Tras una revisión de la poca información que el Ministerio Público (MP) presenta a los ciudadanos, la ONG Acceso a la Justicia encontró que en el transcurso de los años entre 2001 y 2015 este eslabón del sistema de justicia se ha visto avasallado por la prolongada conflictividad social originada por la crisis y que evidencia deficiencias materiales y de capital humano de esa institución.
“El MP tiene como función principal garantizar el correcto funcionamiento de los procesos judiciales, asegurando el debido proceso así como los derechos ciudadanos. El buen funcionamiento de esta institución promueve el enfoque garantista de nuestro sistema de justicia y debe contar con autonomía para el correcto funcionamiento del sistema penal acusatorio”, resaltó la ONG en el Informe sobre el Desempeño del Ministerio Público (2001-2015).
Un dato esencial para la evaluación de cualquier instancia pública es su recurso humano. Sin embargo, en los informes anuales no se publica el total de fiscales y, tanto menos, su distinción entre titulares y provisorios. Para acceder a la información disponible sobre este particular, se recurrió a información publicada por organizaciones internacionales y ONG, por medio de las cuales se pudo obtener información para solo dos años de la serie (2004 y 2009).
Entre los años 2004 y 2009 la tasa de fiscales por cada 100.000 habitantes disminuyó: pasó de 4,96 a 4,73. Al comparar esta cifra con la obtenida por otros países latinoamericanos que aparecen en el Informe Desafíos del Ministerio Público Fiscal para América Latina (CEJA, 2005), Venezuela se encuentra por debajo del promedio de la región y está muy por debajo de otros países con alta incidencia de violencia como El Salvador (8,9, la tasa más alta de la región), Colombia (7,8), Guatemala (6,9) y cerca del caso de Honduras (5,4).
“Este indicador nos muestra que la capacidad de respuesta para atender las necesidades de los venezolanos se encuentra por debajo de los estándares latinoamericanos”, reza el estudio.
Otro dato a destacar es que dentro del gasto público, menos del 1% se destinó al MP y que de este porcentaje entre 70% y 80% fue para el rubro de pago de nómina. “La alta dedicación del presupuesto a gastos de personal y el hecho que la tasa de fiscales se encuentre por debajo de la media latinoamericana nos dice que la inversión en personal no es eficiente, pues la proporción no ha implicado que nos acerquemos a los estándares internacionales”.
Pero una cifra aún más preocupante, fue el aumento de más de 283% en las imputaciones entre 2014 y 2015, pues se pasó de 94.306 imputaciones a 267.799 en el 2015, como reflejo de la alta conflictividad social en el país, producto de la crisis y sobre la cual los demás poderes involucrados nada dicen.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
El aumento importante en el número de imputaciones que realiza la Fiscalía no va de la mano con un incremento en el número de jueces en el país, lo cual deriva en uno de los defectos más importantes del sistema de justicia como lo es el retardo procesal. Ello no hace posible una justicia oportuna, desembocando en el ascenso del número de reclusos que esperan sentencia en una cárcel de forma indefinida.
Igualmente, la falta de fiscales que acusen en un juicio penal acarrea impunidad en tiempos de altos índices delictivos como los que se viven en Venezuela.
Enlace al estudio: https://goo.gl/qaMtR3
