Lejos de investigar y sancionar las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros crímenes de lesa humanidad que han sido perpetrados en Venezuela desde 2014, los jueces y fiscales venezolanos han tenido un «papel significativo», casi protagónico, en la ocurrencia de los mismos.
La denuncia la formuló la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en su segundo informe sobre la situación del país, el cual presentó este 16 de septiembre al público en rueda de prensa.
En el reporte, el cual fue elaborado a partir del análisis de 183 casos de detenciones a disidentes y críticos del Gobierno de Nicolás Maduro, ocurridas entre 2014 y 2021, se lee lo siguiente:
«La Misión tiene motivos razonables para creer que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en represión estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y delitos. Los efectos del deterioro del Estado de Derecho se propagan más allá de los directamente afectados, repercuten en toda la sociedad».
La instancia entrevistó a 177 personas, la mayoría de ellas víctimas de abusos, así como a sus familiares y defensores, pero también a 36 personas que trabajaron en el sistema judicial y que revelaron detalles de cómo opera esta rama del Poder Público. Igualmente, la Misión de la ONU trató de obtener información de parte de las autoridades, y para ello envió 17 cartas a Nicolás Maduro, al fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab; al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, entre otros funcionarios, pero no recibió respuesta. Tampoco le fue permitido a ninguno de sus miembros ingresar al país y constatar in situ la situación.
Rol de jueces y fiscales
En la versión del informe de más de 200 páginas de extensión, el grupo de expertos designado por la ONU acusa a los jueces y fiscales venezolanos de no impedir las violaciones a los derechos humanos, sino por el contrario de ser cómplices de ellas.
«La Misión tiene motivos razonables para creer que los jueces y fiscales han desatendido su obligación de proteger a opositores al Gobierno, reales o presuntos, contra detenciones y arrestos arbitrarios realizados sin orden judicial justificándolos a menudo bajo la figura de la flagrancia en contra de lo que habría surgido de los hechos».
También se da cuenta de 19 casos de militares sospechosos de ser críticos al Gobierno que fueron aprehendidos por los organismos de inteligencia sin que hubiera una orden judicial en su contra, y tras permanecer durante horas desaparecidos los jueces emitieron decisiones avalando su captura.
La instancia de la ONU también denunció que la justicia ha actuado en contra de quienes han alzado su voz en contra de la práctica antes descrita. Así destacó el caso de Andreína Baduel, quien el 8 de mayo de 2020 presentó ante la Sala Constitucional del TSJ un habeas corpus para saber dónde estaba su hermano Josnars, del que no tenía noticias desde que el 4 de mayo hubiera sido aprehendido en la llamada Operación Gedeón. El máximo juzgado no solo rechazó la petición, sino que ordenó al Ministerio Público (MP) abrirle una averiguación a la denunciante.
La Misión acusó a los jueces y fiscales de hacer un uso abusivo de la figura de la detención preventiva y de enviar a los afectados a los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), «a pesar de que hubiera riesgo de comisión de actos de tortura, e incluso cuando los detenidos presentaran en la sala de audiencias signos compatibles con torturas».
Y como si ser detenido sin motivo y ser sometido a torturas y malos tratos no bastara, los investigadores de la ONU denunciaron que los constantes retardos procesales se han convertido en una práctica que atenta contra los derechos humanos de los venezolanos.
«La Misión pudo revisar los plazos procesales en 144 de las 183 detenciones revisadas y encontró diferencias significativas entre los plazos permitidos por la ley y la práctica. El 77% de las audiencias de presentación examinadas por la Misión se produjeron después del periodo de 48 horas permitido por la ley, y el 18% de las personas detenidas se mantuvieron retenidas durante más de una semana antes de las audiencias de presentación. Las personas detenidas solían estar incomunicadas y sin supervisión durante este periodo y eran vulnerables a torturas, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes».
Al respecto, agregó lo siguiente:
«Los retrasos más flagrantes se produjeron entre la audiencia de presentación y la audiencia preliminar. El tiempo promedio entre la aprehensión y la audiencia preliminar fue de 243 días (unos ocho meses). En 102 detenciones documentadas, las audiencias preliminares se aplazaron en numerosas ocasiones. La Misión documentó 16 casos de detención en los que la audiencia preliminar se aplazó durante más de dos años, tiempo durante el cual se prolongaron la prisión preventiva o las medidas cautelares sustitutivas».
La causa del mal
En el informe se deja en claro que esta situación no habría podido ocurrir sin el proceso de cooptación del Poder Judicial que el chavismo puso en marcha casi desde el mismo momento en que llegó al poder en 1999.
La instancia de la ONU denunció que el proceso de secuestro de la justicia se ha sustentado en el control del TSJ y del MP, mediante la designación de funcionarios afectos al oficialismo. En la actualidad 29 de los 32 magistrados militaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fueron ministros o diputados por esa formación o tienen nexos familiares con autoridades gubernamentales. El control del máximo juzgado, por su parte, ha facilitado el dominio del resto del sistema, gracias a la no celebración de los concursos de oposición. Algo similar ha ocurrido en la Fiscalía.
El socavamiento de la independencia judicial ha permitido situaciones como las siguientes:
«Actores judiciales y fiscales de todos los niveles le dijeron a la Misión que habían experimentado o presenciado injerencias externas en un caso y/o que habían recibido instrucciones sobre cómo decidir determinados casos, especialmente casos políticos. Estas instrucciones provienen tanto de actores políticos como de la propia jerarquía judicial o fiscal, muchas veces actuando de forma coordinada».
Asimismo, la Misión constató que el Gobierno envía instrucciones a la justicia por tres vías: mensajes directos a magistrados, a través de intermediarios o por medio de declaraciones públicas de funcionarios públicos de alto nivel.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El demoledor informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Venezuela confirma que la justicia venezolana ha renunciado a su labor fundamental: castigar a quienes quebrantan la ley y reparar a sus víctimas, para convertirse no solo en un pilar de apoyo del Gobierno de Nicolás Maduro, sino de paso en un ariete contra cualquier expresión disidente.
Los expertos nombrados en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dejan en claro en este segundo informe que los jueces y fiscales venezolanos forman parte del entramado que ha cometido delitos de lesa humanidad.
Que la justicia solo sirva a la represión es la muestra de que se prefiere gobernar por el miedo que por el respeto.
