Los nombres de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designados en diciembre de 2015 vuelven a estar en el ojo del huracán por las actuaciones de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y las sentencias de ese alto tribunal en respuesta a ellas.
Ya en 2016, la ONG Acceso a la Justicia había determinado que de los trece magistrados designados, conocidos como magistrados exprés –llamados así por la rapidez del proceso de selección en diciembre de 2015 por parte de la Asamblea Nacional (AN) saliente con mayoría chavista– sólo cuatro cumplían los requisitos para ser designados, a saber, Juan Ibarra (Sala de Casación Penal), Francisco Velásquez (Sala de Casación Civil), Vilma Fernández (Sala de Casación Civil) y Marco Medina (Sala Político Administrativa).
La mayoría (los nueve restantes), Calixto Ortega, Luis Damiani Bustillos, Lourdes Suárez, Eulalia Guerrero, Fanny Cordero, Christian Zerpa, Yván Bastardo, Yanina Karabin y Jesús Jiménez, no cumplen con alguno de los requisitos constitucionales para acceder al cargo, por ejemplo, haber ejercido la abogacía por al menos quince años, tener un título de postgrado en Derecho y/o no haber renunciado a su militancia política, por mencionar algunos de ellos.
El TSJ es un “obstáculo para la paz del país” por la “falta de legitimidad de origen de esos magistrados”, declaró Luisa Ortega Díaz el 13 de junio, al solicitar a la Sala Constitucional, además de la nulidad del acto de designación de la AN saliente de esos magistrados exprés, el antejuicio de mérito de ocho magistrados de la Sala Constitucional (seis principales y dos suplentes) por el delito de conspiración contra la forma republicana al dictar las sentencias 155 y 156.
Y Ortega Díaz no se equivocó. Si no tenemos jueces imparciales desde el punto de vista político y con las credenciales exigidas para el cargo, no podemos esperar verdadera justicia de su parte. En ese sentido, no es de extrañar que la solicitud de la fiscal de anular el nombramiento de los magistrados exprés haya sido negada por parte de la Sala Constitucional en la sentencia n.º 454 del 12 de junio, sin que además los tres involucrados siquiera se inhibieran de conocer el caso, actuando como juez y parte.
Tampoco debe causar sorpresa que la Sala Plena, mediante sentencia Nº 37 del 15 de junio de 2017, rechazara la solicitud de Ortega Díaz sobre el antejuicio de mérito de ocho magistrados de la Sala Constitucional por “sobreseimiento de la causa”.
Vale acotar que los magistrados Ortega, Suárez y Damiani Bustillos, junto a otros cinco miembros del Poder Judicial, entre ellos el presidente del TSJ, Maikel Moreno, fueron incluidos en la lista de venezolanos sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) de Estados Unidos y congelados sus bienes en ese país aparte de Europa y Asia.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
El TSJ es la instancia más alta que hay para obtener justicia en el país. Si tenemos un alto Tribunal formado por personas que están allí no por sus cualidades como juristas sino por cualquier otra razón, como la política, por ejemplo ¿qué clase de justicia podemos esperar?
Todos los venezolanos que aspiramos a un Poder Judicial que realmentehaga justicia debemos exigir que solamente los mejores sean nombrados como magistrados, pues se trata de un cargo que puede ocupar sólo quien esté preparado jurídicamente y sea independiente políticamente; si esto no es así, sus decisiones no serán acordes a Derecho.
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