La Sala Político Administrativa del TSJ está conformada por cinco magistrados, de los que tres son mujeres y dos hombres. De ellos dos fueron nombrados el 23 de diciembre de 2015 (Marco Antonio Medina y Eulalia Guerrero) y los tres restantes se nombraron anteriormente (Bárbara Gabriela César, María Carolina Ameliach e Inocencio Figueroa).
Producto de una investigación realizada por Acceso a la Justicia pudimos establecer que Bárbara Gabriela César y Marco Antonio Medina cumplen con los requisitos establecidos por la Constitución (artículo 263) y la Ley Orgánica del TSJ (artículo 37) para ejercer ese rol. María Carolina Ameliach en líneas generales cumple también, pero al no estar publicada su hoja de vida es imposible saber si posee una segunda nacionalidad además de la venezolana, por lo que no se puede asegurar que cumpla a cabalidad. Es importante aclarar que cuando una persona quiere acceder a un cargo público tiene el deber de demostrar quién es y que cumple las credenciales para el mismo.
Por otra parte, tenemos a dos magistrados que no cumplen con un requisito constitucional que ofrece tres alternativas: a) haber ejercido la abogacía por al menos 15 años y tener un posgrado en derecho, b) haber sido profesor universitario en derecho por el mismo período de tiempo, o c) ser (o haber sido) juez superior por al menos quince años en aquella rama del derecho para la que se está postulando al Tribunal Supremo.
La magistrada Eulalia Guerrero no tiene posgrado en derecho, mientras que el magistrado Inocencio Figueroa no ha ejercido la abogacía por el tiempo requerido. Esto elimina la posibilidad de que cumplan con la opción “a”, y ninguno de los dos cumple con la “b” o la “c”. Adicionalmente, en el caso de Figueroa existe una segunda duda, pues no consta que haya renunciado a su militancia política antes de acceder al cargo, lo que es un requerimiento constitucional y de la Ley Orgánica del TSJ.
Sobre esto último es necesario resaltar que es deber de los candidatos a magistrados renunciar de manera expresa y pública, y no se trata de un formalismo sin importancia.
Acceso a la Justicia debe advertir, una vez más, que es altamente irregular que una sala del TSJ esté conformada en un buen porcentaje por personas que no son idóneas para esa responsabilidad, y la Sala Político Administrativa tiene dos magistrados que no cumplen con los requisitos para serlo, es decir, cuando menos un 40% de los magistrados no cumple con el perfil mínimo que establecen la Constitución y la Ley. Además uno de ellos que cumple con el requisito para serlo, Marco Antonio Medina, fue nombrado por un procedimiento absolutamente inconstitucional e ilegal.
¿Y a ti venezolano cómo te afecta?
Los magistrados del TSJ son los máximos jueces que tiene el país en las distintas áreas del derecho y tienen el deber fundamental de ser los garantes últimos del Estado de Derecho en el país. Ante la importancia de ese rol es primordial para los intereses de los venezolanos que quienes lo ocupen sean los mejores juristas. Lamentablemente esa no es la situación que tenemos.
A esto se añade que la Sala Político Administrativa tiene un rol fundamental para los venezolanos, porque se ocupa de resolver conflictos del ciudadano con el Estado, como puede ser el mal funcionamiento de un servicio público, lo que es lo normal en Venezuela. Si los magistrados no son independientes o no son buenos juristas, probablemente no actúen de forma adecuada frente a estos importantes reclamos y los ciudadanos tengan que aceptar malos servicios públicos, como de hecho suele suceder.
Si quiere conocer la investigación completa, consulte aquí.
