Un discurso carente de estadísticas importantes para medir el desempeño del Poder Judicial y abundante en afirmaciones falsas, medias verdades, omisiones y sumisión al Ejecutivo nacional, fue el del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, durante la apertura del año judicial 2018.
“Rescatamos sedes destruidas por grupos violentos, intervenimos en la humanización del sistema de justicia venezolano. Nos empeñamos en desarrollar tres ejes de intervención (fortalecimiento del talento humano del Poder Judicial, la intervención de la infraestructura física y la concreta administración de los recursos materiales y financieros) indispensables para optimizar la calidad del servicio que ofrecen los 2.099 tribunales desplegados en el país”, expresó Moreno.
También habló escuetamente de un plan de modernización de las sedes judiciales del país que incluyó la dotación de más de 1.500 equipos de computación. Otros números sueltos se refirieron a la ampliación en 1.011% del programa de dotación de útiles escolares a los hijos de los trabajadores (lo cual no es nada con una inflación de 2.616% en 2017 de acuerdo con la Asamblea Nacional), y la realización de 20 foros nacionales e internacionales sobre temas de justicia. Igualmente se refirió a la “eficiente administración de recursos materiales y financieros” y de la “superación” de la cultura del derroche que repercute en la mejora sustancial del servicio ofrecido a los ciudadanos, sin explicar cómo eso mejoró o no la prestación del servicio de justicia.
¿Pero dónde está el informe anual de gestión –se cumplen 7 años sin que se publique– con los números de las actividades ejecutadas que lo comprueban? ¿Por qué no se muestra? La opacidad que impide el control por parte de los organismos competentes así como del ciudadano continúa imperando en el gobierno del sistema de administración de justicia en el país. Aunque si comparamos las palabras de Moreno con las de la titular del TSJ el año pasado, Gladys Rodríguez, esta aportó cifras, muy pocas, pero más que su sucesor en el cargo. Parece que es un reto para los presidentes del TSJ el informar cada vez menos de la gestión del Poder Judicial.
Vale mencionar que Transparencia Venezuela publicó recientemente un informe en el que aseguró que al alto Tribunal a través de la Fundación Gaceta Forense, casa editorial del TSJ, recibió a finales del año 2017 la cantidad de Bs. 107 mil millones lo que equivale a 33 millones de dólares a tasa Dicom, cuyo gasto no justificó. Esto, según la directora de la ONG, Mercedes de Freitas, evidencia “la discrecionalidad y falta de rendición de cuentas de estos y todos los montos asignados al TSJ que generan riesgos y oportunidades de corrupción, desvío e ineficiencias con los fondos públicos”.
Por otro lado, en la cuenta de la red social Twitter del TSJ fueron colgados tres videos institucionales de la gestión de Moreno durante 2017 que tampoco aportan estadísticas relevantes para medir el desempeño de la institución.
“Año atípico”
Aunque el presidente del TSJ no destinó mucho tiempo a dar cifras serias sobre el desempeño del Poder Judicial, sí lo tuvo para destacar que 2017 fue un “año atípico” –en alusión a las fuertes protestas contra el Gobierno nacional entre abril y julio– pues a su juicio se dieron por parte de sectores de oposición al Gobierno, “intentos desesperados” por debilitar la justicia y atentar contra el Estado de derecho y la estabilidad del país.
“No se puede pretender que, con el uso abusivo de la política irracional, se pretenda crear un caos institucional, incitar a la impunidad y crear un clima de terror para generar anarquía y temor en la sociedad venezolana”, expresó.
Recordemos que durante 2017 el máximo tribunal de la República concretó el golpe judicial contra la Asamblea Nacional al dictar varias sentencias que la despojaron de sus competencias y avalar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convertida en sustituta inconstitucional del Parlamento. Dichas acciones provocaron sanciones internacionales (Estados Unidos, Canadá, Unión Europea) de ocho magistrados de la Sala Constitucional, incluyendo al titular del TSJ, por violaciones de derechos humanos.
“Quienes conformamos el TSJ no nos vamos a detener por amenaza extranjera alguna. El ejercicio de nuestras funciones ha estado apegado a la Constitución y a las Leyes (…). Defendemos el Estado como un todo porque eso deriva en la defensa de los ciudadanos y sus derechos”, respondió Moreno en su discurso.
¿Cómo puede hablar de la defensa de los derechos ciudadanos cuando el 27 de octubre de 2017 el TSJ declaró inadmisible un recurso de la ONG Cecodap para obtener la protección de la salud infantil ante la escasez de medicinas en el país que alcanza 90%, o ni siquiera ha admitido otro interpuesto de CEPAZ solicitando se ordene al Ejecutivo permita la entrada de un canal humanitario? ¿Cómo se permitió que 757 civiles fueran procesados en tribunales militares el año pasado por ejercer su derecho a la protesta? ¿Cómo se pudo afirmar que no era constitucionalmente obligante que el Ejecutivo convocara una ANC sin preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo o no?
Por ser 2018 año de elecciones presidenciales no faltó la amenaza velada de Moreno en cuanto a que el Poder Judicial estará “atento” y vigilante para que se cumpla la voluntad del pueblo, en medio de un proceso convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que no ofrece garantías para el ciudadano. Resulta increíble que esto lo haya dicho el presidente del mismo TSJ que, mediante una decisión que nadie pidió, le quitó a la MUD, y con ello a la mayor parte de la oposición del país, su tarjeta para participar en elecciones, aplicando una prohibición de doble militancia creada por ella y que no está en ley alguna.
De nuevo Nicolás Maduro, presidente de la República, hizo acto de presencia en la apertura de un año judicial para agradecer al TSJ su “contribución” a favor de la democracia y para ofrecerle todo su respaldo. “Es un santuario de la justicia, un poderoso Poder Judicial digno del siglo XXI”, dijo ante los magistrados.
El mandatario destacó un número: 49% de las causas penales ocupan el balance de las decisiones del TSJ del año pasado, “como muestra de la lucha contra el crimen y la violencia”, lo cual no dice nada, pues lo que demuestra realmente esa lucha es la cantidad de sentencias condenatorias y la disminución del retardo procesal, y nada de esto se dijo. Igualmente indicó que las sentencias relacionadas con causas laborales, que antes eran de sólo 1% en el máximo tribunal, hoy ocupan un lugar central que no especificó en un país donde el poder adquisitivo del salario es nulo y las prestaciones sociales se evaporan en cuestión de instantes.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Es importante entender que en un sistema democrático y en un Estado de derecho la rendición de cuentas es una obligación, no un favor, de cualquier poder público. La Constitución así lo exige y la propia Ley Orgánica del TSJ, al hacer referencia a la contraloría social, y a la rendición de cuentas al ciudadano y al Poder Popular. La falta de información adecuada impide controlar que el Poder Judicial cumpla su labor de manera correcta, lo que es un derecho que tenemos como ciudadanos y como contribuyentes que financiamos las funciones del Estado.
Cuando los ciudadanos no están informados adecuadamente sobre el desempeño del poder judicial ni quién debe controlar el poder y la impunidad, los ganadores son, en efecto, el poder y la impunidad.
