«Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los Derechos Humanos, sin discriminación alguna». Pese a que esto establece el artículo 332 de la Constitución, la realidad es muy distinta, pues lógicas militares en las policías y en el diseño de las políticas gubernamentales contra el crimen han recobrado impulso en los últimos años.
Así lo constató Acceso a la Justicia en su informe Visión panorámica del sistema policial en Venezuela (2000-2018), elaborado a lo largo de 2019 y en el que evaluó el impacto de los cambios aplicados a los cuerpos y fuerzas de seguridad en las últimas dos décadas.
En el reporte se resalta cómo el aparente éxito conseguido por la Comisión para la Reforma Policial (Conarepol) para aplicar el mandato constitucional y poner fin a la histórica participación de los uniformados en las labores de seguridad ciudadana se ha ido esfumando, porque con el paso de los años se ha dado un «progresivo» proceso de militarización de los cuerpos policiales.
Prueba de ello han sido políticas tales como el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE) iniciado en el año 2010, el Plan Patria Segura en 2013 o las Operaciones de Liberación del Pueblo, mejor conocidas por sus siglas OLP, de 2015.
Sin embargo, un caso emblemático es el vivido en la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que según la Carta Magna y su ley es un organismo «de carácter civil». Sin embargo, desde 2014 este cuerpo está dirigido por generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y desde su creación en 2009 cinco de sus siete directores han sido militares. Incluso en 2016, la PNB vio cómo su uniforme era sustituido por el actual camuflado, el cual se asemeja al que utilizan las instituciones castrenses.
Zapatero a sus zapatos
¿Por qué la participación de los uniformados en las labores de seguridad ciudadana genera alarma? Lo explica Acceso a la Justicia en su informe:
«La seguridad de la Nación debe ser claramente diferenciada de la seguridad ciudadana. La primera tiene que ver con la soberanía y el cuidado de las fronteras físicas, el órgano encargado de cumplir esta función es la Fuerza Armada Nacional (FAN), cuyos funcionarios están entrenados para ello, de acuerdo a una lógica bélica —amigo-enemigo—: y a los enemigos se les aniquila. Es una racionalidad distinta a las situaciones de seguridad ciudadana, donde los conflictos se dan entre civiles y los órganos encargados de dirimirlos también son de naturaleza civil. La expresión máxima de ese conflicto es la comisión de un delito. Quien lo comete, debe ser procesado formalmente y se le aplica una pena prevista en la ley. Se trata entonces de dos racionalidades distintas, que no deben confundirse, porque cuando se confunden, el enemigo pasa a ser cualquiera y un enemigo no tiene derechos, porque no es una categoría jurídica, sino bélica».
Tras advertir que «la racionalidad bélica» con la que se guían los militares «no respeta los límites legales e institucionales», Acceso a la Justicia afirma en su reporte que si esta lógica se aplica a la lucha contra el crimen tiene «consecuencias fatales».
En la investigación se concluye que la cooptación de las policías por parte de los uniformados, junto a la baja formación de los agentes, la ausencia de mecanismos de control y la corrupción son los responsables del alza en el número de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en los últimos años.
En el informe se lee lo siguiente:
«Se puede afirmar con certeza que entre 2010 y 2018, que es el período en el que se cuenta con la información mejor sistematizada y continua, han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas. En 2010 la tasa de estos casos era de 2,3 y en 2018 llegó a 16,6, ¡Se trata de un incremento de un 622%! El 69% de estas muertes han ocurrido durante los últimos tres años (2016 y 2018)».
La participación de la PNB en este tipo de crímenes no es menor. «A pesar de su breve historia, ya se posiciona como la segunda institución más letal. Es responsable de -al menos- un 30% de las muertes por intervención de la fuerza pública en el país», se advierte en el reporte.
En los últimos meses las polémicas y cuestionadas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), pertenecientes a la PNB, han sido señaladas por cometer numerosos ajusticiamientos. Entre enero y noviembre de 2019, de las 317 ejecuciones que el Monitor de Víctimas registró en los cinco municipios de Caracas, 70% (223) fueron atribuidas a agentes de esa división.
Por ello, no debe extrañar que en julio de 2019 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet haya pedido al Gobierno disolver esta agrupación.
El estudio fue elaborado por un equipo de expertos en la materia y coordinado por el investigador del Instituto de Ciencias Penales, Keymer Ávila. Para consultar su versión completa, haga clic aquí.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La militarización de las policías no solo representa una desviación de lo establecido en la Constitución y en las leyes, sino que contradice lo establecido por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recuerda que la historia del continente está plagada de casos en los que la participación de los militares en temas de seguridad ciudadana ha traído como consecuencia graves crímenes y violaciones a los derechos humanos.
El modelo policial diseñado en la Constitución buscaba dejar atrás no solo a la Policía Metropolitana (PM), sino a la política de «dispare primero, averigüe después» que a tantas familias venezolanas enlutó.
La situación actual pone en grave peligro a los venezolanos; así lo revela el brutal incremento de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del país registrado en los últimos años. Estos datos indican que las policías en Venezuela no cumplen con su principal finalidad legal, que es proteger los derechos de la ciudadanía.
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