El asesinato del afroamericano George Floyd a manos de agentes de la Policía de Minnesota ha reabierto el debate sobre la brutalidad policial y el racismo en Estados Unidos. Pero mientras los ojos del mundo están puestos sobre la nación norteamericana, en Venezuela sus habitantes no solo ven cómo los criminales amenazan sus propiedades y sus vidas, sino también aquellos que precisamente están allí para protegerlos.
Esta es la conclusión a la que llegó Acceso a la Justicia en su informe El servicio de policía venezolano: Entre la realidad y la percepción (2000-2019), en el que se denuncia que de los más de 16.000 venezolanos que fueron asesinados el año pasado, casi un tercio perdió la vida a manos de los uniformados.
En el documento se lee que:
«En el año 2019, Venezuela se mantiene como uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo, con un saldo de al menos 16.506 fallecidos y una tasa de 60,3 muertes violentas por cada cien mil habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina».
Además, se explica que el número de asesinatos se discrimina de la siguiente manera:
«6.588 homicidios cometidos por los delincuentes, con una tasa de 24 víctimas por cada cien mil habitantes; 5.286 muertes por resistencia a la autoridad, según la denominación oficial, pero que en esencia son homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales, con una tasa de 19 víctimas por cada cien mil habitantes; y 4.632 muertes de intencionalidad indeterminada, registrados oficialmente como averiguaciones de muerte, pero que en la práctica son también homicidios o permanecen sin aclarar su situación al final del año considerado, y cuya tasa estimada es de 17 víctimas por cada cien mil habitantes».
Para esta investigación se utilizaron, entre otros, datos elaborados por organizaciones civiles como el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Esto, en virtud de la falta de información por parte del Ministerio del Interior, Justicia y Paz; del Ministerio Público y de los propios organismos de seguridad evaluados.
De mal en peor
Las llamadas ejecuciones extrajudiciales no son algo nuevo en Venezuela. Desde hace décadas miembros de los cuerpos policiales se han visto involucrados en este tipo de crímenes, siendo casos como El Caracazo uno de los más emblemáticos. Sin embargo, con el paso de los años la situación no ha hecho más que agravarse y así lo deja en claro el informe.
«Entre 2010 y 2017 se contabilizaron 18.401 personas muertas en manos de los cuerpos policiales. En el año 2010 la tasa de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado era de 2,3 por cada cien mil habitantes, en 2016 llegó a 19, esto es un incremento alarmante de un 726%. El 60% de estas muertes han ocurrido entre 2016 y 2017».
El documento agrega:
«Se aprecia claramente la tendencia creciente en las muertes por resistencia a la autoridad que se incrementan en promedio en algo más de tres puntos por año. Este aumento sostenido contrasta con la disminución en los homicidios para terminar casi coincidiendo en el año 2019 (18 muertes por averiguación por cada 100.000 personas contra 24 homicidios por cada 100.000 habitantes)».
Asimismo, se advierte que prácticamente ningún cuerpo de seguridad está libre de cometer este crimen contra los derechos humanos.
“En el periodo 2015-2018 el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas), que ocupó siempre el primer lugar con casi la mitad de las muertes por resistencia a la autoridad, fue desplazado por la PNB (Policía Nacional Bolivariana) en el año 2019 como responsable del 36% de los casos de resistencia a la autoridad. Otro cuerpo que muestra una tendencia creciente en ese periodo es la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) que aumentó hasta un 8% en el 2019”.
Las policías estadales y municipales, por su parte, quedaron en el cuarto y quinto lugar en este terrorífico ranking.
El problema de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela ha cobrado tal gravedad que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas se han referido a él en numerosas ocasiones.
Este estudio es la continuación de otro presentado por Acceso a la Justicia recientemente, bajo el título de Visión panorámica del sistema policial en Venezuela (2000-2018) y en el cual se advertía que en el país hay más policías de los necesarios, pero no están bien entrenados ni equipados para cumplir eficientemente su función; y que las recomendaciones de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), entre las cuales figuraba la profesionalización de los cuerpos de seguridad y su desmilitarización, no se habían implementado, lo cual explicaba por qué los índices delictivos no habían disminuido dramáticamente y por qué la ciudadanía no se sentía más segura.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Este nuevo informe confirma que las policías en Venezuela no cumplen con su principal función legal: proteger los derechos y brindar seguridad a la ciudadanía. Por el contrario, en vez de ser una solución los cuerpos policiales son parte del problema de la seguridad pública en Venezuela.
Pero como si no bastara con que las fuerzas de seguridad del Estado no sean eficaces ni eficientes respecto al cumplimiento de sus funciones, el hecho de que solo en 2019 hayan sido responsables de arrebatar la vida a más de 5.000 ciudadanos revela cuál es la magnitud de la impunidad en Venezuela.
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