Reprobado. De ser un estudiante esta sería la calificación que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le colocaría a Venezuela por la manera en que ha gestionado la pandemia de la COVID-19 y tratado de minimizar sus efectos sobre los trabajadores y empleadores. A esta conclusión se arriba luego de verificar si Venezuela ha cumplido con las recomendaciones contenidas en el reporte que el organismo, con sede en Ginebra (Suiza), publicó en el mes de marzo.
Para Acceso a la Justicia, al analizar ese informe queda claro que el régimen de Nicolás Maduro no ha cumplido por lo menos con once de las catorce indicaciones que les hizo la OIT a los 187 Estados miembros para afrontar la actual coyuntura.
En saco roto
«¿Venezuela está cumpliendo con las disposiciones fundamentales en materia de relaciones de trabajo con la situación del coronavirus que establece la OIT?». Esta es la pregunta que Acceso a la Justicia se hizo frente a las recomendaciones del organismo respecto a la COVID-19. La respuesta es negativa al revisar las actuaciones de las autoridades en las últimas semanas.
Así, en materia de política fiscal, Acceso a la Justicia verificó que «no se han instaurado o anunciado, medidas o políticas fiscales que busquen socorrer o ayudar a paliar la carga de la crisis a los sectores económicos afectados»; como prueba de ello se encuentra que el Gobierno no exoneró a la población del Impuesto sobre la Renta (ISLR), sino que una vez vencido el plazo de pago estableció que aquellos que hayan percibido hasta tres salarios mínimos para el 31 de diciembre no debían pagarlo, y si ya lo hicieron les queda como crédito fiscal para el año siguiente, lo que con la hiperinflación venezolana será muy poco.
Acceso a la Justicia verificó además que las autoridades no han atendido la recomendación de fijar una política monetaria que permita la recuperación de la economía ni adoptado medidas económicas a favor de los profesionales de la salud y del sector en general. Por el contrario, el sector salud se siente amenazado por entes reguladores y fiscalizadores y temen que, en caso de expandirse la pandemia de coronavirus, sean tomadas sus instalaciones. Adicionalmente, no es que no hay crédito para esos sectores en específico; la situación es general en Venezuela: el sistema crediticio o de préstamos a través de la banca es prácticamente inexistente, lo que frena las inversiones, el emprendimiento y la sostenibilidad del aparato productivo, comercial y de servicios.
Asimismo, cabe destacar que las autoridades nacionales han ignorado la recomendación de la OIT de apoyar financieramente a las empresas para reiniciar actividades tras el fin de la cuarentena, a diferencia de lo ocurrido en otros países.
Sus sugerencias han corrido la misma suerte sobre el otorgamiento de permisos pagados a los trabajadores que hayan contraído la enfermedad, así como la adopción de medidas para evitar la discriminación y para garantizar una sanidad universal.
De hecho, no es un secreto para nadie que Venezuela cuenta con el sistema de salud más deficiente de América, debido fundamentalmente a su limitado presupuesto, ausencia de insumos, infraestructura hospitalaria sin mantenimiento ni servicios básicos como agua corriente, ínfimos salarios que paga a su personal fundamental y masiva migración de profesionales de la salud. Todo agravado por la mínima o exigua cantidad de ciudadanos que cuentan con pólizas privadas de salud.
En cuanto a su propuesta del inicio de un diálogo social, hasta ahora no se ha logrado. A tal efecto, la OIT en su informe de 3 de octubre de 2019, dijo que en Venezuela:
« no se cumple con el dialogo social, ni con la participación tripartita de los agentes cruciales Trabajadores y Empleadores. Es el régimen gubernamental que descartando la participación de los trabajadores y empleadores decide y establece las disposiciones, lineamientos y forma de ejecutar los planes o nunca ejecutarlos »
Sí, pero
Un mejor comportamiento se observó al revisar la suerte que corrieron las recomendaciones dirigidas directamente hacia los trabajadores. Así, se verificó que desde el Palacio de Miraflores se han tomado medidas para proteger socialmente a la población y tratar de preservar los puestos de trabajo, tales como el Bono Especial Quédate en Casa o el nuevo decreto de inamovilidad laboral. Sin embargo, se considera que el efecto de ambas decisiones es exiguo.
Sobre el bono, se alerta que su monto es de solo Bs. 450.000, equivalente actualmente a una cantidad que no supera los tres dólares (3, 00 US$) al mes, y además, ha sido totalmente ineficiente su entrega, condicionado a que el representante de la empresa sea titular de una cuenta en el banco estatal Banco de Venezuela.
Entretanto, la inamovilidad es irrelevante, pues los trabajadores se encuentran bajo la «protección» de la inamovilidad especial desde hace más de dieciséis años, no obstante, han aumentado las cifras de desempleo y trabajo en negro e informal año tras año. Dicha medida por tanto, es innecesaria por ya existir e ineficiente o ineficaz como ya explicamos en nuestra nota de prensa sobre este tema en específico.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La OIT en su informe advirtió que el coronavirus es «la peor crisis a nivel planetario, desde la Segunda Guerra Mundial», pues trae consigo un rápido aumento de la destrucción del empleo. Como si esto no fuera suficientemente, alertó que «la pandemia someterá a una presión aún mayor a los países que experimentan fragilidad por una situación económica, política y social sumergida en un conflicto muy prolongado», como es el caso de Venezuela.
La negativa de las autoridades a tomar en cuenta las sugerencias de este organismo y de otros como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solo hará más dolorosas las consecuencias sociales, políticas y económicas de la pandemia.
