Entre 2016 y lo poco que va de 2018 el registro de los partidos políticos nacionales ha disminuido en más de 75%. Este descenso anómalo se explica, en primer lugar, por la decisión de “interpretación constitucional” contenida en la sentencia n.° 1 del 5 de enero de 2016 de la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia, en la que estableció que los partidos políticos que hubieran obtenido menos del 1% de los votos en las elecciones parlamentarias de 2015 en menos de doce entidades federales debían renovar la nómina de sus inscritos.
Tras el referido fallo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dictó las Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales (publicado en Gaceta Electoral n.° 801 del 4 de marzo de 2016), a las cuales debían someterse un total de sesenta y dos partidos, a fin de mantenerse activos y poder participar en cualquier elección convocada por el Poder Electoral.
De acuerdo con la mencionada resolución, las toldas políticas que debían renovarse eran, por el lado de la oposición, Acción Democrática (AD), Movimiento Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular Activistas (VP) y Un Nuevo Tiempo Contigo (UNT), y por el lado del gobierno y sus simpatizantes o adeptos, entre otros, Patria Para Todos (PPT), Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Movimiento Electoral del Pueblo (MEP).
Únicamente cinco organizaciones políticas, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Partido Unión y Entendimiento (Puente), Independientes por el Progreso (IPP) y Unidad Política Popular 89 (UPP 89), quedaron exentas del proceso de validación.
A estos cinco partidos políticos, sin embargo, se sumaron otras organizaciones políticas tras una sentencia “aclaratoria” de la SC del TSJ contenida en el fallo n.° 223 del 28 de abril de 2017 que en realidad fue discriminatoria, en la que flexibilizó el proceso de renovación impuesto. A partir de esta decisión se abrió la puerta para beneficiar sólo a los partidos oficialistas Tendencias Unificadas para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro), Nueva Visión Para Mi País (Nuvipa) y el PCV.
Una vez finalizado el proceso de validación, protagonizado por una cadena de obstáculos, el CNE, según resolución n.° 170731-0227 del 31 de julio de 2017 (publicada en Gaceta Electoral n.° 865 del 13 de septiembre de 2017), dio a conocer que de un total de cincuenta y nueve partidos políticos nacionales que debían renovar sus nóminas de inscritos conforme al proceso ordenado por la SC del TSJ, tan sólo catorce toldas alcanzaron su legalización. Entre ellas los opositores AD, UNT, VP, Movimiento al Socialismo (MAS) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) y los afectos al Ejecutivo Nuevo Camino Revolucionario (NCR), PPT y MEP.
En tal sentido, de acuerdo con la información oficial del CNE (resolución n.° 170731-0228 del 31 de julio de 2017, y publicada en Gaceta Electoral n.° 865 del 13 de septiembre de 2017), los partidos políticos nacionales que “no alcanzaron el porcentaje de manifestaciones de voluntad requeridas en por lo menos doce entidades federales”, fueron cuarenta y dos, a saber Alianza Bravo Pueblo (ABP), La Causa Radical (CR), Bandera Roja (BR) y Proyecto Venezuela (PV), entre los adversos al chavismo y el integrante del Polo Patriótico Gente Emergente (GE).
Adicionalmente, el CNE mediante resolución n.° 170731-0229 del 31 de julio de 2017 (publicada en Gaceta Electoral n.° 865 del 13 de septiembre de 2017) también decidió cancelar a otros tres partidos políticos porque no “consignaron la Solicitud de Renovación”, conforme al artículo 6 de las Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales. Los afectados por la medida fueron Movimiento Laboralista, Partido Socialismo y Libertad y Progreso Social.
De esta manera, a raíz del fallo de la SC, se eliminaron cuarenta y cinco partidos políticos nacionales, entre los que destacan organizaciones de una significativa trayectoria en el país como ABP, BR, Causa R y PV. Asimismo, se revelaba que un total de veintidós asociaciones (las catorce validadas más las ocho exentas de renovación) eran los partidos habilitados legalmente en el país para participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes del 15 de octubre de 2017, tales como AD, AP, Copei, MUD y VP de un lado, y PSUV, Tupamaro, PPT, PCV y MEP, del otro.
Coctel de ataques
Sin embargo, la vigencia de esta lista de partidos nacionales se ha visto mermada a finales de 2017 y las primeras semanas de enero del año 2018 por decisiones de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el CNE y el TSJ, que sin observar las condiciones establecidas en la Constitución y en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, e incluso sus propias decisiones del año anterior (en el caso del CNE y el TSJ), ejecutaron un coctel de ataques sistemáticos en contra de las cinco principales asociaciones políticas opositoras del país: AD, MUD, PJ, VP y Puente.
Esto responde a una estrategia gubernamental concreta: la de eliminar la mayor competitividad electoral posible en las próximas elecciones presidenciales, adelantadas inconstitucionalmente por la ANC. De hecho, la cancelación automática de los partidos Puente y VP que rechazaron acudir al proceso de validación ordenado por la ANC y avalado por el CNE, así como la anulación insólita de la tarjeta de la MUD por un fallo “interpretativo” de la SC, son hechos palpables que demuestran los graves riesgos a los que están expuestos los derechos de participación política (artículo 62 constitucional) y de libertad de pensamiento y opinión (artículo 57 constitucional) en el contexto actual del país, además de atentar contra la autonomía y libertad de las personas.
Pero el mayor de los ataques es la reciente decisión del CNE, tomada el pasado 2 de febrero, de cancelar imprevistamente a Primero Justicia luego de que la propia administración electoral aprobara e informara las actividades que debía cumplir dicha tolda para alcanzar su validación.
Resulta alarmante y peligroso que, entre 2016 y las pocas semanas que van del año 2018, se han eliminado cuarenta y nueve partidos políticos a partir de medidas muy alejadas de los estándares de un Estado democrático de derecho, que sólo buscan favorecer al partido gobernante. De momento apenas restan diecisiete partidos nacionales “legalizados” para participar en los próximos comicios, pues aún se está a la espera de que el Poder Electoral apruebe la validación o no de Acción Democrática. Se trata de un panorama político que no luce para nada alentador en la actual crisis que vive el país.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Cada vez más el Gobierno nacional, a través de sus distintos brazos ejecutores (ANC, CNE y TSJ), se va apropiando de las instituciones y métodos democráticos con el fin de enmascarar sus verdaderas intenciones.
El ataque constante contra los partidos políticos de oposición supone la neutralización del pluralismo político y el reforzamiento para la constitución de un sistema de partido único (unipartidismo), tal y como se ha impuesto en países como Cuba, Corea del Norte y China. La privación y la posible muerte de tales organizaciones representarían para los venezolanos el grave peligro de perder los remotos espacios que aún sobreviven en el país, a pesar del progresivo autoritarismo.
