El deterioro institucional que padece Venezuela ha desembocado en un proceso sostenido y progresivo de restricción de los derechos humanos en el país. Además de las limitaciones de insumos y servicios básicos –alimentos y medicinas-, la represión de la protesta, la inseguridad, y otras múltiples violaciones, los venezolanos también están siendo sometidos a la imposibilidad de acceder a sus documentos de identidad.
La Constitución, en su artículo 56, estipula que “toda persona tiene derecho a obtener documentos públicos que comprueben su identidad”, lo que supone que todo venezolano puede optar de manera oportuna a una partida de nacimiento, cédula de identidad o pasaporte, pero la realidad es que los organismos del Estado no están garantizando la obtención de ninguno de ellos.
El drama del pasaporte
El trámite del pasaporte es el caso que más reclamos acumula en reseñas de medios de comunicación y redes sociales. Los testimonios van desde dramáticos relatos hasta denuncias de cobros de sumas exorbitantes para optar a tener un documento nuevo para viajar o incluso emigrar.
Los problemas en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y extranjería (Saime) datan de por los menos 2016, año en el que el director del organismo, Juan Carlos Dugarte, se comprometió en dos ocasiones diferentes a resolver la escasez de material que para la fecha mantenía en retraso –de hasta ocho meses– la emisión del instrumento para entrar y salir del país.
Pese a las promesas, la crisis se agudizó en 2017, pues la contracción económica –que afectó la importación de insumos para elaborar pasaportes– se unió al fuerte flujo migratorio de venezolanos, haciendo colapsar el sistema, y generando a su vez una fuerte trama de corrupción, que en algunos ámbitos ha sido reconocida por propio el Ministerio Público.
Para paliar la situación, el Saime instrumentó el año pasado el servicio de pasaporte exprés –cobro de una suma adicional para agilizar la emisión–, y luego autorizó su prórroga, lo que abrió una vía para quienes tenían el instrumento vencido, pero no así para los venezolanos que no disponen del mismo, o a quienes el organismo se los anuló por supuestas denuncias de robo o errores, como le ocurrió a políticos y otras personalidades con posiciones contrarias al Gobierno.
A la fecha, ninguna de estas medidas está garantizando la obligación del Estado de emitir el documento para salir o entrar al país. La página web del Saime impide completar el procedimiento para tramitar un documento nuevo, ya sea porque no aprueba algunas de las etapas o porque impide el pago exprés, lo que además viola el artículo 9 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual establece que los funcionarios públicos tienen la obligación de recibir y responder las solicitudes de la ciudadanía.
Con esta forma de ejercer sus funciones, el Ejecutivo está restringiendo no sólo el derecho a la identidad, sino además violentando la libertad de circulación y movimiento consagrada en la Constitución, donde se estipula expresamente –en el artículo 50– que todo venezolano puede libremente “ausentarse de la República y volver”.
Esto a su vez está impactando el estatus migratorio de numerosos venezolanos que viven en el exterior, pues el pasaporte es el instrumento obligatorio para permisos, solicitud y renovación de visas, así como para optar a servicios básicos.
En su más reciente declaración –este 15 de mayo–, el director del Saime aseguró que la web del organismo (www.saime.gob.ve) “se encuentra plenamente operativa, para la realización de los procedimientos como la prórroga del pasaporte”, pero nada dijo de las miles de denuncias sobre el bloqueo que registra el portal para el pago del trámite exprés, que es la única vía para obtener un documento de viaje nuevo.
Cedulación limitada
Aunado a lo que ocurre con el instrumento para salir y entrar del país, también está la situación que se vive con la expedición de cédulas, pues el proceso para obtenerla muestra dificultades que atentan contra el derecho a acceder oportunamente a este documento básico de identidad.
Actualmente, para tramitar la cédula la población está supeditada a operativos que habilite el Saime para solicitarlo, ya que las oficinas del organismo muestran una severa falta de material, o el mismo es insuficiente para la demanda que se registra.
La imposibilidad de cumplir con la obligación de expedir este documento ha llevado a que los niños que van a gestionar el instrumento por primera vez deban hacerlo exclusivamente en Caracas sin importar dónde residan, debido a que en las oficinas regionales del Saime puede ocurrir que no haya acceso al sistema de identificación, no tengan material o los menores no aparezcan registrados.
Esta situación se agrava con los niños venezolanos residenciados en el exterior, ya que al cumplir los nueve años –edad en la que se debe tramitar el documento–, por no tener la cédula se les impide renovar el pasaporte, que es el único instrumento de identidad con el que cuentan para regularizar su estatus migratorio.
La incongruente funcionalidad del Saime se evidenció de cara a las elecciones del 20 de mayo. Para este evento, Dugarte anunció que fueron reforzados los operativos de cedulación en todo el país, pero el plan se basó en mantener “activas” las oficinas del ente, cuando ese debería ser un servicio regular. Ni las redes sociales ni la web del organismo precisaron sobre otros lugares para hacer el trámite.
Sin acceso
La gestión de la partida de nacimiento tampoco escapa a las dificultades en Venezuela. Hasta el pasado 20 de febrero las solicitudes tenían que hacerse sin trámite previo en los registros de cualquier localidad, lo que obligaba a hacer largas colas para completar el proceso, pero a partir de esa fecha el Servicio Autónomo de Registro y Notarías (Saren) activó las peticiones electrónicas, cerrando la puerta a cientos de ciudadanos.
La dinámica para la expedición de este documento involucra registrarse en el portal del Saren y escoger la región donde se nació (estado, municipio, parroquia) para que el sistema arroje el registro al cual asistir. Sin embargo, cumplido el proceso, sin importar la localidad que se seleccione, la página web arroja que no hay fechas disponibles.
En principio las denuncias indicaban que el proceso obligaba a la espera de al menos treinta días para obtener la partida de nacimiento, pero actualmente son meses para acceder a una cita que permite hacer solicitudes de un máximo de seis instrumentos.
Los usuarios del Saren, al igual que los del Saime, se sirven de las redes sociales para hacer reclamos, e incluso especificar el costo que supone pagar a un gestor para obtener una partida de nacimiento.
Conocido lo que está ocurriendo para la obtención de documentos de identidad, resulta imperativo llamar la atención no sólo en la denuncia de que el Estado no está garantizando derechos básicos, sino en la exigencia de aplicar correctivos, porque la ineficiencia, falta de transparencia, ausencia de medidas para corregir los problemas y corrupción, es lo que campea.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
En Venezuela los trámites ante organismos públicos pone a prueba la paciencia y resistencia de los ciudadanos, quienes deben sortear no sólo la incapacidad de los entes del Estado sino el entramado de irregularidades que busca obligar a pagar para obtener lo que por derecho corresponde.
La denuncia es la única arma que se tiene para hacer ver al Gobierno que está violando derechos básicos, por lo que se debe persistir en lo obvio: que obtener un instrumento de identidad no debería ser una tarea titánica ni un proceso donde recurrir a un gestor sea prácticamente la única salida, sino el fiel reflejo de lo establecido en la Constitución.
