Tras prácticamente siete meses cerrados por la pandemia de COVID-19, se reactivaron los distintos juzgados del país durante la llamada semana de flexibilización por la resolución n.° 2020-0008 del 1 de octubre del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin embargo, transcurrido casi un mes de la medida, los resultados no han sido los esperados, por lo menos no en todos los tribunales.
La puesta en marcha del sistema híbrido (presencial y virtual) ha venido acompañada de confusión, por ello se ha creado un sistema de comunicación con los tribunales bajo un horario restringido, que en muchos casos va de 9:00 a. m. a 12:00 o 1:00 pm en un esquema de 7 x 7.
Pese a que durante la semana de flexibilización se estableció que todos los tribunales laborarían, eso no ha ocurrido en la práctica. Algunos juzgados aún están sin personal o en inventario, a la vez que en la semana de no flexibilización no hay despacho, salvo amparos y ciertos actos en materia penal.
De hecho, según la información aparecida en los medios de comunicación y los reportes de otras organizaciones de la sociedad civil, se puede concluir que no ha habido un desarrollo de actividades de forma uniforme en los juzgados, pues dependiendo de la zona, el circuito judicial y la materia, algunos despachos han retomado sus actividades y otros no.
En el estado Mérida, por ejemplo, ya se celebraron algunas audiencias preliminares y de juicio, pero en las mismas se habrían cometido irregularidades como la no notificación de las partes, con lo cual su desarrollo se ha visto truncado, como denunció el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), que además reportó que a los abogados y a los familiares de víctimas se les ha impedido al acceso al Palacio de Justicia para poder presenciar los juicios orales y públicos, bajo la excusa del distanciamiento social.
En Caracas, durante la primera semana, los juzgados penales solo recibieron solicitudes de particulares, pero no adoptaron ninguna decisión, por cuanto los jueces se estaban poniendo al día con los asuntos que tenían pendientes.
La realidad descrita contrasta con la presentada por el TSJ, cuyo presidente, magistrado Maikel Moreno, aseguró el 6 de octubre que todo marchaba sobre ruedas, sin hacer excepciones. Para reforzar esta optimista visión, el máximo juzgado aseveró horas después que la justicia jamás ha estado detenida y que desde que se decretó el estado de alarma los jueces de guardia en materia penal han celebrado 54.656 audiencias y se dictaron 4.751 sentencias, al tiempo que se acordaron 1.252 libertades plenas.
El virus, un problema más
El coronavirus no es más que uno de los tantos obstáculos que los jueces, fiscales, abogados y usuarios del Poder Judicial deben enfrentar en la Venezuela actual. La escasez de gasolina, por ejemplo, complica los traslados a las sedes judiciales tanto de los funcionarios como de los ciudadanos en busca de justicia.
Como si esto no fuera suficiente, las constantes fallas en el servicio de energía eléctrica impiden las labores de los tribunales durante los horarios especiales fijados por las distintas circunscripciones. Las interrupciones complican aún más la posibilidad de que los jueces puedan recurrir a medios informáticos para decidir asuntos, tal y como lo ordena el artículo primero de la resolución n.° 2020-0008 antes mencionada.
La norma en cuestión establece:
«Durante la semana de restricción decretada por el Ejecutivo Nacional, atendiendo a las recomendaciones emitidas por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del COVID-19, permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos; salvo para aquellas que puedan decidirse a través de los medios telemáticos, informáticos y de comunicación (TIC) disponibles».
A lo anterior se añade otro elemento: el ausentismo laboral. Muchos trabajadores no se han presentado a sus labores debido a los míseros salarios que devengan, los cuales no les permiten cubrir el costo del pasaje. En la actualidad los salarios del personal de apoyo a los jueces están entre los 3 y 10 dólares.
Finalmente, la precariedad del servicio de internet en el país y su intermitencia también son otro obstáculo para el ejercicio adecuado de labores judiciales por vía telemática.
La nueva normalidad judicial
El TSJ parece haber retomado sus actividades con mayor normalidad. Así la Sala Político Administrativa publicó doce sentencias el 22 de octubre, las primeras desde marzo; mientras que la Sala Electoral desde el día 7 del mes, ya ha dictado once. En cuanto a las labores presenciales, las instancias mencionadas junto con la Civil, Penal y Social solo están despachando los días lunes, martes y miércoles de la semana de flexibilización.
Por su parte, el acceso está restringido a las dependencias de la Sala Constitucional y desde esa instancia se pide a los usuarios y abogados remitirles por correo electrónico sus peticiones. La práctica de solicitar a los peticionarios que hagan llegar por vía de correo electrónico sus escritos, diligencias o peticiones se ha vuelto común también en los distintos juzgados del país. Sin embargo, lo más significativo ha sido la novedad de poder mantener una audiencia, por ejemplo para un divorcio de mutuo acuerdo, a través de un grupo de Whatsapp.
Respecto al uso de las nuevas tecnologías, el abogado Gustavo Amoni, en la videoconferencia Soluciones de justicia digital a partir del Covid-19, realizada el 23 de octubre, dejó en claro que la aplicación de la resolución n.° 2020-0008 del TSJ, mediante la cual se reactivó el Poder Judicial, será de difícil aplicación. ¿La razón? 52% de los juzgados no tienen acceso a Internet y 39% de los jueces no tienen computadora o Internet en sus hogares. Afirma el jurista que estos datos los obtuvo tras encuestar a sesenta y cuatro funcionarios judiciales sobre los pasos adoptados por el máximo juzgado.
A lo anterior Acceso a la Justicia agrega otro elemento: la brecha tecnológica existente sobre todo entre los abogados de mayor edad y aquellos no familiarizados con la tecnología, las redes sociales y los teléfonos inteligentes.
Así, por ejemplo, en algunos tribunales para poder revisar un expediente en el archivo, el mismo debe ser solicitado por correo electrónico y el solicitante debe esperar a que se le informe cuándo puede pasar a revisarlo. Además, para determinadas actuaciones los juzgados están requiriendo que las mismas sean redactadas y escaneadas a través de la aplicación CamScanner para que se adjunte y envíe al correo del juzgado bajo el formato PDF, un proceso que puede resultar engorroso para algunos profesionales del Derecho.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Las fallas en la reactivación del Poder Judicial, tras permanecer prácticamente cerrado por la pandemia de COVID-19, solamente agravarán el ya endémico retardo procesal que padece el país y el cual no hace más que agravar la impunidad reinante y fomentar la violencia.
Acceso a la Justicia saluda los intentos por recurrir a las nuevas tecnologías para agilizar los procesos. Sin embargo, recuerda que las condiciones en las que se encuentran el grueso de los tribunales y el país en su conjunto hacen muy difícil que este tipo de iniciativas modernizadoras funcionen adecuadamente.
