Información clave (presupuesto, personal, gestión e informes anuales) que permita una completa evaluación de desempeño no es precisamente lo que abunda en el sistema de justicia venezolano, comenzando por la cabeza del poder judicial como lo es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Si por ejemplo quiere conocer quiénes son los jueces que despachan desde los tribunales de la República en todo el país, no se encontrará con una lista actualizada en la página web del TSJ. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) muy probablemente la posea, pero tampoco la publica ni la provee si se le solicita, como demostró la detención en la DEM por algunas horas de Joseph Poliszuk, periodista del portal de noticias ArmadoInfo, por haber pedido una información que debería ser pública.
Hasta en la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se demostró en la sesión del pasado 4 de octubre, durante un debate sobre los cambios que amerita el sistema de justicia en Venezuela, que no se sabe con exactitud quiénes son los jueces ni qué hacen. El reclamo de la constituyentista María Alejandra Díaz lo evidenció: “¿Cómo se nombra a un juez y aparece en un viñedo en Italia y con una cuenta en dólares que no puede justificar?”
Si se revisa la lista que publica el TSJ, se notará que el juez Jesús Manuel Izaguirre Carvajal figura en la página del máximo juzgado del país como titular en el Tribunal Segundo de Control en el estado Delta Amacuro (desde el 26 de marzo de 2015) pero su situación actual es la de destituido. Otro caso es el de la ya lamentablemente fallecida en 2016, Ana Josefina Villavicencio Cacique, quien aparece actualmente como jueza titular de la Corte de Apelaciones 8 en Caracas.
De igual forma, el magistrado exprés de la Sala Político Administrativa del TSJ, Jesús Manuel Jiménez Alfonzo, está todavía en el listado del TSJ como juez provisorio (desde el 16 de mayo de 2008) en el Tribunal Vigésimo Octavo de Control de Caracas, pero también sale como juez temporal de la Corte de Apelaciones 4 (desde el 30 de septiembre de 2013).
Asimismo, está el tristemente célebre caso del abogado Ángel Zerpa, quien aparece como juez titular penal de la Corte de Apelaciones, aunque fue destituido de su cargo en agosto de 2010 y más recientemente fue detenido arbitrariamente y llevado ante la justicia militar sin cumplimiento del debido proceso, por haber sido nombrado como magistrado del TSJ por la Asamblea Nacional (AN).
Si no sabemos los nombres de los jueces y los cargos que actualmente ocupan no podemos determinar quiénes son ni, sobre todo, si cumplen requisitos tan importantes como no tener militancia política para ocupar su cargo, o si han cometido crímenes o tienen sanciones que cuestionen su aptitud para una función tan importante para la armonía de una sociedad como la de ser juez.
En línea pero sin datos
Un aspecto que llama la atención es que cada órgano del sistema de justicia (Defensoría del Pueblo; Ministerio Público, MP; Poder Judicial; Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y Defensa Pública) tiene página web que actualizan constantemente con noticias, pero no reflejan información sobre los recursos humanos con los que cuentan, por lo que no podemos saber si son suficientes. El Poder Judicial, la Fiscalía General, Defensa Pública, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aportan datos parciales o no actualizados sobre el personal clave como el número de jueces (2.139 para 2016 de los cuales 73% no son titulares), de fiscales (2.246 en 2017, de los cuales sólo 1% es titular), defensores públicos (1.500 para 2015) y policías (85.057 funcionarios en 2014).
El panorama no cambia si de informes anuales hablamos. De la Defensoría del Pueblo sólo se pudo obtener los de los años 2001 y 2015, del MP 2004 y 2016, del Poder Judicial 2001 a 2011 y del Ministerio de Servicios Penitenciarios 2014 y 2015. En la actualidad, el Poder Judicial presenta un discurso de su presidente, quien rinde cuentas, pero no contiene los datos que tenía el informe anual y muchas veces, como por ejemplo este año, aparece publicado con retraso. Se publicó el discurso de Gladys Gutiérrez, ya extitular del TSJ, en la página web el lunes 30 de octubre de 2017, es decir, unos 9 meses después de haberse pronunciado.
En cuanto a los recursos financieros, la información no aparece en las web de los órganos del sistema de justicia, y el de 2017 no fue siquiera publicado en Gaceta Oficial por haber sido presentado por el Ejecutivo ante el TSJ en vez de la AN. En consecuencia, no hubo una Ley de Presupuesto como exige la Constitución. Transparencia Venezuela se encargó de hacerlo público. Es en la página de esta ONG que se pueden encontrar los balances de ingresos y egresos de entes del Estado, incluso la información sobre los créditos adicionales. Por otro lado, nuestra investigación ha demostrado que la asignación de recursos al sistema de justicia bajó desde 2005 de 2,6% del presupuesto nacional a 1,6% en 2015.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La ausencia de información impide a los ciudadanos, en particular a los expertos, formular recomendaciones y sugerencias que permitan al sistema de justicia realizar su labor de manera más eficiente.
Si precisamente los órganos llamados a hacer cumplir las leyes no rinden cuentas de su gestión de manera transparente, con dificultad podrán asegurar el cumplimiento de una garantía constitucional tan fundamental como lo es el acceso a la justicia.
