Con el auge delictivo en el país y la impunidad reinante se presentan dos situaciones: el ciudadano no denuncia (70% entre 2014 y 2016) porque cree que no habrá castigo, o más peligroso aún, toma la justicia por mano propia.
La cruda realidad de los linchamientos en Venezuela fue expuesta por la periodista, Victoria Martínez durante el foro Hablemos Derechos Humanos. Guayana en contexto, realizado en Puerto Ordaz por Acceso a la Justicia, en colaboración con la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, Codehciu.
La profesional de la comunicación focalizó la problemática en el municipio Caroní del estado Bolívar, específicamente en San Félix, donde ocurrieron 11 casos de linchamientos en 2016, una arista más de las estadísticas de muertes violentas en Ciudad Guayana.
Tales datos fueron plasmados en un reportaje titulado Linchamientos: la otra cara de la injusticia popular, de la autoría de Martínez, en el que se intenta definir a la terrible figura como “un acto, es un delito, es un castigo, es un ejemplo, es justicia popular. Para Roberto Briceño León (2016): es la pena de muerte, solo que sin el proceso de judicial legal y sin el tercero que la ejecute. Para Romero y Rujano (2007): es un castigo ejemplarizante. Sí, en efecto es un castigo, pero… ¿Quiénes somos nosotros para determinar cuándo alguien debe o no recibir una pena así?”
Para mayo de 2016, Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, dio cuenta de 74 investigaciones por linchamientos en el ámbito nacional, 37 de los cuales arrojaron víctimas mortales.
Los linchamientos, subraya el texto periodístico, son una consecuencia de la impunidad. De cada 100 casos de homicidios en el país, solo hay entre 8 y 9 detenciones, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV). Luego no hay garantía de que el delincuente aprehendido reciba una sentencia firme. En Guayana, acota la periodista, es casi rutinario que jóvenes implicados en robos o asesinatos no vayan a la cárcel porque tienen algún familiar o amigo que pertenece a los órganos de seguridad del Estado; por ello quedan en libertad en un máximo de 24 horas.
Enlace: Presentación Linchamientos
