“Declarar que el proceso electoral desarrollado en Venezuela, que concluyó el 20 de mayo de 2018, carece de legitimidad por no cumplir con los estándares internacionales, por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático”, es el primer punto de la resolución aprobada por la 48 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, con diecinueve votos a favor, cuatro en contra y once abstenciones la noche del 5 de junio.
“Es una condena de la OEA a las elecciones, dice expresamente que las desconoce y podría ser usado para activar los mecanismos de la Carta Interamericana si el Gobierno venezolano no cumple para restablecer el sistema democrático (el punto tres de la resolución reitera que hubo alteración del orden constitucional en Venezuela). La resolución no es poca cosa, porque está desconociendo a Nicolás Maduro como presidente electo”, destacó el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
Irregularidades ocurridas antes y durante los comicios presidenciales y Consejos Legislativos provocaron una cadena nacional e internacional de reacciones adversas y de desconocimiento, previos a la celebración de la contienda por parte de países como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina y España, entre otros. Ilícitos que en su momento Acceso a la Justicia, junto a cuarenta y tres ONG, denunció y que tuvieron que ver básicamente con la convocatoria anticipada e ilegal a elecciones por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), siendo competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE); la eliminación de partidos políticos de oposición para sacarlos de la carrera por Miraflores mediante sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como acciones del Poder Electoral, por orden del Ejecutivo; el chantaje del oficialismo con beneficios sociales a cambio de votos y el Carnet de la Patria; manipulación del voto asistido para orientar el sufragio a favor del chavismo; instalación de puntos rojos cerca de los centros electorales, entre otros.
La Asamblea de la OEA no aprobó directamente la suspensión de Venezuela del organismo, que es el último paso en la aplicación de la Carta Democrática, pero se advirtió que se abría el camino para ello. A juicio del embajador del gobierno estadounidense ante el órgano que representa al continente americano, Carlos Trujillo, es el mensaje “más fuerte” que los países democráticos hayan enviado al Gobierno de Maduro.
No puede desligarse
En respuesta, el canciller de la República, Jorge Arreaza, aparte de acusar una agresión internacional encabezada por Estados Unidos, reiteró que ya van trece de los veinticuatro meses requeridos para que Venezuela salga de la OEA a la que tildó de “ministerio de las colonias”, como consecuencia de la carta de denuncia entregada al bloque el 28 de abril de 2017. Un día antes, Maduro aseguró que haría “una fiesta nacional” cuando el país haya concretado dicha salida.
Al respecto, Acceso a la Justicia recuerda y aclara que el Estado venezolano sólo quedará desligado cuando cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y el mantenimiento del sistema democrático, con lo cual la dictadura no ha cumplido ni ha dado indicios de quererlo hacer, tal como lo establece el artículo 143 de la Carta de la OEA. En tal sentido, basta recordar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con casos como el Caracazo, en los que el Estado dirigido por el chavismo no ha hecho nada para hacer justicia, pese a ser responsabilidad de la tan descalificada por el Gobierno “cuarta república”.
De hecho, el punto 9 de la resolución advierte que la OEA seguirá atenta “al desarrollo de la situación en Venezuela con objeto de apoyar medidas y acciones diplomáticas adicionales que faciliten la restauración de la institucionalidad democrática y de la paz social, y promuevan el respeto absoluto a los derechos humanos y la plena vigencia del estado de derecho, en el marco constitucional de Venezuela y de manera consistente con sus obligaciones y compromisos internacionales”.
Por otro lado, vale también recordar al Ejecutivo el artículo 23 de la Carta Magna sobre la jerarquía constitucional que tienen los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, por lo que el propósito de desligarse de la OEA es contrario al texto fundamental y a la progresividad de los derechos, pues la Carta Interamericana contiene normas para su protección
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Velar porque se respeten los derechos humanos no es injerencia externa, como sostiene constantemente el Gobierno de Maduro, sino uno de los propósitos fundamentales de organismos como la OEA.
En Venezuela se dio un evento electoral ilegítimo, porque no se cumplieron las garantías para hacerlo democrático y transparente, y ello no pasó inadvertido para la comunidad internacional, por lo tanto, ilegítimo es su resultado y así se dejó constancia en la 48 Asamblea General. Tanto así que hasta un Gobierno considerado hasta ahora “aliado” del régimen madurista como lo es República Dominicana terminó por aceptarlo y, por ello, votó a favor de la resolución al igual que la mayoría de países latinoamericanos. En definitiva, finalmente podemos decir que los venezolanos no estamos solos.
