Sala: Constitucional
Tipo de procedimiento: Acción de Amparo Constitucional
Materia: Derecho Constitucional
N° de Expediente: 22-0697
Nº Sentencia: 0852
Ponente: Lourdes Benicia Suárez Anderson
Fecha: 27 de octubre de 2022
Caso: Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por OSMEIDYS MARÍA CAMACHO DE CONTRERAS contra presuntas vías de hecho endilgadas al ciudadano Marcos Antonio Pérez Ramírez, consistentes en el presunto desalojo de un bien inmueble
Decisión: 1. IMPROPONIBLE el recurso de hecho propuesto en este juicio de amparo por el abogado JAIRO CONTRERAS TORRES, quien actúa en su propio nombre y como apoderado judicial de la ciudadana OSMEIDYS MARÍA CAMACHO DE CONTRERAS, ambos supra identificados. 2. ORDENA a la Secretaría de esta Sala, que proceda a REMITIR el presente expediente al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, a los fines legales consiguientes.
Extracto: “… corresponde emitir pronunciamiento al medio recursivo que ha sido sometido al conocimiento de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y para tal efecto se estima pertinente realizar las apreciaciones que se expresan a continuación:
El recurso de hecho bajo examen fue interpuesto contra la decisión dictada el 15 de agosto de 2022 por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, en la que se declaró inadmisible el recurso ordinario de apelación que fue ejercido por la parte querellante en el segundo grado de cognición del proceso contentivo de la acción de amparo constitucional intentada por los ciudadanos Osmeidys Camacho y Jairo Contreras, contra el ciudadano Marcos Pérez, todos ellos supra identificados, denotándose del examen inicial del trámite procedimental en que se instruyó esta causa que en este juicio se cumplió el principio de la doble instancia de la jurisdicción que informa al proceso de amparo, siendo examinada la pretensión de tutela en principio por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda y posteriormente, con motivo del ejercicio del recurso ordinario de apelación incoado contra el fallo proferido en esa primera instancia de juzgamiento, por el mencionado tribunal de alzada.
Precisado esto, resulta conveniente señalar que uno de los principios que informan al proceso de amparo es el de la doble instancia de la jurisdicción, salvo los casos en que esta Sala o la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, conozca, en primera y única instancia, de dichas acciones. Así pues, el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone:
“Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días”.
No pretende más que resaltarse que el trámite procesal en que se instruye el especial y sumario juicio de amparo constitucional es decidido, en principio, mediante el examen de juzgamiento que se realice en una primera instancia de conocimiento, cuya decisión podría ser revisada por un órgano de alzada si media el ejercicio del recurso ordinario de apelación, con lo cual se materializa este conocimiento en doble instancia jurisdiccional, siendo oportuno recordar que según la jurisprudencia de esta Sala la consulta obligatoria a que se refiere el artículo transcrito ha sido tácitamente derogada (vid. sentencia n.° 1.307 del 22 de junio de 2005). De igual forma, es pacífica y conteste la doctrina de este máximo tribunal al expresar que el recurso de hecho es una garantía procesal del recurso de apelación, el cual se dirige contra el auto que, al pronunciarse sobre la apelación propuesta por una de las partes, la declara inadmisible o la admite solo en el efecto devolutivo.
De manera pues, que este medio de impugnación, establecido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, de aplicación supletoria en los procedimientos de amparo constitucional, conforme lo establece el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tiene como fin inmediato, impedir que la negativa de la admisión de la apelación produzca al apelante un perjuicio irreparable que le impida obtener la revisión del fallo apelado. Así pues, puede afirmarse que el recurso está dirigido a permitir a los justiciables la satisfacción de la garantía del doble grado de jurisdicción (vid. sentencia n.° 2.600 del 16 de noviembre de 2004).
Siguiendo este hilo argumental, es de entender que el recurso de hecho que puede ser ejercitado en los especialísimos juicios de amparo para la tutela de derechos constitucionales, es el que garantiza el ejercicio de la apelación como medio recursivo de carácter ordinario que da cabida al conocimiento en doble instancia jurisdiccional, advirtiendo esta Sala Constitucional que el recurso de hecho propuesto por los aquí quejosos va dirigido contra una decisión en la que se declaró inadmisible un segundo recurso de apelación que intentó hacer valer en el juicio de amparo, por lo que puede deducirse que lo que pretende la recurrente es que sea abierta una tercera fase de cognición en el juicio de amparo.
Precisada de esta forma la aspiración que pretende materializar la parte recurrente de hecho, esta Sala debe reiterar que el legislador no consagró, para el procedimiento especial de amparo, la posibilidad de la interposición de un segundo recurso de apelación, siendo que de admitirse esta posición contribuiría a anarquizar el sistema procesal y desvirtuaría la esencia breve y expedita de la tutela urgente y preferente propia del amparo, con lo cual se crearía inseguridad jurídica para quienes la ejercieran y no garantizaría cabalmente los derechos a ser protegidos por su conducto, ya que la situación jurídica restablecida podría ser ilegítimamente objeto de modificación, cuando el que resultare vencido ejerciera una nueva demanda de amparo u otro recurso contemplado en la legislación procesal contra la decisión de segunda instancia que lo desfavorece; dejando a salvo la posibilidad normativa de que esta Sala Constitucional con carácter facultativo, pueda revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo dictadas por los tribunales de la República mediante solicitud de revisión constitucional prevista en el artículo 336, numeral 10 de la Carta Magna (Vid. sentencia n.° 1.075 del 13 de junio de 2001).
Visto lo anterior, resulta factible comprender que mal podría considerarse un recurso de hecho que pretenda la admisión de un recurso de apelación en un proceso que ha tenido su doble grado de jurisdicción, cuando no existe la posibilidad jurídica y legalmente concebida de ejercer este nuevo medio recursivo en los juicios de amparo.
Siendo así, se estima pertinente hacer notar que el derecho de acceso a la jurisdicción no tiene un carácter absoluto susceptible de ser satisfecho al margen de las condiciones o requisitos que impone el ordenamiento, ya que existen ciertos presupuestos necesarios que se deben observar imperativamente para que nazca el deber del juez de pronunciarse sobre el asunto y esto conduce a verificar si la tutela pretendida es permitida por el estamento jurídico, o en mejores términos, si la tutela solicitada en el proceso es algo que válidamente se deriva del ordenamiento jurídico aplicable, siendo que de no ser así lo pretendido resultaría improponible.
Sobre este término esta Sala Constitucional, en sentencia n.° 1.120 de fecha 13 de julio de 2011, dispuso que:
“…esta Sala estima pertinente hacer un llamado de atención (…) en lo atinente al término ‘improponible’ (…). El vocablo in commentohace referencia a aquellas pretensiones que no tienen existencia en derecho, es decir, que no poseen fundamento legal alguno que admita su interposición…”.
El análisis anterior, conduce a afirmar que la pretensión aun cuando presente una completa ordenación lógica de argumentos concordados, no puede ser objeto de trámite cuando se observa que lo pedido no ostenta sustento jurídico. En este caso la imposibilidad de tramitar lo solicitado deviene de la inexistencia manifiesta del estamento legal que permita la segunda impugnación ordinaria de la sentencia de mérito en los juicios de amparo y por consiguiente recurrir de hecho cuando se decrete la inadmisibilidad de este medio recursivo, razón por la que debe declararse improponible el recurso de hecho aquí intentado por la parte accionante. Así se decide”.
Comentario de Acceso a la Justicia: El recurso de hecho regulado en el Código de Procedimiento Civil en los artículos 305 al 309; constituye una garantía procesal del derecho de apelación, que tiene por objeto la revisión del juicio emitido por el juez de la causa en torno a la admisibilidad del recurso ejercido. La SPA en fecha 19 de febrero de 2002, estableció que supone “como presupuestos lógicos, en primer lugar, la existencia de una decisión susceptible de ser apelada; en segundo lugar, el ejercicio válido del recurso de apelación contra esta y, finalmente, que el órgano jurisdiccional haya negado la admisión de dicho recurso o la haya limitado al solo efecto devolutivo”.
De igual forma, la doctrina de la SC establece que el recurso de hecho “es una garantía procesal del recurso de apelación, el cual se dirige contra el auto que, al pronunciarse sobre la apelación propuesta por una de las partes, la declara inadmisible o la admite solo en el efecto devolutivo”. También la Sala de Casación Civil en el fallo 8 de junio de 2000, dejó sentado que el “…objeto del recurso de hecho es solicitar a un Tribunal Superior ordene oír la apelación denegada o que se le admita en ambos efectos cuando ha sido oída en uno solo…”.
Así pues, puede afirmarse que el recurso de hecho está dirigido a permitir a los justiciables la satisfacción de la garantía del doble grado de jurisdicción.
Ahora bien, en el caso que se analiza, la Sala advierte que el ejercicio del recurso de hecho en el juicio de una acción de amparo constitucional que ha tenido su doble grado de jurisdicción, realmente no es viable.En el presente caso, el recurso de hecho fue intentado contra la inadmisibilidad de un segundo recurso de apelación.
En efecto, indicó la Sala que “no puede ser objeto de trámite cuando se observa que lo pedido no ostenta sustento jurídico. En este caso la imposibilidad de tramitar lo solicitado deviene de la inexistencia manifiesta del estamento legal que permita la segunda impugnación ordinaria de la sentencia de mérito en los juicios de amparo y por consiguiente recurrir de hecho cuando se decrete la inadmisibilidad de este medio recursivo, razón por la que debe declararse improponible el recurso de hecho aquí intentado por la parte accionante”.
El juez constitucional de este modo garantizó el ejercicio adecuado del recurso de hecho, tras impedir que fuera dotado como un instrumento para abrir una tercera instancia del proceso de amparo, sobre todo cuando el postulado de la doble instancia o doble jurisdicción es un principio general en el derecho procesal venezolano.
Nuestra ley fundamental contempla en el último aparte del inciso 1°, del artículo 49, el derecho de recurrir de las sentencias ante una instancia superior en grado de jurisdicción. Se trata de la fundamentación constitucional de la garantía procesal de la doble instancia según la cual, toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir el fallo condenatorio, el cual a su vez está estrechamente vinculado con la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 26 de la Constitución.
Voto Salvado: No tiene
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/320234-0852-271022-2022-22-0697.HTML
