La reciente detención de doce personas vinculadas a la producción pecuaria en el estado Apure retrató el debilitamiento de los derechos del sector productivo nacional privado, debido al autoritarismo con el que ejerce el poder el Gobierno nacional y que ahora se ha trasladado a los ámbitos regional y municipal.
Cuatro decretos emitidos por las gobernaciones de Guárico, Barinas, Apure y Cojedes escalaron las medidas contenidas en leyes y resoluciones aprobadas en el pasado por el fallecido Hugo Chávez, y luego ratificadas por el presidente Nicolás Maduro, todas orientadas a hacerse del control de la producción nacional a través de la regulación de precios, fijando cuotas de fabricación de rubros básicos, implementando fiscalizaciones o aplicando “compras” que en realidad se parecen más a confiscaciones.
En este caso, las recientes acciones establecieron obligaciones al sector pecuario, relacionadas con la venta de hasta 50% de su producción a las autoridades regionales o locales a precios impuestos por estas últimas.
Debe destacarse que ni las autoridades regionales ni las municipales tienen competencia alguna para imponer estas restricciones a los productores, por lo que tales actos, aunque se disfracen bajo el nombre de legales, son simples arbitrariedades carentes de sustento legal alguno.
Sin embargo, estas medidas no son más que otro reflejo de la política de control de la actividad productiva impulsada por los Gobiernos de Chávez y Maduro, que ha derivado en atropellos en contra de los derechos de quienes producen en el país, ya que además de ser sometidos a severas fiscalizaciones para corroborar el cumplimiento de la regulación de precios y estar obligados a enviar la mercancía sólo a sitios autorizados, ahora debían responder a exigencias adicionales a las que impone el ejecutivo nacional que implicaban ceder parte de su producción a precios de gallina flaca.
La irregularidad de la situación fue reconocida indirectamente por el propio Gobierno, ya que ante lo ocurrido en las regiones llaneras, resolvió impedir que las autoridades regionales y locales intervinieran en la distribución de alimentos.
La decisión le correspondió al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en su carácter de jefe del Comando de Abastecimiento Soberano, quien emitió una resolución en enero pasado con la que “exhortó” a gobernadores y alcaldes a que dejasen de aplicar la retención de rubros alimenticios, pues estas acciones son atribuciones exclusivas de la Gran Misión Abastecimiento Soberano. Lo dicho pone de manifiesto la anarquía que reina en el Estado venezolano, donde alcaldes y gobernadores usurpan competencias que no tienen, mientras el Poder Ejecutivo, que no conoce límites para reprimir manifestaciones pacíficas, en este caso simplemente “exhorta” a las autoridades antes indicadas a que dejen de hacer lo que ilegalmente estaban realizando. No hace falta ser adivino para saber a qué grupo político pertenecen esos alcaldes y gobernadores y la razón de este tratamiento tan tolerante ante tan manifiesta arbitrariedad.
Así pues, tenemos que lo señalado pone de manifiesto el abuso institucionalizado que reina en el país y que llevó a que las autoridades locales y regionales desoyeran la orden de Padrino López, procediendo a ejecutar medidas calificadas de confiscatorias por los afectados. Y lo son en la medida en que el “precio” impuesto sea menor al costo de los mismos, imponiendo a los productores producir a pérdida, afectando más todavía la mermada producción de alimentos del país.
En el caso de Apure, la situación desencadenó la detención temporal de dirigentes gremiales y productores, quienes se negaron a entregar toneladas de queso a una de las alcaldías de esta entidad que pretendía “comprarles” el producto lácteo casi a un tercio del valor establecido.
Efectos negativos
Lo ocurrido en estas regiones forma parte del mismo modelo intervencionista que ha adelantado el proceso revolucionario que inició Chávez y que continúa Maduro, basado en un esquema de regulaciones que si bien le ha garantizado un férreo control del aparato productor ha sido a costa de la progresiva reducción de la producción.
Esta forma de gobernar ha llevado a que el país padezca escasez estructural de rubros básicos como alimentos y medicamentos, pero además de otros prioritarios como materia prima agrícola e industrial, que ha obligado a la población a modificar sus hábitos de consumo, realizar largas colas para adquirir una mínima cantidad de productos o estar imposibilitado de comprar por el avance inflacionario, que hasta febrero acumula un alza anualizada de más de 6.000%.
Un aspecto que además se debe considerar es la arbitrariedad con la que se ejerce el poder en Venezuela, agudizando la indefensión de la población, pues pareciera que quienes tienen circunstancialmente un cargo por designación o elección popular hacen lo que quieren, pasando incluso por encima de las directrices del Gobierno central o las normas.
¿Y a ti venezolano cómo te afecta?
El caos institucional que vive Venezuela se muestra en su total esplendor con lo ocurrido en Apure, pues aunado al hecho de que los gobiernos locales tomaran para sí competencias ejecutivas, ignoraron resoluciones emanadas por una instancia decretada por la Presidencia.
El descrito es sólo uno de los muchos ejemplos de cómo los controles estatales a la economía han destruido la producción en Venezuela y han afectado a todos, sea por la carestía que existe, sea por el aumento incesante de precios, por lo que nadie puede decir que no haya sido afectado por una situación generada desde el poder y que no pretende modificar a pesar de sus desastrosas consecuencias.
