» y «evitar eventuales actos que puedan alterar, desaparecer, deteriorar o destruir posibles evidencias». Segundo, promover «un proceso de revisión interna, democrático y libre, que le permita a la institución evocar su camino para el cumplimiento de sus supremos intereses a favor y bajo la primacía de los derechos humanos».
El Ministerio Público (MP) presentó al TSJ el testimonio anónimo de ocho trabajadores y voluntarios de la institución, quienes acusaban a Villarroel y a su equipo de maltratarlos, hostigarlos y de disponer de donaciones para la institución para usos particulares.
Carta blanca
De acuerdo con el fallo, el nuevo presidente de la Cruz Roja no solo deberá «garantizar la continuidad del servicio” de la institución y «administrar y ejercer la guarda» de sus bienes, sino que, además deberá «efectuar una evaluación y reorganización interna de la Cruz Roja Venezolana a los fines de modernizar su estructura y funcionamiento”, ajustar sus normas al marco legal y convocar elecciones internas.
Para estas últimas dos tareas, la Sala Constitucional le da a la junta un año, el cual advierte de entrada que podrá ser prorrogado por otro año.
Sin embargo, hay otro hecho llamativo: en esta ocasión el máximo juzgado no designó una junta directiva como tal, sino que se limitó a nombrar a Cusanno, a quien le dio siete días hábiles, tras la notificación de su nombramiento, para proceder a «la designación de los miembros que integrarán la Junta Reestructuradora ad hoc».
¿Cuántas personas conformarán esa instancia? La Sala no lo aclaró. ¿Cuál será el criterio que deberán cumplir? La instancia solo dijo que deberán ser personas de «alto reconocimiento de diversos sectores de la vida nacional».
Cusanno, al aceptar su encargo, prometió que en las próximas horas
«será conformada una junta plural, independiente y proba, que tendrá como primer objetivo proteger la integridad de los voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja venezolana, e iniciar un proceso de evaluación, reestructuración y modernización de la Institución que culmine en una elección transparente de sus autoridades».
Motivos para alarmarse
La intervención judicial es el último golpe al maltrecho derecho a la asociación en Venezuela y comprueba que las autoridades venezolanas no han cesado en sus intenciones de controlar a la sociedad civil organizada. No se puede olvidar que días antes de este fallo, la Sala Electoral dejó sin efecto las elecciones de Fedecámaras en Bolívar y suspendió las elecciones de la Asociación de Ganaderos del estado Táchira.
La imposición de una directiva va en contra de al menos dos de los siete principios fundamentales del movimiento de la Cruz Roja: el de neutralidad, que establece que «con el fin de conservar la confianza de todos, el movimiento se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico», y el de independencia, el cual señala que
«el movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las sociedades nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del movimiento».
Por último, la medida no parece estar en sintonía con el numeral 4 del artículo 4 del mismo instrumento, el cual estipula que una sociedad nacional debe «tener un estatuto de autonomía que le permita desplegar su actividad de conformidad con los Principios Fundamentales del Movimiento».
De este modo, lo más grave es que la Sala Constitucional, sin que el MP se lo solicitara, ordenó la reestructuración de la organización, algo muy peligroso para la libertad asociación, pues si en una organización hay problemas, deben ser sus miembros los que decidan cómo deben solucionarlo. Recordemos que la Cruz Roja venezolana está constituida como una asociación civil y, por tanto, sus asociados deben ser quienes tomen las decisiones que impidan, si fuere el caso, la comisión de irregularidades, y no mediante imposiciones una junta impuesta desde el Estado venezolano.
El que se tomen presuntas irregularidades en una asociación ya no para cambiar a sus dirigentes, sino para modificar a la propia organización es la negación del derecho humano a la libertad de asociación, pues deja de lado a quienes la constituyeron y se impone la voluntad de un Estado que persigue y reprime a las organizaciones de la sociedad civil.
De este modo, no solo se cambian autoridades sino que se transforma a la asociación intervenida en algo distinto a los que sus miembros había decidido, lo que hace que este caso coincide con lo que ocurrió con la Cruz Roja de Nicaragua, donde se impuso una nueva estructura, solo que con formas diferentes.
Aplicando una fórmula conocida
La intervención de la Cruz Roja, como ha ocurrido con otras instancias, ha estado precedida de una campaña de descrédito hacia la institución y sus autoridades.
Todo inició el pasado 19 de julio, cuando el diputado Diosdado Cabello en su programa semanal aseguró:
«Hay un señor que tiene más de 40 años en el mismo cargo y no hay forma ni manera de que haya elecciones [en la Cruz Roja] (…) Se llama Mario Villarroel, sin elecciones ni ningún tipo de renovación y nos llaman dictadores a nosotros. (…) Conspira desde allí, ha llegado a controlar magistrados [del TSJ] y quiere dejar ahora a su hijo, porque la cosa es hereditaria».
Una semana después, el funcionario acusó a Villarroel de cometer «actividades mafiosas», entre ellas hostigar y maltratar al personal de la organización humanitaria y manejar sin control los fondos que recibe la institución.
Horas después del señalamiento de Cabello, el MP anunció que abrió una investigación, en virtud de una serie de denuncias que recibió de voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja por abusos e irregularidades administrativas.
Sin embargo, el despacho dirigido por Saab, en lugar de investigar dichos señalamientos y de buscar procesar penalmente a los presuntos responsables, decidió llevar ocho de esas denuncias a la Sala Constitucional para sustentar su petición de intervención de la institución humanitaria.
Resulta llamativo que una de las razones por las cuales Cabello cuestionó a Villarroel haya sido su larga estancia en el cargo e incurrir en nepotismo (su hijo Miguel, era el segundo vicepresidente de la Cruz Roja y es vicepresidente de la Federación Internacional de sociedades de la Cruz Roja). El propio chavismo impulsó la enmienda constitucional que en 2009 abrió las puertas para la reelección indefinida de cargos públicos y bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro la práctica de designar o impulsar la elección de familiares en cargos públicos se ha vuelto recurrente. Una investigación publicada en 2016 por Transparencia Venezuela arrojó que 45 familiares de altos funcionarios o ex altos funcionarios ocupaban cargos solamente en el Poder Judicial.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Lo ocurrido en la Cruz Roja no es solo otra intervención más, sino un grave precedente para el resto de la sociedad civil organizada. El TSJ no solo removió a unos directivos e impuso otro nuevo, sino que le ordenó a este que reestructurara el organismo, revisara y actualizara sus normas y convocara a elecciones. Esto abre las puertas para que se incorporen otras personas y se constituya una nueva Cruz Roja, distinta a la intervenida, no solo con nuevas autoridades, sino también con miembros diferentes.
Lo que ocurra en los próximos meses en la Cruz Roja puede servir de guion para aplicárselo a otras organizaciones gremiales, profesionales, sociales, deportivas y de derechos humanos o humanitarias, con lo que se anularía la libertad de asociación en Venezuela.
No se puede olvidar que esta sentencia de la Sala Constitucional se produjo justo cuando se han recrudecido los ataques al espacio cívico. La semana pasada un tribunal condenó a seis dirigentes sindicales, las autoridades, entre las que destacan el fiscal general, han embestido contra las ONG que han criticado este fallo, y desde el Parlamento se debaten leyes que podrían limitar, cuando no anular directamente, a cualquier agrupación no alineada con el Gobierno.
Por último, no se puede olvidar que miles de personas dependen de los servicios médico-asistenciales que la Cruz Roja brinda. En 2022, 440.000 mil personas fueron atendidas de acuerdo con la organización. Hoy seguramente ven con angustia lo que está ocurriendo.
Por último, cabe preguntarse: ¿esta nueva Cruz Roja, impuesta desde el Estado, puede ser imparcial e independiente?
